El Informe Anual sobre las Drogas 2016, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ubicó a la Argentina como uno de los países que integran “las principales corrientes de tráfico de cocaína” hacia el resto del mundo.
El estudio, presentado hace tres meses, remarcó que en el mundo, uno de cada veinte adultos, es decir unas 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga durante el año 2014, proporción que se incrementa en el caso argentino, dependiendo de la droga, por ejemplo anfetaminas, marihuana, éxtasis y opiáceos varis, y dicha relación va del 0,10 por ciento en el caso de las pastillas, al 0,73 por ciento en el caso de la cocaína y 3,2 por ciento en el de la cannabis sativa o marihuana.
Paralelamente, el Gobierno Nacional ha presentado un ambicioso plan del Estado para combatir el narcotráfico, uno de cuyos puntos prevé “erradicar el paco con la detección de cocinas, el aumento de penas para los que venden, la recuperación de los bienes vinculados a actividades delictivas del narcotráfico, la identificación de bandas, el incremento de tecnologías con fronteras inteligentes, la conformación de un congreso federal de percusores químicos para controlar las sustancias que producen los estupefacientes y evitar casos como el vinculado con la efedrina, la transparencia en la lucha contra el narcotráfico y la capacitación policial”, según lo anticipado por la propia Ministro de Seguridad de la Nación.
Sin embargo, dicha postura es considerada equivocada por el juez Mario Juliano, Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, un espacio integrado por juristas de trayectoria y que plantea que es necesario corregir la visión y la vara con la que se mide el inmenso negocio del narcotráfico, que ha permeabilizado hasta las ciudades más pequeñas del país.
“Concentrarse en el tema del narcomenudeo es ignorar las reglas del mercado de la droga, y por cada “microtraficante” que logremos capturar o por cada punto de distribución que logremos cerrar, el mercado va a operar inmediatamente procediendo a su reemplazo; esto es lo que ocurre en nuestro país y en el mundo hace veinte años”, opinó el jurista en diálogo con El Diario, agregando que urge la “necesidad de abandonar el discurso de la “guerra contra las drogas”, el cual obviamente ha fracasado en todas partes donde se lo ha impulsado”.

Diario: – ¿Es efectivo el abordaje a nivel nacional en lo que refiere a la lucha contra el narcotráfico?

Mario Juliano: Mi postura personal, así como también la de la Asociación Pensamiento Penal, fue la que se materializó el 29 de agosto, en el Salón Azul del Senado de la Nación, donde casi 300 magistrados, varios del Chubut, expresamos la necesidad de un cambio de orientación en la política de drogas, que sea respetuosa de los Derechos Humanos. Esta tesitura, la que estamos enarbolando, es bastante opuesta a la anunciada por el Gobierno Nacional, prácticamente al otro día, denominada “Argentina sin narcotráfico”, una utopía poco menos que delirante, ya que ningún país en el mundo ha logrado alcanzar un objetivo de esa índole; y, en este sentido, han lanzado una consigna y una campaña en la que, según dicen, no van solamente a dar la pelea sino que la van a ganar. Por eso, creemos que tras consignas y diagnósticos equivocados, va a ser muy dificultoso articular políticas que puedan tener algún tipo de incidencia sobre la realidad.

D: – ¿Cuál es el mejor modo de combatir el narcotráfico, fuera del discurso político y en el sentido técnico de la cuestión?

MJ: – En el manifiesto realizado por los magistrados argentinos, básicamente lo que planteamos es esta necesidad de abandonar el discurso de la “guerra contra las drogas”, el cual obviamente ha fracasado en todas partes donde se lo ha impulsado, a la vez que el mismo es desaconsejado por el Grupo Global de Drogas, integrado por ex presidentes de la región y personalidades de todo el mundo. Para ser lo más gráficos posible, lo que planteamos en este documento es, por un lado, la inmediata reforma de la Ley de Estupefacientes para despenalizar la tenencia de sustancias para consumo personal.

D: – ¿Creen que es posible avanzar sobre ese punto, o bien que contarán con el apoyo necesario de los legisladores?

MJ: Es enteramente factible y requeriría, naturalmente, un acuerdo por parte del Congreso de la Nación para reformar la Ley. Sabemos que hay muchos legisladores que están buscando acuerdo en esta idea, pero me da la impresión de que la clase política tiene una suerte de menosprecio hacia el grado de madurez de la ciudadanía, y suponen equivocadamente, desde mi perspectiva, que el pueblo argentino no estaría preparado para tramitar decisiones de este tipo. Nuestra opinión es totalmente opuesta, sin la pretensión de la unanimidad, algo que nunca jamás va a ocurrir en una sociedad democrática, pero creemos mayoritariamente que estas son experiencias que hemos visto con anterioridad. Lamentablemente, las recuerdo por la cantidad de años que tengo.

D: – ¿Podría citar algún ejemplo similar en cuanto al debate dividido?

MJ: Lo hemos visto con la Ley de Divorcio, sobre la cual también se levantaban voces augurando catástrofes y la disolución de la sociedad. Pero, finalmente, se divorciaron aquellos que se querían divorciar y se siguieron celebrando matrimonios, uniones de pareja y no ocurrió nada. Lo mismo ocurrió al salir de la dictadura militar con el material pornográfico, que anteriormente estaba penado por la Ley; luego, se liberalizó. Creo que en la cuestión de la que hablamos va a pasar lo propio, con la despenalización seguirán consumiendo las personas que lo deseen, nadie está obligado así como tampoco nadie promueve el consumo de sustancias y estupefacientes, pero sí el ejercicio de las libertades y cada uno a formar su propio plan.

D: – ¿La despenalización del consumo de drogas podría ayudar a que el Estado se enfoque en el área de salud y, precisamente, en cuestiones preventivas?

MJ: – Ese es otro aspecto que creemos esencial; en la medida en la que se despenalice, el Estado va a poder brindar asistencia a los consumos problemáticos. Nosotros entendemos, y la experiencia lo demuestra, que es muy difícil que convivan la criminalización con la asistencia. En tanto y en cuento el Estado mantenga estas dos políticas, de las cuales evidentemente le da más prioridad a la primera, va a ser muy dificultoso poder concentrar políticas de asistencia para los consumos problemáticos.

D: – ¿Cuáles son los países posibles que pueden servir de ejemplo en cuanto a la despenalización del consumo?

MJ: Hay varios ejemplos de países, sobre todo en el área de Países Bajos, en Europa, los cuales han avanzado muy bien con este tema, además de cuestiones como despenalizaciones y legalizaciones progresivas. Sin ir más lejos, hay que tener en cuenta lo que ocurre en la República Oriental del Uruguay, y en alguna medida en Chile, donde se está generando un sinceramiento en este tema. Este es otro de los ejes que nosotros planteamos, la legalización progresiva de sustancias, comenzando obviamente con el cannabis, y con mercados regulados, donde el Estado pueda tener un control sobre los consumos y consumidores. Por otro lado, tenemos la certeza y así ha ocurrido en otros sitios, de que la legalización es el peor golpe que se le puede dar al narcotráfico. El negocio del mismo es la clandestinidad y la ilegalidad, esto es muy claro, y (la legalización) es, realmente, una buena política contra el narcotráfico.

D: – En el caso de la provincia del Chubut, hay causas como “Arenas Blancas” y “Langostino Santo”, en las que los juicios no han siquiera iniciado. ¿Cómo analiza el, a veces, lento accionar de la Justicia en causas por narcotráfico?

MJ: Lo que ocurre en el Chubut es lo que ocurre en el resto del país. Las causas de narcotráfico realmente complejas, difícilmente se logran materializar, concretar y finalizar. Estos son procesos muy dificultosos, porque el Poder Judicial sigue concentrado en la persecución de consumidores, tenedores de pequeñas cantidades de sustancias, y el último eslabón de la cadena de comercialización, que son los dealers, los ‘punteritos’ y demás; en esto concentra su actividad el Poder Judicial. En estos términos, con una distracción de tal índole, resulta muy dificultoso concentrarse en lo que realmente importa, porque los organismos jurisdiccionales son tapados con causas de menudeo, de cuestiones que no tienen mayor trascendencia, y que terminan por obstaculizar el progreso de otras causas. Además, una de las características del Poder Judicial en general, es la selectividad, y en muchísimas cosas, concentramos nuestra mayor atención en temas de menor relevancia, dejando que los de mayor envergadura pasen por delante de nuestras narices, tranquilamente.

D: – El jueves 8 de septiembre tendrá lugar un encuentro de procuradores de todo el país en Puerto Madryn, donde se debatirán políticas para combatir el denominado “narcomenudeo”. ¿Cómo analiza el objetivo de esta reunión?

MJ: Concentrarse en el tema del narcomenudeo es ignorar las reglas del mercado de la droga. La misma opera como un mercado; por cada “microtraficante” que logremos capturar o por cada punto de distribución que logremos cerrar, el mercado va a operar inmediatamente procediendo a su reemplazo. Esto es lo que ocurre en nuestro país y en el mundo hace veinte años, es una política muy costosa e ineficaz. Esta postura forma parte de la declaración que hemos hecho, acerca de refederalizar la materia de drogas. Todos los procesos de desfederalización y provincialización en drogas, y esto lo podemos decir por experiencia teniendo en cuenta lo vivido en la provincia de Buenos Aires, donde luego de ocho años de provincialización, son un fracaso absoluto, y a las pruebas me remito. A su vez, celebramos que la Coalición Cívica, integrante de la coalición de Gobierno, ha presentado hace pocos días un proyecto de Ley en el Congreso de la Nación, planteando justamente la refederalización de la materia de las drogas, habida cuenta del fracaso de los sitios donde se ha implementado la provincialización.