El pasado sábado por la noche, una fiesta inicialmente denominada como “electrónica” fue clausurada por personal del área de Inspecciones del Municipio; en principio, el motivo era la venta de entradas, intercambio prohibido de acuerdo a la normativa que rige actualmente en la ciudad de Puerto Madryn.
Sin embargo, desde la organización del evento “Aldo Fest” indicaron que “hubo mucha desinformación al respecto” y que la fiesta no era electrónica, sino que “había dos pistas”, así como también remarcaron que “nunca se vendieron entradas porque la gente asistía con invitación; había un corte de entrada para verificar cuánta gente había ingresado, por cuestiones relativas al seguro que se había contratado”.
Entre las versiones que circularon los últimos días, se decía que desde un local bailable de la zona céntrica de la ciudad, su titular habría sido quien denunció la presunta “clandestinidad” del evento, teniendo en cuenta que este último era de características gratuitas, tanto para el ingreso como para el consumo (“barra libre”), por lo que las aproximadamente 400 personas que habían asistido suponían una verdadera competencia para el circuito de esparcimiento nocturno.
A su vez, pese a que desde la organización se afirmó que no se vendieron entradas, fuentes extraoficiales, concretamente varios vecinos y vecinas que habían asistido a la fiesta, contaron que “las entradas se compraban anticipadas, a 200 pesos, e incluían barra libre”, al tiempo que se quejaron de que “no nos devolvieron la plata de la entrada”.

“Tenemos todos los papeles de habilitación”

Al respecto, uno de los organizadores, de nombre Luis, comentó al Diario que, en la fiesta celebrada en el salón “La Nueva Estación”, ubicado en las inmediaciones de 20 de Junio y Gales, no se realizó venta de entradas “ya que está prohibido por Ordenanza” y remarcó que “se ingresaba únicamente con tarjeta de invitación”.
Por otro lado, aclaró que las bebidas que se podían consumir en el lugar, con o sin alcohol, habían sido previamente adquiridas por un valor aproximado a los 30 mil pesos, lo cual sumado al alquiler de los equipos de sonido, la contratación de discjockeys particulares, personal de seguridad, Policía local, impuestos a Capif por la transmisión de la música, la ampliación del seguro obligatorio por la cantidad de concurrentes y el alquiler del salón, elevó la inversión a unos 90 mil pesos, aproximadamente, la cual habría tenido como objetivo “promocionar la fiesta en cuestión, para poder replicarla en un futuro”.
Dentro del salón “había dos pistas, una de música variada y otra de música electrónica, no fue exclusivamente una fiesta electrónica”, señalaron los organizadores, al tiempo que recordaron que “tenemos toda la documentación de habilitación municipal del salón, que se encuentra habilitado como ‘salón de fiestas’, tiene los estudios acústicos realizados; había personal a cargo, contratado, para contralar que no se excedieran los decibeles dispuestos, con limitadores de sonido, además de más de ocho personas encargadas de la seguridad y una póliza de seguro para todos los integrantes”, que habrían sido más de 400.

“Nunca se vendieron entradas”

En este sentido, Luis contó que “la fiesta arrancó alrededor de la 1:20 de la madrugada, abrimos las puertas porque había mucha gente en la entrada” y que “alrededor de las 2:20, 2:30 horas de la mañana, vino un grupo de 8 efectivos policiales y dos inspectores municipales, diciendo que, como se estaban vendiendo entradas, iban a clausurar el evento”.
Sin embargo, “en ningún momento se vendieron entradas, y si bien ingresaron al lugar, en ningún momento fueron siquiera a la barra; teníamos la documentación pertinente para poder realizar el evento y ni siquiera la quisieron leer”, relató, añadiendo que “su único argumento es que se estaban vendiendo entradas, lo cual no fue así; toda la gente tenía su tarjeta, y había un corte de entrada para calcular la cantidad de personas que iban ingresando, por una cuestión del seguro”.

Desconocen quién hizo la denuncia

Consultado sobre los motivos que podrían haber tenido una o más personas en particular para denunciar el evento y que ello conllevara al posterior arribo de personal policial, de Inspecciones municipales y clausurar el evento, el organizador sostuvo que “no sabemos quién puede haber sido o con qué intenciones, lo cierto es que los inspectores clausuraron la fiesta a partir de un accionar indebido” y aclaró que “teníamos todos los seguros y cuestiones habidas y por haber, no queríamos que a nadie le pasara nada; incluso, habíamos contratado un seguro que tenía una cifra importante”.
Sobre cómo se financió la fiesta, teniendo en cuenta que no hubo venta de entradas y que, al ser “barra libre”, tampoco se vendía alcohol en el interior, puntualizó que “somos tres personas que ‘bancamos’ el evento, con el objetivo de promocionarlo”.