El fiscal federal Teodoro Walter Nürnberg solicitó ayer la pena de 11 años para el español Alfredo Aranda Barberá y 10 años de cárcel para el empresario madrynense Omar «Cura» Segundo, en el marco del juicio por el caso Langostino Santo. Para el bróker Seoane requirieron 10 años y 8 años y 6 meses para el taxista Burgos, y no hubo acusación para Pennisi. A más de cuatro años del hallazgo de los 110 kilos de cocaína en la pesquera Poseidón, el mes próximo se conocerá la sentencia del resonante caso.

Transporte y almacenamiento

El pedido de penas para Aranda Barberá es por el delito de “transporte de estupefacientes”, en tanto que a Omar Segundo se le endilga el delito de “almacenamiento” de drogas. En tanto, para otro empresario involucrado, el bróker marplatense Nicolás Seoane, la pena solicitada es similar a la de Segundo y por la misma tipificación penal. Mientras que, para Juan Eduardo Burgos, un taxista de Mar del Plata que figuraba en los papeles como socio de Aranda Barberá, el fiscal requirió 8 años y seis meses de prisión. En tanto, no hubo acusación -por ende, tampoco pedido de pena- para el quinto procesado de la causa, Alejandro Salvador “Gaga” Pennisi.
“Ni el expediente, ni este debate, se ha incorporado una prueba que acredite su acción concreta o aporte, esencial o secundario, en relación hechos”, argumento el fiscal.

Uno sin extraditar

Vale mencionar que por esta misma causa, otro ciudadano español, Salvador Parra Gómez, fue detenido en Europa, pero por la negativa del gobierno de España a la extradición del mismo, no pudo ser enjuiciado en esta oportunidad.
La causa, denominado “Langostino Blanco”, investiga el acondicionamiento y traslado del cargamento de estupefacientes desde Mar del Plata a Puerto Madryn y su empaque para posterior exportación a España en la ciudad chubutense.
La investigación se inició el 10 de junio del año 2013, cuando un llamado alertó a las autoridades judiciales sobre la existencia de un cargamento de drogas en la pesquera “Poseidón” de Puerto Madryn, y derivó en un operativo en el marco del cual se incautaron 110 kilos de cocaína que se encontraban ocultas en cajas de langostinos, preparadas para su exportación a Europa.

Apuntaban al imputado ausente

El julio pasado comenzaron las audiencias del juicio oral y público, y entre las declaraciones prestadas por los imputados, Nicolás Seoane, el contacto comercial entre la empresa marplatense y Poseidón, dijo que la droga en las cajas de langostino fue una maniobra del español Salvador Parra Gómez sin su conocimiento.
En una de las audiencia realizadas en el Casino de oficiales del Penal Federal de Rawson, Nicolás Seoane contó que el empresario español le compró merluza para exportar a África vía España. En febrero de 2013 enviaron 3 contenedores de 66 mil kilos al puerto de Valencia adquiridos a Poseidón, con quien Seoane ya tenía relación comercial.
Detalló la relación comercial que mantuvo con el español y que en uno de los pedidos de mercadería Parra Gómez le pide que incluya en una exportación desde Madryn un empaque de langostino almacenado en Mar del Plata y que no habían podido embarcarlo.
El langostino había sido empacado en la empresa que el español “fundó” en Mar del Plata y que el taxista Juan Eduardo Burgos era “socio fundacional”. Seoane dijo que al llegar a Madryn no pudieron exportarla ya que el permiso del SENASA era trucho y decidieron almacenarlo hasta resolver la cuestión.
Además, relató en su declaración que Parra les hace una nueva compra de merluza para su exportación y es ahí que Seoane, junto a directivos de Poseidón, deciden re empaquetar los langostinos marplatenses con la marca de Poseidón y simular que la carga era de la pesquera y no de Parra.
Para el broker de pescado esa maniobra de cambio de cajas posibilitó que se descubra la droga ya que hasta ese momento desconocían el contenido. De esta manera responsabilizó a Parra Gómez en el intento de traficar droga a España desde la pesquera Poseidón. La fiscalía federal no consideró convincentes esos relatos y ratificó su postura respecto a la organización narcocriminal, ubicado a Aranda Barbera en la cabeza del grupo, y colocó al bróker y al dueño de Poseidón con el mismo pedido de pena de 10 años de cárcel.

Vinculación de los imputados

Tras el hallazgo en la planta, el primer policía en llegar fue el sargento Jorge Chiquichano. Lo llamó Segundo. Se conocían porque el “Cura” lo requería para tareas adicionales, como pagos a los obreros u otros que implicaban manejar valores o dinero.
Los empleados habían encontrado “panes” de una sustancia blanca. La primera caja sospechosa estaba en una mesa de cristal. El narcotest dio positivo. Se abrió el resto. La droga estaba distribuida en pequeñas cajas de cartón en las que había dos paquetes de estupefacientes o uno solo. Esas cajas integraban un grupo de seis unidades de igual tamaño que estaban a su vez, contenidas dentro de una caja más grande.
Cada caja tenía la etiqueta “Gambón crudo congelado”. Eran dos kilos de langostino importado por Royal Peche y exportado por Cooperativa de Trabajo Los Marplatenses. Las cajas con droga estaban mezcladas con otras que tenían sólo langostinos, para sortear controles. En algunos casos fue hallado un solo paquete de cocaína con langostinos. Incluso se completaron con langostinos “pelados” sin cabeza ni carcasa que los recubre.
Luego se sabría que a los empleados les habían ordenado cambiar las tapas de las dos primeras cajas de langostinos, que eran las primeras que se veían al abrir las cajas grandes. Cortaban la cinta y la daban vuelta para que el contenido quedara al revés y así, las cajas de la droga quedaban abajo. Quien acomodó la cocaína tomó la precaución de que quede oculta en las cajas del fondo. Las tapas superiores eran las que controlarían las autoridades sanitarias y de aduana. En 366 cajas se hallaron 96 paquetes de cocaína con una pureza del 88%.
Las cajas con droga tenían etiquetas donde el exportador sería “Cooperativa de Trabajo los Marplatenses”, autorización UE 4351. Según SENASA, esta Cooperativa no está habilitada para exportar a la Unión Europea (siglas UE). Y el 4351 pertenece a Consermar, cuyo responsable es Javier Ortiz, el socio de Segundo en Poseidón. “Esto demuestra la vinculación entre los sujetos activos de los ilícitos investigados y también el conocimiento que tenía Segundo de la maniobra”, describió la acusación.