Se trata del “Premio Nacional a la Calidad Judicial 2017”, impulsado por la cartera de Justicia de la Nación, para la cual la Oficina Judicial de Puerto Madryn se postuló y, tras un primer análisis, fue incluida dentro de las 22 que participarán del certamen.
La evaluación se enmarca en el programa “Justicia 2020”, impulsado por el Gobierno Nacional para el fortalecimiento del sistema judicial desde sus distintas órbitas de acción y de competencia.
El objetivo del premio “es reconocer la excelencia en la implementación de la calidad en la Justicia, reconocer a todos aquellos organismos que se comprometen a través de esta herramienta en mejorar la experiencia del ciudadano con la Justicia y empoderarlo para que continúe en esa práctica”, explicaron desde la dependencia judicial, agregando que “dentro de los postulantes se encuentran organismos del fuero federal, de CABA, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, San Luis y Tucumán” y que, tras las visitas de los auditores, “se realizan los informes de consenso que surgen del trabajo en equipo de los evaluadores, y, acto seguido, el evaluador líder envía y presenta al jurado los resultados de su trabajo para la elección de los ganadores”.
Los reconocimientos consisten en tres niveles de distinción: “Oro”, “Plata” y “Bronce”, y todos premian y reconocen “la excelencia en la implementación de calidad”.
Actualmente, la Oficina posee un plantel de 34 empleados, entre los que se encuentran nueve funcionarios judiciales, entre ellos la directora, Valeria Vázquez, el subdirector jurisdiccional, Juan Paulo García, el profesional de la Agencia de Control de Gestión, Gastón Cabrera, y el administrador, Martín Maldonado.

Evaluación de campo

Al respecto, la directora de la Oficina Judicial, Valeria Vázquez, sostuvo que “tres evaluadores fueron contratados por el Ministerio de Justicia de la Nación, pertenecientes al programa Justicia 2020, para entregar el premio nacional a la calidad judicial” y explicó que “esta tarea se inicia a través de una inscripción que hicimos a fines del año pasado; se invitó a todos los organismos del país a participar”, agregando que “primeramente, se hizo un informe preliminar y, luego, el Ministerio de Justicia nos dio el visto bueno del mismo; seguidamente, se elaboró un informe de todos los procesos y equipos de trabajo de la Oficina, sumado a cuestiones como liderazgo y demás; una vez hecho todo esto, desde el Ministerio enviaron a estas personas para evaluar desde el ‘trabajo de campo’ lo que hacemos”.

“Es importante poder mostrar nuestro trabajo”

A su vez, destacó que “para nosotros es un desafío habernos inscripto y, por supuesto, implica una decisión del equipo de trabajo, porque es una exposición, y creíamos que era importante poder avanzar en mejorar la calidad del servicio que prestamos; nos pareció sumamente saludable que un grupo externo, que no está en la provincia y que no nos conoce, sean los evaluadores que auditarán nuestro trabajo, permitiéndonos un diagnóstico sobre qué estamos haciendo bien y donde hay oportunidades de mejora, justamente, para prestar un mejor y más eficiente servicio al ciudadano”.
En este contexto, reconoció que “la comunidad suele tener una visión crítica del Poder Judicial; también es cierto, y aquí hago una autocrítica, que somos los propios operadores del sistema los que no mostramos el trabajo que hacemos, qué es lo que se hace y lo que hace cada uno; el Poder Judicial tiene distintos fueros, cada uno incluso con sus propios organismos y temáticas, y para nosotros es importante poder mostrar la Oficina Judicial y qué es lo que hace la misma, pudiendo ser evaluados y apuntando a mejorar”.

Rol operativo y administrativo

Vázquez puso en relieve que “por supuesto, obtener alguno de los premios sería grato, porque hablaría bien de lo que estamos haciendo; pero no es el objetivo y, más allá del resultado, lo que queremos es tener un diagnóstico para poder trabajar mejor” y detalló que “la Oficina Judicial cumplirá 11 años de jurisdicción a fines de octubre, y solamente trabaja sobre materia penal; organiza y gerencia el código de procedimiento, reemplazando a los juzgados que existían antes, que fueron reemplazados en la faz administrativa por la Oficina, con una asistencia directa a un colegio de jueces penales”, añadiendo que “una vez que el fiscal decide empezar a investigar a una persona, trae ese escrito a esta oficina y, a partir de aquí, se genera la carpeta judicial, llevándose adelante el procedimiento y fijando las fechas de todo tipo de audiencias previstas por el Código Penal, además de las agendas, los secuestros, las comunicaciones, el traslado de detenidos y demás”.
Además, Vázquez resaltó que “para la víctima del delito que sea, su hecho es importante, y eso hay que destacarlo, ya que tanto para la persona que perdió un familiar en manos de otra, como a quien fue víctima de un robo, es tan importante para cada uno su hecho, que en definitiva, todas las causas son prioridades” y fundamentó que “la idea es darle transparencia a ese procedimiento, para todos por igual, para que el mismo sea eficiente en cualquiera de los hechos, ya que, para esa víctima, su hecho es prioridad”.

Buscan aumentar la eficiencia de estadísticas

Por su parte, Gastón Cabrera, encargado de la Agencia de Control de Gestión, que elabora las estadísticas con las que dicha Oficina trabaja, explicó que “queremos que las cosas se sigan mejorando y veremos cuán bien lo estamos haciendo, mirando siempre a mejorar; nuestro desafío es constante, es seguir mejorando los plazos y que el trabajo sea ágil, cómodo y sencillo, además de que, cuando antes tenga una resolución, mejor para la persona afectada a una causa o conflicto; en cuanto a las estadísticas, nos toca leer una importante cantidad de causas que ingresan y egresan anualmente, no queremos acumular más de las que nos ingresan”.
En este sentido, puso en relieve que “este año nos está ingresando un 30 por ciento más de causas con respecto al anterior, lo cual es bastante, y nuestro objetivo es incrementar la productividad, algo que entiendo vamos a lograr” y añadió que “nuestro norte es cumplir con los plazos del proceso, y reducirlos; eso es a lo que, como organismo administrativo y de gestión, nos comprometemos, haciendo las tareas de la mejor manera posible”.

Un total de 34 empleados

El subdirector de la Oficina, Juan Paulo García, expresó que “este es un nuevo desafío relativo a la calidad, y esperamos que esto sirva de experiencia para las distintas oficinas judiciales y organismos dentro del Poder Judicial”.
Seguidamente, el administrador de la dependencia, Martín Maldonado, detalló que “es un órgano administrativo, al tiempo que toda decisión judicial está propiamente reservada a los jueces, en este caso penales” y, consultado sobre el rol de la Oficina en lo que hace a la dinámica de los procesos judiciales a partir de la división de tareas dentro de dicho esquema, respondió que “con el Código anterior era diferente, donde el juez comandaba la investigación, mientras que hoy la función de investigación, la jurisdiccional y administrativa se separaron; por un lado, la primera está a cargo de la fiscalía, la segunda de los jueces y la tercera, de la Oficina Judicial, con muchas tareas que muchas veces la ciudadanía desconoce”.
En esta línea, comentó que en la dependencia en cuestión “somos 36 personas, divididas en nueve funcionarios, cinco de maestranza y 24 empleados, con diferentes unidades, como por ejemplo la Unidad de Atención y Trámite (Mesa de Entrada), otra encargada de realizar las audiencias, otra encargada de realizar las notificaciones, otra de Ejecución Penal, que realiza el trabajo con las personas condenadas, y finalmente una Unidad de Elementos Secuestrados”.

“Apuntaremos a mejorar”

Las tareas “son muchas”, destacó Maldonado, añadiendo que, además, la Oficina Judicial tiene a cargo la Superintendencia del propio edificio donde funciona: “Son todas tareas administrativas, y nuestro objetivo es mejorar el tiempo de respuesta y la transparencia, ya que, luego, la decisión que se tome (sobre una causa) es de carácter jurisdiccional y escapa a nuestra competencia”.
Por último, remarcó que “el fin es acortar los plazos para que, tanto la víctima como el imputado, tengan una respuesta en el menor tiempo posible; por eso, se decidió encarar este concurso, con el cual nos exponemos ya que implica trabajo y, normalmente, a nadie le gusta que lo auditen, pero decidimos encarar este trabajo con la mayor responsabilidad, de modo de obtener información sobre aquello en lo que estamos bien, y en cuáles tenemos debilidades; por eso, apuntaremos a mejorar, siempre teniendo en cuenta el tiempo de respuesta a la ciudadanía”.