El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, reemplazó a su par de Esquel Guido Otrato, y a partir de ayer es el magistrado encargado de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. Y en una de sus primeras medidas se comunicó con los familiares del joven artesano.
«En el día de ayer, el nuevo juez designado, el Dr. Lleral, se comunicó con nosotros y nos manifestó que haría todo lo posible para avanzar en la investigación. Su gesto, de profunda calidez humana, renueva nuestra fe en poder llegar a la verdad», destacó la familia Maldonado a través de un comunicado.

Salida de Otranto

Por otro lado, se pronunció en relación a la salida de Otranto, muy cuestionado por el entorno de Santiago Maldonado: «Marca el comienzo de una nueva etapa. Hemos vivido casi dos meses con una esperanza en creciente agonía. Fuimos testigos y víctimas de una Justicia lenta e ineficaz».
En este sentido, reclamó que Lleral tenga «la oportunidad de trabajar sin interferencias de ninguna clase». «Comprometemos toda la colaboración a nuestro alcance. Necesitamos saber dónde está Santiago, que le pasó, quienes son los responsables de tanto dolor. Esa es nuestra causa y no vamos a bajar los brazos».

Investigación

El juez federal de Rawson asumió este lunes su máximo desafío como magistrado: llevar adelante una investigación que tiene un altísimo nivel de exposición pública y tanto el Gobierno como la oposición siguen expectantes su desarrollo.
El viernes pasado Otranto fue separado de la instrucción, a pedido de la familia Maldonado, por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Entre las razones, se esgrimió que el magistrado, quien dijo en una entrevista que la hipótesis de que Santiago se haya ahogado en el río Chubut era la más razonable, no se comportaba con la suficiente imparcialidad.

Causa de encubrimiento

En tanto, el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, dictaminó que la denuncia por el presunto encubrimiento de funcionarios del gobierno de Mauricio en la desaparición de Santiago Maldonado debe tramitarse en los tribunales de Comodoro Py y por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Moldes avaló la apelación del fiscal Federico Delgado para que la denuncia no pase al juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien el viernes pasado fue apartado de la causa por la búsqueda de Maldonado.
Moldes sostuvo en su dictamen que el delito de encubrimiento es «autónomo» de la causa por la desaparición forzada. El fiscal señaló que el juez Canicoba Corral «no solo es quien previno en las actuaciones sino que esta ciudad es el asiento de las funciones de los sindicados como responsables del hecho».

Frenaron misión

El Gobierno Nacional bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido.
Según el diario La Nación, el despliegue de esos expertos extranjeros ya había sido aprobado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre.
El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles.

Violencia institucional

Esas marchas y contramarchas oficiales se plasmaron en unas seis reuniones. La primera fue el martes 29 de agosto, cuando Santiago Maldonado llevaba cuatro semanas desaparecido y el ministro Garavano se reunió con su hermano Sergio en La Plata, en la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense, cuyo titular, Mario Coriolano, colabora con la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, y actúa de puente con las autoridades.
La familia le entregó a Garavano un petitorio. Pidió que autorizara a ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Esquel.
Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos.

El antecedente de Ivan Torres

En el encuentro, Incalcaterra estimó que, si se firmaba el acuerdo el fin de semana, el grupo podía arribar el lunes 4. Y lejos de esquivar una respuesta Garavano aceleró. Concluyeron que el despliegue de esos expertos le reportaría dos beneficios al Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le impuso «garantías de no repetición».
Los riesgos de una segunda condena son, hoy, elevados. No sólo porque la abogada que representó a la familia Torres, Verónica Heredia, patrocina ahora a los Maldonado, sino también porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ya una señal el 23 de agosto. Dictó una medida cautelar y le reclamó al Gobierno que informara las acciones que había adoptado para investigar lo ocurrido.