De acuerdo al último informe que se conoció acera de los conflictos que mantienen Argentina en torno a las comunidades indígenas, se revela que son alrededor de 200 los que no tienen resolución aún. Los conflictos se relacionan con territorio, medio ambiente, violencia, desalojos, personerías jurídicas y criminalización, según reveló oportunamente un informe de Amnistía Internacional, que alerta para que se respeten los derechos de esas comunidades.
En el documento «La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo» y en lo que se refiere a los pueblos originarios argentinos, Amnistía llamó la atención sobre la falta de resolución de cerca de 200 conflictos, a pesar de que la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de sus recursos naturales.
Según el mapeo de Argentina de 2016, surgió que 16 provincias mantenían conflictos de diversa índole, Buenos Aires (30 casos); Misiones (23); Jujuy (19) y Neuquén (18) son las provincias con mayores conflictos; seguidas por Formosa (17); Chubut (15); Salta (12); Río Negro (12); Córdoba (10); Catamarca (10); Santiago del Estero (10); Tucumán (6); Chaco (4); San Juan (2); La Pampa y Mendoza, con un caso cada una.

La agenda del Senado

En la última sesión, el Senado postergó la prórroga de la ley para suspender desalojos en tierras indígenas, porque el oficialismo pidió debatir un nuevo procedimiento. La norma vence el 23 de noviembre. El tratamiento se postergó para la próxima sesión, que tendría lugar en principio el 27 de septiembre.
Fue el senador Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) quien pidió tratar sobre tablas un proyecto de su par Magdalena Odarda (Coalición Cívica), pero la votación resultó con 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones.
Una vez luego, a propuesta del jefe del bloque del PJ-FpV, Miguel Pichetto, y con aceptación de Odarda, se votó favorablemente la preferencia -con dictamen- para que la iniciativa sea tratada en la próxima sesión.

El fracaso en Diputados

La iniciativa de tratar la prórroga de la ley, también fracasó en la Cámara baja. En la sesión del 13 de septiembre, la moción del diputado de izquierda Pablo López fue rechazada con 114 votos a favor, 79 en contra y 3 abstenciones. La semana anterior, «Pino» Solanas tampoco había logrado colar el tema en el Senado.
Fue así, que la Cámara de Diputados rechazó tratar la prórroga de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras aborígenes, y que vence el 23 de noviembre de este año. La votación nominal resultó con 114 votos a favor, 79 en contra y tres abstenciones, es decir, no alcanzó los dos tercios de los votos necesarios para incorporar el proyecto al temario.

Compromiso oficial

Tras el fracaso sobre el tratamiento a la prórroga de la ley, el oficialismo asegura que en la próxima sesión de Senadores será abordado. Así lo manifestó la senadora jujeña, Silvia Giacoppo, quien explicó que dos tercios de las comunidades indígenas aún no han regularizado su situación, y que de no prorrogarse la norma se encontrarán en una situación muy vulnerable.
Giacoppo es senadora por Jujuy y representa a Cambiemos, y asegura que “se va a debatir la prórroga de la ley porque hay una emergencia con este tema. Es una Ley de 2006 y en 11 años no se ha cumplimentado el empadronamiento de las comunidades a través del INAI”, dijo,
De acuerdo a datos oficiales, de las aproximadamente 1.500 comunidades con datos de existencia, solo se han empadronado alrededor de 500. Dos tercios no han regularizado su situación. La legisladora explicó que muchas de las comunidades no han tenido las posibilidades de acceder a esta información y tener el acompañamiento por parte del Estado, y que por ello se determina desde hace años la prórroga de la emergencia que suspende los desalojos.
Giacoppo señaló que “muchas de las tierras ocupadas por pueblos ancestrales fueron vendidas y hay conflicto en títulos y propiedad de esas tierras”, y añadió que en el Senado “ya había un dictamen de comisión en el que pedíamos una nueva prórroga y dar fin al conflicto que hoy se mezcla con el tema Maldonado”.
“Si antes del 22 de noviembre no legislamos la prórroga, los pueblos originarios van a ser los perjudicados; no los empresarios que se han beneficiado comprando tierras. En la próxima sesión vamos a resolver este tema”, sentenció.

Una ley fundamental

La Ley 26.160 es un instrumento fundamental, frena los desalojos a comunidades indígenas que tradicionalmente habitan en sus territorios ancestrales y exige el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras; sin esta herramienta las comunidades quedan desamparadas ya que la norma pierde vigencia el 23 de noviembre próximo.
Están en juego el futuro de más de 8 millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos naturales, de éstos territorios.

Reclamos en todo el país

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó un proyecto de comunicación en el que solicita a los legisladores nacionales por Misiones, que generen las gestiones necesarias para solicitar la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de Tierras de las Comunidades Originarias del País.
“Esperamos que en la sesión de la Cámara alta del próximo 27 de septiembre se logre finalmente la prórroga de esta cuestión crucial para los pueblos originarios, y que, si se van a agregar algunos aspectos a la ley, de acuerdo a algunas propuestas, deseamos que los legisladores nacionales estén en consonancia con los derechos de estos pueblos, y se consensue con ellos”, argumentó el diputado Martín Sereno, autor de la iniciativa.
En igual sentido, pero en otro orden, un grupo de guaraníes están recorriendo las comunidades de la provincia, reuniendo firmas para enviar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y por su intermedio al Congreso Nacional, reclamando la prórroga de la norma sobre la Emergencia Territorial.