El Gobierno Nacional creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y asumirá las atribuciones que tenía el Consejo Nacional de la Mujer. Así se desprende del decreto 968/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial la semana anterior.
El organismo estará a cargo «del diseño y propuesta de las políticas públicas de protección integral para prevenir y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales», indica el texto oficial.
En los considerandos, el Ejecutivo recordó que «compete al Ministerio de Desarrollo Social ‘entender en la formulación de las políticas de promoción social destinadas a la juventud y al género'» y en tal sentido consideró «conveniente transferir» a la cartera que maneja Carolina Stanley «las competencias que hoy ejerce el Consejo Nacional de las Mujeres».
La conducción del Instituto estará a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario, designado por el Poder Ejecutivo.
El Gobierno señaló que «el Estado Nacional ha demostrado un fuerte compromiso con los derechos de las mujeres frente a toda forma de discriminación y violencia, siendo uno de sus objetivos prioritarios de gobierno». En los fundamentos de la norma también remarcaron el «fuerte compromiso con los derechos de las mujeres frente a toda forma de discriminación».

Funciones

Entre las funciones del nuevo organismo se destaca concretar el compromiso asumido por el Estado Nacional al ratificar la adhesión a los distintos instrumentos internacionales vinculados a la violencia y discriminación contra la mujer. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a organismos nacionales, provinciales, municipales, organizaciones sociales y a programas y proyectos que integren la programación nacional con los organismos multilaterales de crédito, para promover la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las áreas competentes.
Asimismo se determina articular y coordinar acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente y de los compromisos internacionales asumidos por el país y proponer y elaborar proyectos legislativos adecuados a las disposiciones de los instrumentos internacionales vinculados a la temática de la mujer, y también planificar, ejecutar y controlar programas de investigación que den sustento para la formulación de políticas públicas dirigidas a las mujeres, entre otras acciones.