En el acto de la UIA, la mandataria ratificó ayer la embestida en la Corte por el Fondo del Conurbano y dejó en incómoda posición al Presidente. Con Macri a pocos metros, en un acto en Pilar por el Día de la Industria, Vidal dejó en claro que sigue firme su estocada en la Corte en pos de volarle el techo de $650 millones al Fondo del Conurbano.
En medio de la escalada de tensión con el resto de los gobernadores por su embestida en la Corte nacional, la macrista María Eugenia Vidal ratificó así su decisión de «pelear» por la actualización del Fondo del Conurbano y blandió a su favor -ante propios y ajenos- que cuenta con el blindaje de Mauricio Macri.
«Hoy ni el Presidente ni yo nos vamos a callar, y vamos a pelear por los recursos que le corresponden a los bonaerenses, después de un silencio cómplice de la política durante más de 10 años», disparó, con Macri a sólo unos metros y en medio de la campaña hacia las parlamentarias del 22-O, que tendrán a Buenos Aires como la contienda estelar .
Fue en el marco del acto por el Día de la Industria que organizó la UIA en Pilar, y que contó con la presencia del Jefe de Estado.

La Corte debe resolver

Con la arenga, coronada por aplausos, Vidal salió a mostrar que mantiene firme su estocada, pese a que en las últimas horas quedó confirmada una cumbre «ampliada» -la semana que viene, en Buenos Aires- de gobernadores ya no sólo peronistas, sino además de otros signos políticos.
Pero la bonaerense dejó en incómoda posición a Macri, quien si bien tildó días atrás de «genuino» el reclamo de Buenos Aires ante la Corte, gobierna un país con 24 distritos y enfrenta un escenario donde hasta los propios mandatarios de Cambiemos se preparan para batallar contra esa demanda en el máximo tribunal.
Previsiblemente, la declaración de Vidal generó malestar entre los gobernadores. «El federalismo es la base de nuestra República: lo expresa nuestra Constitución y es deber del Presidente garantizarlo», aseguró ayer un mandatario del PJ a Ámbito Financiero, además de remarcar que espera que «la solución sea para todos y no en beneficio de la provincia más rica de la Argentina.

Puja federal

Un profundo temor amalgama a todos los caciques provinciales, incluso en medio de la campaña hacia los comicios parlamentarios: que un potencial fallo pro Vidal de la Corte derive en millonarios recortes en la coparticipación del resto de las provincias, lo que las haría -advierten- virtualmente inviables. El Ejecutivo bonaerense busca una orden judicial que vuele el techo de $650 millones al Fondo del Conurbano -rige desde 1996-, para recibir unos $ 300 mil millones extra.
Pero el resto de los gobernadores, en la otra vereda, reniega de la senda judicial como método para resolver la encrucijada y exige una «salida política», vía un acuerdo fiscal en el Congreso que, por caso, avale una mayor coparticipación a las provincias del Impuesto al Cheque, el Fondo Sojero y el Fondo Vial.
Con ese telón de fondo, los mandatarios diseñan una nueva cumbre la semana que viene -sería en principio el miércoles- en Buenos Aires, para avanzar en la estrategia para enfrentar la estocada de Vidal en la Corte.
Pero, a diferencia del cónclave del 3-A en la Casa de Entre Ríos, habrá mandatarios de otros signos políticos, además de la docena de peronistas. Ya confirmó su presencia el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), mientras que seguirían igual senda, al menos, el socialista santafesino Miguel Lifschitz y el neuquino Omar Gutiérrez (MPN). «Si la temática tiene que ver con la distribución de fondos, vamos a estar presentes», dijo ayer el ministro de Gobierno santafesino, Pablo Farías. No había señales en cambio, al menos hasta ayer, sobre una potencial participación -por cierto incómoda- de caciques de Cambiemos, más allá de que también comparten el malestar por el potencial brutal tijeretazo en las remesas de coparticipación.

Provincias no negociarán la deuda ni dejan pelea por 15% de coparticipación

Los fallos de la Corte Suprema de hace 10 días en donde instó a 17 distritos para que definan si van a reclamar por vía judicial la deuda por el 15% de Coparticipación que dejaron de recibir desde 2006 para financiar la ANSeS o si lo harán en una mesa de negociación con el Ejecutivo nacional, sirvió para generar un abroquelamiento en torno al reclamo que se definirá en la justicia. El mensaje que llegará al Palacio de Justicia esta semana será claro: las provincias no bajan el reclamo.
Hace una semana, el Máximo Tribunal intimó a las provincias de Buenos Aires; Santiago del Estero; Salta; Tierra del Fuego; Santa Cruz; Jujuy; La Pampa; Formosa; Misiones; Tucumán; San Juan; Chaco; Río Negro; Neuquén; Catamarca; Mendoza y La Rioja; para que este jueves le notifiquen si mantendrán la vía judicial o negociarán algún proceso de regularización de la deuda con el Ejecutivo en el marco del acuerdo para impulsar una Ley Federal de Coparticipación.
Según había explicado una alta fuente de la Corte, la intención era que cada provincia diga «me puse de acuerdo en esto con el Gobierno y lo mantengo». Sin embargo, esto generó una «causa común» de parte de la mayoría de las administraciones que entienden que no hay señales para ir por el camino de la negociación.
«Las provincias vamos a contestar que seguiremos la vía judicial y esto se debe a que nadie puede renunciar a seguir con un juicio sin nada a cambio, y hoy no hay propuestas ni señales de parte de la Nación para un acuerdo», explicó a El Cronista Roberto Gattoni, ministro de Hacienda de San Juan.
«Primero hay que entender que el acuerdo con Nación es para restituir el 15% desde 2016 en adelante y el reclamo judicial es por el período 2006-2015. Nosotros conversamos con los ministros de las provincias a las que la Corte envió el fallo y hay un acuerdo generalizado en seguir por esta línea porque no tenemos ninguna oferta de parte del Ejecutivo. Las provincias estamos dispuestos a escuchar, pero Nación es quien tene que ofrecer algo», agregó el funcionario sanjuanino.
En ese sentido, José Vanini, fiscal de Estado de La Pampa, explicó que va a responder «que mantendrá el trámite de las actuaciones que persiguen la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 26.078».