La relación entre el radical Mario Cimadevilla, titular de la Unidad Especial AMIA, y parte del Gobierno, en particular el ministerio de Justicia, es cada más tensa. El conflicto viene de tiempo atrás, pero empezó a tomar mayor visibilidad días atrás luego de que trascendiera una intención del Gobierno de desactivar la Unidad Especial AMIA por falta de resultados, mientras que Cimadevilla acusó falta de recursos para trabajar. Particularmente, la queja es porque, asegura, le retacean fondos para la compra de un software para procesar la información de la causa.
“Si (el ministro de Justicia, Germán) Garavano firmaba lo que presentó Cimadevilla como lo mandó seguramente terminaba con una causa judicial en contra. El pliego lo presentó el 6 de junio último y se le respondió el 25 de julio. A partir de ahí no hizo nada más”, afirmó una fuente de esa cartera según consignó el diario La Nación.
La tecnología que pretendía adquirir Cimadevilla apunta a acumular y procesar todas las fojas de la causa central del atentado a la AMIA, más todas las que corresponden a las causas adyacentes. De ese trabajo, aseguran cerca del funcionario, podrían surgir incluso nuevas hipótesis sobre el ataque a la mutual judía.
Pero desde el Ministerio cuestionan la contratación del software, que cuando se solicitó en diciembre pasado su costo ascendía a u$s 500.000, pero que para el 6 de junio pasado, cuando el órgano a cargo de Cimadevilla presentó el pliego, había subido a casi u$s 2 millones.
La semana pasada, Cimadevilla denunció “trabas burocráticas” para el funcionamiento de la Unidad y aseguró que si contara con el software que pide “la función de esa secretaría estaría cumplida”.
Una fuente cercana a Garavano citada por el matutino agregó más críticas a Cimadevilla: “La burocracia lo traba porque es un vago. Lo único que le interesó desde el principio es que se le pague el desarraigo y los viáticos. Siempre dimos toda la gente que pidió. Y pataleó por la oficina que le tocó y le alquilamos un piso con galería y parrilla”.