Días después de que fuera allanado el edificio de Villegas 516, que continuaba funcionando como un VIP al menos dos años después de que su propietario original fuera condenado a prisión por trata de personas, los actuales “propietarios” fueron imputados por el delito de “facilitación de la prostitución”. El artículo 125 bis del Código Penal sostiene que “el que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro a seis años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima”, algo que podría aplicar a los distintos lugares que se rigen bajo la misma operatoria, en distintos espacios de la ciudad.
Entre ellos, “La Rosadita”, propiedad que es allanada de manera regular todos los años, incluso, donde se constató la presencia de un reconocido empresario local, actualmente imputado en una causa por drogas.
La indiferencia de parte de la comunidad, muchas veces, también propicia la falta de presión institucional, constituyéndose esto en un escenario donde dichos domicilios continúan funcionando bajo una órbita difusa, donde las responsabilidades no parecerían dirimirse hacia ningún lado.
En el ámbito nacional, más de 11 mil víctimas fueron rescatadas durante los últimos 9 años, y un dato llamativo, en relación a datos oficiales, es que la mayoría de las denuncias, en promedio, es por explotación sexual, mientras que la mayoría de las víctimas rescatadas fue víctima de trata con fines laborales; esto deja en evidencia, por un lado, el papel de organismos que suelen actuar “de oficio” ante tales situaciones, en lo referido a la explotación laboral, y, por otra parte, a la deuda pendiente de muchas ciudades del país de hacer frente al delito de la trata con fines sexuales, a través de una Justicia presente y constante, y de un compromiso reflejado, también, en inversiones concretas.

Se redujo la cantidad de asistencias

Según datos arrojados por la Procuraduría de Trata de Personas (Protex) a nivel nacional, entre abril de 2008 y julio de 2017, se asistió y/o rescató a un total de 11.169 víctimas de dicho flagelo.
Las intervenciones “se realizan en el marco de causas judiciales, que comprenden allanamiento por explotación sexual o laboral, entrevista en sede judicial o cámara Gesell, acompañamiento y asistencia en declaración testimonial y asistencia en reconocimiento fotográfico o en domicilio”, indicaron desde la institución.
Las estadísticas oficiales, sin embargo, dan cuenta de una reducción, en los últimos dos años, de la cantidad de víctimas rescatadas o asistidas; afirma que, desde la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, hasta la actualidad, si bien fueron contenidas unas 11.169 personas, la cifra se redujo en un 75 por ciento durante el último año.
Mientras que en 2015, el total fue de 2.110 víctimas rescatadas y/o asistidas, en 2016 la cifra se redujo a las 666 personas y, hasta mediados de este año, a tan solo 516.

La mitad fue víctima de explotación sexual

Del total de víctimas relevadas, unas 1.018 (9%) son menores de edad, mientras que el restante 91 por ciento, es decir unas 10.151 víctimas, resultaron ser mayores de edad.
Por otra parte, un 47 por ciento (5.284) de las víctimas son argentinas, al tiempo que el restante 53 por ciento (5.885) son personas extranjeras; ello da cuenta de los distintos circuitos a través de los cuales, muchas de las víctimas, son secuestradas para luego ser trasladadas por fuera de las fronteras de su país de origen, a propósito de los mecanismos a través de los que suelen operar varias redes de trata.
El 46 por ciento de las personas rescatadas y asistidas fueron víctimas de explotación sexual, mientras que un 54 por ciento del total padecieron explotación del tipo laboral, delito también contemplado dentro de la normativa vigente.
Durante el curso de 2017, hubo 480 víctimas mayores de edad (93%) y 36 menores de edad (7%); del total, un 34 por ciento (173 personas) sufrió explotación sexual y el otro 66 por ciento (343), laboral.
Las víctimas fueron 278 mujeres (54%), 227 hombres (44%) y 11 trans (2%).

La nacionalidad de las víctimas

Del total de 516 víctimas rescatadas y asistidas este año, según cifras de la Protex, 191 fueron argentinas (37%) y 325, extranjeras (63%).
En cuanto a las nacionalidades de las más de trescientas víctimas de otros países, 227 son oriundas de Bolivia, 39 de Paraguay, 35 de República Dominicana, 10 de Perú, 1 de Brasil y otras 13 de otros países no especificados o documentados.
La cantidad de denuncias recibidas en la Línea 145 también fue variando a lo largo de los últimos años; por ejemplo, en 2012, alcanzó la cifra de 600; en 2013, se incrementó a 1.142; al año siguiente, a 1.794.
En 2015, el récord fue de 2.732 denuncias, en 2016 de 3.256 y, en lo que va de este año, el número se ubica en las 1.446 registradas en el último informe del organismo.

¿Qué se denunció y donde?

Este año se recepcionaron en la línea 145 unas 252 denuncias (enero), luego 213 (febrero), 246 (marzo), 239 (abril), 254 (mayo)y, finalmente, 242 en junio.
603 denuncias fueron por explotación sexual; 360 por personas desaparecidas, 197 por explotación laboral, 57 por “oferta laboral engañosa”; 25 por publicidad de oferta sexual; 83 por “secuestro, venta de niños, etcétera”, 110 por posible captación y 11 por traslado de personas.
En relación a las regiones del país donde se registraron las denuncias, el 57% (830) fue en la Región 1, que comprende a la provincia de Buenos Aires y CABA; el 14% (195) en la Región 2 (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa); el 9% (128) en la Región 4 (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero); el 7% (103) en la Región 5 (San Juan, Mendoza, San Luis), el 5% (79) en la Región 3 (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones), y otro restante 5% (73) en la Región 6 (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego). Finalmente, el restante 3 por ciento no fue especificado por la Procuraduría.