Horas antes de que ocurriera, un ala del Gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido, según documentos y testimonios de funcionarios y otras fuentes.
El despliegue de esos expertos extranjeros ya había sido aprobado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre.
Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías. El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles.
El despliegue de los expertos le reportaría dos beneficios al Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le impuso «garantías de no repetición».
Los riesgos de una segunda condena son, hoy, elevados. No sólo porque la abogada que representó a la familia Torres, Verónica Heredia, patrocina ahora a los Maldonado, sino también porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ya una señal el 23 de agosto. Dictó una medida cautelar y le reclamó al Gobierno que informara las acciones que había adoptado para investigar lo ocurrido.