Constituido el tribunal que integran los jueces José García, Ivana González y Mirta Moreno, comenzó la ronda de testigos en el juicio oral y público en el que se acusa a Alberto Vargas, por presuntas irregularidades en la administración del Instituto de Asistencia Social (IAS) de Chubut, cuando estuvo al frente del organismo.
Declaró como testigo, Carlos Barbato, autor de la denuncia, quien dio cuenta del análisis de los expedientes que realizó a poco de asumir en la gerencia del organismo provincial en cuestión, que derivaron en el proceso penal que se lleva adelante.
Se imputa a Alberto Segundo Vargas que entre los meses de febrero y diciembre de 2015, en su carácter de funcionario público, como Gerente General, en cargo interino de la Presidencia del ente autárquico de la Provincia de Chubut, Instituto de Asistencia Social transgrediendo las normas que lo autorizan para casos de excepción, celebró contratos de manera discrecional en la modalidad de compra directa, por montos altamente superiores a los permitidos en la reglamentación vigente.

El testimonio

Barbato ratificó su denuncia al afirmar que al asumir en el cargo que hoy ostenta, recibió un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia que indicaba que ese organismo autárquico se encontraba en una profunda crisis económica, con 42 millones de pérdidas en cesación de pagos y sin medidas concretas para hacer ingresar dinero a sus arcas que le permitieron un normal funcionamiento.
Según el funcionario, en el mismo informe del Tribunal de Cuentas, se destacaba que llamaba la atención la importante cantidad de contrataciones directas por fuera de lo que indican las reglamentaciones internas del organismo, y “comencé a revisar expediente por expediente a cada una de esas contrataciones y tal cual era mi obligación, realicé la denuncia inmediata ante la Fiscalía de Estado y luego ante el la Justicia Penal”, dijo Barbato.
En su declaración, el titular del IAS, aseguró que al analizar esas contrataciones “me llamó la atención que en general se había contratado a empresas monotributistas que se habían creado muy recientemente. Una de ellas por ejemplo había emitido sólo 17 facturas y todas a nombre del Instituto. Los nombres que recuerdo eran por ejemplo Hacker, Tomada, Negro el 11, Ada Deportes. También nos llamó la atención los rubros de los servicios con las que se las había habilitado”, dijo y agregó “por ejemplo una misma empresa que ofrecía servicios de catering, también vendía sillas de plástico y herramientas. A la empresa Calypso que siempre vendió alfombras, el Instituto le compró trofeos. Hacía seis meses que Lotería no le pagaba a nadie porque estaba en cesación de pagos. Sin embargo, estas contrataciones sí se pagaban”, afirmó Barbato.

El proceso

El Tribunal de enjuiciamiento está integrado por los jueces José García, Ivana González y Mirta Moreno. Vargas es representado por el abogado Fabián Gabalachis. En representación de la Fiscalía de Estado en carácter de querellante se encuentra el abogado Martín Castro y por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Osvaldo Heiber.
La acusación de Castro, corresponde a la calificación legal de “administración infiel contra la administración pública”. En tanto que para Heiber se trata de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En el inicio de la audiencia, el defensor Gabalachis puso en duda la calificación escogida por el Ministerio Público Fiscal.
El debate seguirá este miércoles a las 9 horas con la declaración de testigos del Ministerio Público Fiscal, entre ellos integrantes del Equipo Técnico Multidisciplinario que realizaron aportes técnicos a la investigación.