Oficialismo y oposición se han impuesto en Buenos Aires el mismo método: asegurar el voto que tuvieron el 13 de agosto. Hasta el 22 de octubre tienen que mantener aferrado a su público detrás de sus consignas y no defraudarlo con gestos equivocados. Por eso el gobierno se abraza al orden y complace a su voto que repudia las algaradas callejeras. Cree que cuanto más desorden en las calles, mejor les irá a sus candidatos.
El peronismo, en cambio, aprovecha todas las oportunidades de descalificar a su adversario, al que mira arrinconado en sus despachos. Respalda las protestas callejeras y se pone detrás de quienes reclaman planes sociales o reivindican la figura de Santiago Maldonado. Todo sirve.

Prueba y error

El gobierno, como ocurre siempre, paga el precio del aprendizaje que le suele llevar por lo menos dos años a cada nueva administración. También el peronismo está aprendiendo a ser oposición. Raro, porque los caciques de uno y otro lado tienen sobrada experiencia como administradores. Pero a ser presidente no enseñan en ninguna academia.
El costo del aprendizaje es que nadie se anima a pensar los problemas “out of the box” (fuera de la caja, ensayando soluciones inesperadas). Hacerlo arriesgaría la fidelidad de sus apoyos actuales.
Si Macri hubiera encabezado la búsqueda del joven Maldonado en Chubut hubiera demostrado audacia y originalidad. Pero temió perder el afecto de sus votantes y ser castigado por sus adversarios como inauténtico.
Si Cristina hubiera defendido a la Gendarmería que ella misma mandó durante ocho años, arriesgaba el apoyo de los `quilomberos´ y no hubiera, quizás, ganado ningún apoyo entre sus contradictores. Para un hecho como éste había dos vías posibles de acción: la tecnología Scioli, de concurrir de inmediato al lugar de la desgracia e identificarse con las víctimas, y la tecnología Kirchner, de huir del escenario de las tragedias. Aquí Macri, que nunca la quiso a Cristina, eligió esta receta. Cristina, que nunca lo quiso a Scioli, parece ensayar la vía Scioli.

Llegaron veedores de la ONU

Macri está preocupado por el efecto Maldonado. Esta semana desde el Gobierno mandaron a medir el impacto de los incidentes y la represión de la Policía de la Ciudad durante la marcha organizada el viernes pasado en Plaza de Mayo a un mes de la desaparición de Santiago.
Mientras un sector del Ejecutivo defiende a rajatabla al accionar de las fuerzas de seguridad en la Plaza, otro sector mira con preocupación cómo escala el tema del joven desaparecido durante un operativo de la fuerza de seguridad contra los mapuches. El sector que defiende el modus operandi de Patricia Bullrich señala que la «gente» pide orden y que la represión del viernes le «suma» a Cambiemos.
Sin embargo, otros ministros creen que las imágenes del viernes no reflejaron «orden» sino que dejaron una sensación más propia de otras épocas. «Son imágenes de lo viejo, del 2001 o de antes», indicaron en un sector del Gobierno.
Para colmo Bullrich sumó molestias en la Rosada tras anunciar de manera inconsulta que habían detenido a la autora de las amenazas contra Antonia, la hija menor del presidente. La detenida, Carolina Pavlovsky, resultó ser no sólo prima hermana del histórico vocero de Macri sino una paciente psiquiátrica. A Pavlovsky la debieron ir a buscar a una clínica de salud mental de Castelar.
La ministra arrastra además una interna por los veedores de la ONU en el caso Maldonado. La semana pasada, el ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió a Amerigo Incalcaterra, Alto Representante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que la ONU pueda prestar colaboración en la investigación de Maldonado.
La familia de Maldonado está pidiendo participar de la comisión y el Gobierno dice que no tiene nada que ocultar, por lo que pide avanzar con los veedores y permitir que la familia participe.
Pero el viernes Patricia enfureció y le exigió a la Rosada que no avanzara esa comisión, puesto que el CELS de Horacio Verbitsky buscaba entrometerse de esta manera para «operar» en la ONU y obtener información para perjudicar al Gobierno.
El viernes la Rosada la bancó, pero tras los incidentes, que tuvieron un impacto negativo para el Gobierno en los medios internacionales -que no titularon con los incidentes sino con el pedido de la aparición de Maldonado-, ahora empezaron a dar marcha atrás. Opuesto a la línea dura que encarna Patricia, Garavano señala que hay que seguir el modelo de México, que aceptó una comisión de la ONU tras la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
No es la única interna que atraviesa Garavano por estas horas. Debió interceder para que en el Congreso no frenen la integración de la Comisión Nacional de la Tortura, que debe designar a sus miembros que provienen del parlamento, explicó LapoliticaonLine.

Costos inciertos

Además de estos costos ocasionados por el aprendizaje afirma Zuleta que “También paga el gobierno el costo de posiciones que antes ayudó a construir. Cuando apoyó la destitución de Aníbal Ibarra por el caso Cromagnon abrió una cadena de sangre que nadie ha intentado cortar. Es la que dice que un gobernante es responsable de los actos de sus mandados en las jerarquías inferiores. A Ibarra lo destituyeron por esa tragedia que costó 194 muertos y más de mil heridos. Pero no llegó ni a ser procesado. Ninguno de sus funcionarios condenados lo fue por coimas, sino por violación de sus deberes. Igual lo destituyeron en la Legislatura con el impulso del macrismo que construyó el argumento y la mayoría para echarlo.
Pasó poco tiempo para que Macri, ya gobernando, fuera procesado por mantener en su burocracia a un espía de la policía que mandaba el gobierno de sus adversarios que pinchaba teléfonos de manera ilegal. Le aplicaron el mismo criterio de responsabilidad política sobre sus mandados, en este caso un espía encubierto contratado por una universidad del conurbano dominada por el peronismo y adscripto al gobierno porteño. Tuvo que ser elegido presidente para convencer a los jueces de ese dislate.
Ahora, usando el reproche a la gendarmería por el caso Maldonado, el peronismo pide que se retire a esa fuerza del control de los comicios del 22 de octubre. Es el segundo round del ataque al gobierno por la demora en la publicación de los resultados provisorios del 13 de agosto en los distritos disputados de Buenos Aires y Santa Fe.

El Rap del fraude

Con eso el peronismo entona en rap del fraude electoral, con la misma música y letra que usó el macrismo antes de 2015. En aquel año acusó al peronismo de fraude en Tucumán, algo que la justicia aún no ha demostrado. El año pasado promovió una reforma electoral con el argumento de que el sistema actual es fraudulento. Ese sistema lo había hecho a Macri presidente, y es el mismo por el cual el peronismo ataca al gobierno que lo quiso cambiar. La idea de que el sistema es una porquería la instaló el mismo partido que hoy gobierna”. Todos aprenden a costa de todos. Cosas de la política argentina nomás.

Fuente: *ZuletaSinTecho