El senador nacional Juan Mario Pais participó de la reunión realizada en la Cámara alta entre legisladores de distintas bancadas, expertos internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y especialistas en la lucha contra la corrupción, para avanzar con el proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Pais destacó el intercambio, y advirtió que el proyecto que se encuentra en debate requiere cambios, al señalar que “son necesarios este tipo de eventos para continuar trabajando en el proyecto que pretende establecer un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y arribar a la mejor norma posible”.
“El texto proveniente de la Cámara de Diputados es difuso y confuso entre normas de derecho de fondo y normas procesales, motivo por el cual deberemos analizarla en profundidad ya que se promueve incorporar sanciones que hoy no existen en el Código Penal y contiene diversas disposiciones procesales sobre las que el Congreso no tiene competencia delegada”, dijo el Senador por Chubut.
En opinión de Pais, “la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe tener por causa de imputación defectos de organización que visibilicen la comisión de delitos de corrupción”, concluyó.

Prioridad del oficialismo

El proyecto de responsabilidad penal empresaria, que ya se conoce que recibirá cambios en el Senado, es una prioridad legislativa para Cambiemos. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro Guastavino (PJ-FpV) culminó las audiencias con funcionarios, académicos, jueces, fiscales y especialistas que opinaron sobre la iniciativa -casi todos, con críticas-, y el próximo paso será el dictamen.
Oficialismo y oposición trabajan en modificaciones sustanciales al texto que aprobó Diputados en una sesión trabada y desprolija. En primer lugar, tal como sugirió la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se modificaría el artículo 1 para que la ley, que está destinada a personas jurídicas, no abarque todos los delitos del Código Penal, sino sólo los actos de corrupción.
Más allá de las modificaciones pedidas, Alonso ponderó que el proyecto aprobado en la Cámara baja cumple con estándares internacionales; que establece un programa de integridad que deberán cumplir las empresas, fundaciones y mutuales; y que fija sanciones graduales y disuasorias.

Cambios

La Cámara alta también subsanaría un error que cometió Diputados al aprobar un mismo artículo, el 258 bis, con dos redacciones diferentes. Además, se descartaría la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, una reforma que todos los especialistas e incluso el jefe del bloque mayoritario, Miguel Pichetto, rechazaron en la Comisión de Justicia.
Todavía no hay fecha formal para el dictamen ni para el tratamiento en el recinto, pero el oficialismo en la Cámara de Diputados quiere ofrendarle la ley al presidente Mauricio Macri antes de que termine septiembre. De todos los países que suscribieron a la “Convención Anticohecho” de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), sólo Argentina carece de una ley de penas a empresas corruptas.