La Ley de Participación Público-Privada (PPP) era el anhelo del Mauricio Macri para cuando organizó la feria de inversiones que convirtió al Centro Cultural Kirchner en un mini-Davos. Sin embargo, pasaron tres más hasta que los Senadores la aprobaran el 16 de noviembre de 2016 y el Poder Ejecutivo se demoró tres meses más en reglamentarla.
Desde entonces, por Vialidad Nacional son frecuentes las visitas de empresarios invitados a familiarizarse con la nueva normativa que revoluciona la forma de financiamiento de la obra pública: el Estado se hace cargo de poner una parte del financiamiento y el socio privado facilita el resto, por lo que la presión sobre el gasto público disminuye sin que merme la cantidad de las obras de infraestructura.

Experiencia internacional

Este sistema es el que permitió a Chile, España y México, alcanzar niveles de obra pública inéditos. La impresionante extensión de los subtes de Santiago y Madrid es uno de los casos más resonantes y explican el atraso de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede financiarla por sí misma. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larretra, es uno de los más interesados en que funcione la norma.
El elevado costo de financiamiento local es una de las trabas más importantes del régimen de PPP. El director de Vialidad, Javier Iguacel, todavía no logró entusiasmar a ninguno de los empresarios a los que convoca a su despacho.
Por eso, frente a la necesidad de reducir dos puntos del PBI el déficit público el año que viene para cumplir con la meta fiscal, para el Gobierno es clave que se ponga en práctica esta ley. Con 2% del PBI anual invertido en infraestructura en 2008-2013 y la urgencia por al menos duplicar este ratio para equiparar el promedio regional, el mismo presidente del Banco Mundial advirtió la semana pasada que Argentina necesita destinar 5% de su PBI durante 15 años para recomponer su competitividad.

Costos financieros

Sin embargo, en el ascensor al retirarse de la oficina del director Javier Iguacel, se puede escuchar la disconformidad de los empresarios con los términos de las propuestas. El costo de tomar financiamiento en el mercado local es elevado, y la promesa de repago mediante concesiones no genera la suficiente confianza habida cuenta de los antecedentes recientes de nacionalización de empresas y de congelamiento de tarifas.
El Infrascopio 2017, un documento elaborado por la unidad de inteligencia de The Economist por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubicó a la Argentina en el puesto 17 de los 19 países evaluados solo por encima de Venezuela y Ecuador. Mediante este documento, el BID busca medir «la habilidad de un país de movilizar la inversión privada hacia la infraestructura mediante PPPs» mediante 23 indicadores que van del 0 al 100.

No despierta interés

En 2017, Argentina obtuvo un puntaje general de 48 y así quedó en el grupo de los cinco países que quedaron encuadrados en el nivel «nacientes» por sobre Venezuela (8/100) y, Ecuador (44/100), y debajo de República Dominicana (49/100) y Panamá (51/100). Y muy lejos de los países calificados como «desarrollados», que lideraron el ranking: Chile y Colombia empatados con 74/100, Brasil con 72/100 pese al escándalo de corrupción, Jamaica (71/100) y Perú (69).
La principal carencia de Argentina, de acuerdo con este informe, se relaciona con la falta de maduración de proyectos (39/100), el escueto marco institucional y la dificultad de financiamiento (42/100). Por el contrario, sus mejores puntos son el clima de inversión (55/100) y la nueva regulación (60/100).
Hasta el momento, a 9 meses de su promulgación la nueva Ley de PPP no llegó a materializarse. Puntualmente, para uno de los rubros más urgentes en materia de inversiones, la Energía, el Gobierno ha optado por seguir el camino tradicional de las licitaciones con el incentivo de remuneraciones extraordinarias por capacidad instalada.
Y para el otro rubro más postergado, Transporte, tampoco se han visto resultados, pero hay un proyecto encaminado: el proyecto del tren a Vaca Muerta, dijo el ministro Guillermo Dietrich, que está «muy avanzado» y que se hará a través del sistema de financiamiento de «Participación Pública Privada (PPP), con una inversión de entre US$ 400 y US$ 500 millones con probable fecha de inicio de obras en el segundo semestre del año próximo».

Las inversiones nunca llegaron

El Gobierno esperaba captar entre US$ 30.000 y 40.000 millones de inversiones en infraestructura con la nueva ley de Participación Público Privada (PPP), que esta semana empezó tratarse en Comisión en el Senado. La norma le abre la puerta y le da un marco jurídico al financiamiento privado de la obra pública, que luego es repagada por el Estado. Quien puso la cifra fue Horacio Reyser, asesor del Presidente para Inversiones Extranjeras y el funcionario designado para dar a conocer los beneficios de la futura norma ante la prensa.
Para captar esos fondos, el Gobierno tuvo que asegurarles a los inversores que podrán recurrir al arbitraje internacional para resolver las disputas. “Para obras menores, seguramente los conflictos se van a resolver en tribunales administrativos locales. Pero si vamos a hacer una gran obra, de US$ 2.000 o 3.000 millones, que se va a recuperar en 20 años, es muy posible, con altísima probabilidad que para lograr el financiamiento la Argentina tenga que estar dispuesta a incorporar una cláusula de arbitraje internacional, pero bajo ley argentina”, afirmó el funcionario, que supo formar parte de Southern Cross, uno de los fondos de inversión más grandes de la región.

Garantía de rentabilidad

Los tribunales a los que se refiere son, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral). Su decisión sería inapelable. “Estamos haciendo una ley en la que ponemos como alternativa el arbitraje. Si, después, el propio Estado que hizo la ley incumple (y no acata el fallo), la Argentina nuevamente empieza a descarrilar como país”, aseguró.
Además de defender este punto, Reyser también salió a respaldar otro apartado de la norma, que habla del “equilibrio económico financiero” de los contratos. “Se malentiende que es una garantía de rentabilidad. Habrá mecanismos y paneles técnicos para rever si hay cambios importantes en las condiciones, como sucede en otros países”. Y destacó que “con la asociación público privada, el Estado descarga riesgo en el privado, se saca riesgo de encima”.

Buscan limitar los precios de la obra pública destinados a vivienda

Las comisiones de Obras Públicas y de Legislación General de la Cámara de Diputados tratarán hoy martes desde las 18 un proyecto de ley por el cual se ajusta al valor en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI) a la determinación de precios en los contratos de obra pública destinados a vivienda.
La iniciativa fue presentada por el senador y exvicepresidente Julio Cobos (UCR), y aprobada en la Cámara alta.
En su artículo 1, establece que “la determinación de los precios que se coticen en los contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas, así como en los programas o planes sociales de construcción o mejoramiento de viviendas financiados por el Estado Nacional, se efectuará de acuerdo al valor en pesos de la UVI”.
Para ello, se tomará como referencia “el valor de la UVI de la fecha que se indique en los pliegos de bases y condiciones”.
Se indica además que “los contratos se denominarán en pesos y su equivalente en UVIs, y los avances de obra se certificarán tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al último día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el 90% del avance de obra proyectado y aprobado”.