En la tarde de este martes se conoció la sentencia del juez José Oscar Colabelli en el juicio que llevó al banquillo a Abril, una médica residente de Chubut acusada de ser responsable del fallecimiento de una joven, con posterioridad a la realización de un aborto legal.
Aunque Abril fue absuelta por el delito de aborto, la condena dispuesta por la justicia provincial, de un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para tareas médicas por «lesiones culposas», por «presencia de pus», dejó al descubierto el pretendido carácter aleccionador que tuvo el juicio oral y público al que fue sometida.
Como advirtió la defensa de la médica generalista, la causa de la muerte de Maira, la joven que en 2015 solicitó la interrupción legal del embarazo bajo la causal de salud, no fue esclarecida durante los quince días que duró el juicio, porque ni siquiera fue investigada.
Por el contrario, con un procedimiento plagado de irregularidades, y sin pruebas que la vinculen a la muerte de la joven, la Justicia volvió demostrar que la persecución y criminalización de la profesional no tuvo otro fin que el de obstruir y limitar el acceso a la interrupción legal del embarazo, un derecho que el Código Penal argentino reconoce desde el año 1921 en su artículo 86, pero que los gobiernos nacional y provinciales y las instituciones del Estado se empeñan constantemente en desconocer, atentando contra los derechos más elementales que tienen las mujeres.

Opiniones sobre la sentencia

Conocida la sentencia, desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir señalaron a La Izquierda Diario que, en este marco, la absolución de Abril es un importante paso: «demuestra, como venimos diciendo, que garantizar derechos no es delito», afirmaron.
Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito recordó este martes que el Ministerio de Salud de la Nación presentó en el año 2015 su «Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)» y destacó que, sin embargo, el Estado sigue enjuiciando a quienes aseguran el acceso a la información y el derecho a la salud. «Tal es el caso de Abril», afirmaron, al tiempo que denunciaron que la médica fue juzgada injustamente, por un crimen que no cometió.
Con un comunicado de prensa, la organización también señaló que el accionar judicial «deja entrever la complicidad antiderechos de médicos y jueces de la provincia de Chubut, quienes pretenden pasar por arriba no solo el protocolo ILE antes mencionado, sino también los acuerdos constitucionales y los tratados de D.D.H.H. internacionales. Sin embargo, en los alegatos a favor de la médica Abril se resalta el concepto de Salud Integral definido por la Organización Mundial de la Salud, donde se aborda a la Salud desde la perspectiva de la autonomía y los derechos sexuales de todas las personas gestantes», afirmaron.

La defensa apelará el fallo

Maira falleció en 2015 en el Hospital Zonal de Esquel por motivos que aún se desconocen: «No se encontraron pruebas que realmente puedan relacionar la muerte de la joven con la práctica de Interrupción Legal del Embarazo que garantizó Abril», informaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y agregaron que «los médicos de Esquel que intervinieron en la cirugía a Maira, no registraron los procedimientos que llevaron a cabo, lo cual implica una falta muy grave». Lo llamativo, sostuvieron, es que «ninguno de ellos está implicado en la causa. El perito de parte habla de unos 40 minutos en donde la historia clínica no dice nada ni hay información toxicológica que compruebe por qué Maira no es trasladada a terapia intensiva. Además, hay análisis patológicos que muestran la ausencia de infección ginecológica en abdomen y útero. El juez pudo ver que la foja quirúrgica daba información que luego desmintió la autopsia pero jamás cambió la carátula del caso que paradójicamente sigue siendo ’Aborto Punible’», detallaron.
Por su parte, en declaraciones al programa «Nos quemaron por brujas», el abogado defensor de Abril, Julian Edgardo Manosalva, anunció que apelará el fallo del Juez Colabelli, que la condenó sin pruebas tras manifestar «no haber encontrado que había un aborto».
El caso vuelve a mostrar que es necesario multiplicar las fuerzas para imponer que se garanticen y respeten los derechos más elementales por los que reclaman las mujeres, como el derecho al aborto no punible y a la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados.