Según detalla el diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia, ya se cumplió un año de la brutal muerte de Eduardo Funes, vecino del barrio Máximo Abásolo, quien fue asesinado de 60 puñaladas en la oscuridad de un pasaje peatonal. Y si bien los acusados César Bahamonde y Juan Serrano permanecen detenidos con prisión preventiva, aún están esperando por su juicio.
La Fiscalía y los familiares de la víctima pretenden que en caso de ser condenados, los presuntos autores reciban prisión perpetua por el ensañamiento.

A un año del asesinato

Los familiares y amigos de Eduardo Funes (29) recordaron el primer aniversario de su asesinato, ocurrido durante los primeros minutos del sábado 16 de julio de 2016 en un pasaje sin nombre que está en inmediaciones de la avenida Pieragnoli y Los Ciruelos, en el barrio Máximo Abásolo.
La víctima salió a las 22 del viernes y tres horas después apareció sin vida y con su cuerpo destrozado por la cantidad de puñaladas que recibió. Según la investigación policía, Funes habría mantenido una pelea con César Sebastián Bahamonde (29) y después este se habría cobrado venganza.
Los asesinos esperaron cruzarse en la calle con Funes y después lo atacaron con frialdad y sin piedad. Tras ser reducido sobre la vía pública recibió numerosos puntazos en el cuerpo que terminaron con su vida en pocos segundos. La autopsia forense determinó que recibió al menos veinte puñaladas en la cara y cuarenta en el tórax, algunas cortantes y otras penetrantes.
El cadáver desangrado de Funes fue encontrado a la 1:15 por un joven que pasaba por el lugar y dio inmediato aviso a la policía de la Seccional Séptima.
Al día siguiente la Brigada de Investigaciones detuvo como sospechosos a Bahamonde y a Juan Julio Serrano (27). Ambos fueron imputados por la fiscal general Cecilia Codina por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. La acusadora pública ya anticipó que dicha calificación fija una pena de prisión perpetua.

Prision preventiva

La defensora pública Cristina Sadino, quien asiste a Bahamonde, pidió hace unos meses su arresto domiciliario justificando que un pastor evangélico ofreció la iglesia para contenerlo. Tal alternativa fue revisada por la jueza natural de la causa Daniela Arcuri, y además por otros dos magistrados que no hicieron lugar al pedido.
La abogada argumentó que su defendido podía permanecer en un templo protestante de la ciudad, sin violar los peligros de fuga y entorpecimiento. No obstante, la fiscal se opuso y logró que los distintos jueces fallaran a favor de su pedido. La causa además ya fue elevada a juicio oral y público. Comenzará a principios del mes septiembre, según fijó la Oficina Judicial.
Los imputados además están identificados de atacar a tiros «la casa de una testigo que se encontraba en su interior con su bebé», argumentó la fiscal en la última audiencia judicial. Esa testigo terminó yéndose del barrio por temor.