En cada proceso electoral aparecen dudas sobre la integridad de los escrutinios de mesa, aún cuando los resultados definitivos siempre han corroborado el conteo provisorio. Este manto de duda daña la credibilidad de los ciudadanos en las elecciones, los candidatos ganadores y, como resultado en la gestión de gobierno, ya sea un intendente, gobernador o presidente.
Los casos más recientes de sospecha se dieron en las elecciones de 2015, luego de los incidentes en Tucumán y de los inconvenientes en la publicación de los recuentos provisorios (en Santa Fe, la elección general de la CABA y la primera vuelta presidencial).
¿Hay problemas de integridad en nuestros procesos electorales? ¿Si esos problemas existieran, se dan en igual medida en todo el territorio y en todos los niveles de la competencia? Para aportar información fidedigna a esta discusión, el Observatorio Electoral Argentino (OEAR) de CIPPEC lanza el Análisis Forense Electoral, una herramienta basada en Big Data para estudiar resultados electorales. Su primer caso fue la elección general de 2015 en la provincia de Buenos Aires. El estudio analiza microdatos de las elecciones de presidente, gobernador y los 135 intendentes bonaerenses utilizando herramientas de auditoría contable para detectar (o descartar) si existieron intentos de fraude. Así, se analizaron los resultados de cada partido para cada cargo en juego en cada una de las 36 mil mesas habilitadas en toda la provincia (donde vota el 37% del electorado nacional).
Las técnicas utilizadas permiten determinar si existieron intentos sistemáticos para cambiar el resultado de las elecciones. Más precisamente, si se agregaron votos, se omitieron votos o se cambiaron votos de un partido por otro. También posibilitan determinar dónde ocurrieron esos eventos, si beneficiaron a un partido en particular, y si ocurrieron en una magnitud tal que podrían haber cambiado el resultado de la elección.

¿Qué probaron?

“Entre los principales hallazgos se destacan que en las elecciones de 2015 en la provincia de Buenos Aires el conteo provisorio fue exhaustivo y preciso; que hay pocas mesas y circuitos con valores atípicos (que se salen del patrón); que esos valores que podrían indicar error o manipulación fueron más frecuentes en las categorías Intendente y Gobernador y ocurrieron en unas pocas mesas concentradas en pequeñas regiones de algunos municipios”, explica María Page, investigadora asociada del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC.
Además, señala Page, autora del documento junto con Marcelo Leiras, investigador principal del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC, y Pedro Antenucci, “encontramos que por su baja frecuencia y poca magnitud ninguna de las anomalías detectadas podría haber afectado el resultado de la elección para ninguno de los cargos estudiados; y que hay valores atípicos para cada uno de los tres principales partidos, de modo que no hay un sesgo sistemático en favor de alguno de los principales contendientes”.
La herramientas utilizadas no son nuevas pero su aplicación al control de las elecciones, sí. Algunos trabajos recientes han permitido demostrar, por ejemplo, la ocurrencia de fraude electoral en Rusia y en Uganda. En ambos casos se detectó una inflación en el número de votantes en algunos distritos y un incremento más que proporcional en el desempeño del partido más votado. Es decir, se demostró que se agregaron votos en favor de un partido.
Este tipo de estudios también permite detectar si en una elección hubo problemas o defectos de administración. “Con estas herramientas se logró demostrar que en Estados Unidos en el año 2000 una cantidad sustancial de los votantes de la Florida que quisieron votar a Al Gore terminaron votando a otro candidato por un defecto de diseño del sistema de votación”, dice Page. De modo que la relevancia de estos estudios no se limita al control de la integridad sino que puede ayudar a mejorar y potenciar la administración de las elecciones.
“La pregunta siguiente a este trabajo es si lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires en la elección general del 2015 es representativo del funcionamiento de otras elecciones y del comportamiento del resto de las provincias. En especial, no sabemos si, en otras provincias donde las reglas electorales son distintas, la administración estatal es más débil o el despliegue territorial de los partidos es más asimétrico, las elecciones funcionan igual. Ese es el objetivo del Análisis Forense Electoral”, destaca Nicolás Cherny, director del Programa de Instituciones Políticas de CIPPE.

Las PASO y un enfoque científico

Las PASO fueron controversiales desde su origen. Ya mientras el Congreso debatía la reforma que las introdujo en 2009, se las acusó de ser proscriptivas; conllevar una intromisión excesiva en la vida interna de los partidos; buscar dividir y desgastar política y económicamente a la oposición; y resultar injustificadamente onerosas para el Estado y cansadoras para los votantes.
En cambio, los promotores sostenían que eran una intervención justificada por objetivos difíciles de cuestionar: fomentar la democracia interna de las agrupaciones; alentar la restructuración del debilitado sistema de partidos; y ofrecer opciones electorales más claras a los votantes.
A casi ocho años de la reforma y cerca de su cuarta edición, hay información suficiente para juzgar a las PASO por sus efectos en los partidos, las opciones electorales y el comportamiento de los votantes, afirma CIPPEC.
En cuanto a la democratización interna, el efecto es limitado. En primer lugar porque, en general, las organizaciones prefieren evitar la competencia presentando listas únicas. Dado que el alineamiento es más fácil de conseguir para los oficialismos que para la oposición, como ocurrirá este año, la competencia es más frecuente en el campo opositor. Por otra parte, todavía es fácil eludir las PASO corriendo con un sello por fuera del partido de origen, porque las reglas para formar partidos y alianzas y presentar candidatos son muy permisivas.
Con todo, las agrupaciones transitaron un proceso de aprendizaje y adaptación. En 2011 no hubo competencia para presidente pero, en 2015, Cambiemos, UNA y el FIT eligieron sus candidatos presidenciales en primarias con competencia. Para diputados, compitieron una de cada diez agrupaciones en 2011; una de cada cuatro, en 2013; y una de cada cinco, en 2015. Este año, a pesar del impacto mediático que causan la división del PJ en Buenos Aires y la de Cambiemos en la Ciudad, la información oficial sugiere que habrá niveles de competencia similares a los de 2013.
El efecto más evidente de las PASO es la reducción en la cantidad de partidos y alianzas que compite en la elección general. La elección de 2015 fue la que contó con menos listas de presidente y de diputados nacionales desde 1983. Esto se explica porque las PASO fomentan las alianzas entre los que temen no pasar del umbral y facilita la asociación entre quienes, si se juntan, tienen chances de ganar.
Por un lado, el piso de 1,5% de los votos para acceder a la elección general alienta la formación de alianzas para evitar la descalificación (el ejemplo más consolidado es el FIT). Luego, el umbral filtra a los postulantes sin un caudal mínimo de votos.

En el otro extremo, las PASO permitieron articular alianzas muy competitivas. El caso de Cambiemos en 2015 no puede pasar inadvertido: de mínima, medir a los referentes de cada partido en las urnas de las PASO ayudó a que cada socio aceptara como justa la distribución interna de los lugares de poder.
Con partidos tan debilitados que ya no ofrecen información relevante sobre qué representan ni qué programas promueven, las PASO brindan pistas que ayudan a los votantes a decidir. Por eso, en 2011, 2013 y 2015 hubo alguna concentración del voto opositor después de la PASO: sabiendo cómo se distribuían los apoyos, una porción de los votantes hizo una opción estratégica en la general. Además, los votantes no parecen cansados de votar en las primarias: las PASO tienen un muy alto nivel de aceptación y una participación similar a la de las elecciones generales.
Si las PASO generan algo de espacio para la competencia interna; ayudan a los partidos a construir alianzas y ofrecer a los votantes opciones más depuradas y comprensibles; y les permiten a los ciudadanos a orientarse mejor en un mapa político desdibujado. ¿Queremos, de todos modos, condenarlas? ¿No sería mejor hacerlas cumplir?, se pregunta el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Todo un interrogante…

Fuente: CIPPEC