Culminó este viernes la Audiencia Pública sobre la factibilidad ambiental de la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz. En la primera jornada, y tras la presentación de los detalles de la obra, por parte de ministros y otros funcionarios de Energía y Ambiente, de la Nación y la provincia de Santa Cruz, hablaron los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales.
El constitucionalista, Daniel Sabsay, fue uno de los expositores, y celebró el fenómeno de participación pero cuestionó la organización y reglamentación de la Audiencia, por entender que el Estado usufructuó de gran parte del tiempo de la misma, señalando que “cuando el Estado tiene que escuchar, no tiene que hablar, no hay audiencia pública en el mundo con esta característica, es de un grado de soberbia sumamente desagradable”, dijo sólo para calentar la garganta, puesto que no cesó allí su cuestionamiento.
En opinión de Sabsay el proyecto presenta problemas “tanto desde la legalidad como desde la transparencia”, dijo y criticó particularmente el contrato y subrayó que “la UTE está conformada por Gezhouba (empresa china) y Electroingeniería” y que “el contrato lo firmó el señor José López (ex secretario de Obras Públicas)”, dijo y recordó su condición de procesado en una causa judicial, asociándolo al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, de quien dijo “hoy tuvo el desparpajo de hablar”.
Sabsay advirtió que “Gezhouba no tiene grandes antecedentes” y remarcó que fue “sancionada por el Banco Mundial”, mientras que “Electroingeniería no tiene ninguna experiencia en la construcción de represas”.
El letrado apuntó también contra el doble rol de Jorge Marcolini como funcionario del Ministerio de Energía y director de la empresa que realizó el estudio ambiental, algo que formalmente denunció en la Justicia Penal el senador Fernando “Pino” Solanas.
Sabsay comparó ese doble rol de Marcolini, con el rol que oportunamente tenía Rossana Minicelli, cuyo “principal trabajo era controlar a su marido”, dijo, haciendo hincapié en la importancia de la transparencia de los actos públicos y la ética pública.

El rechazo a las represas

Vida Silvestre, Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Flora y Fauna y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalaron graves deficiencias en el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado y alertaron sobre el daño ambiental que se avecina en los próximos años.
El primero en tomar la palabra fue Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, quien alertó la falta de garantías sobre el daño ambiental que producirán las represas y el riesgo institucional de llevar adelante un proyecto con un Estudio de Impacto Ambiental incompleto, y solo impulsado por un condicionado contrato con el Estado chino. “Si tienen que hacer las represas por el contrato firmado con China, díganlo directamente y háganse cargo”, reclamó. Y concluyó diciendo que “hacer este proyecto tal como está es producir energía a cualquier costo», concluye Andrés Nápoli de FARN.

Protección del macá tobiano

La postura de la coalición de ONGs ambientalistas se sostiene en cinco puntos: salvar al macá tobiano de lo que aseguran será la extinción si se hacen las represas; Evitar el impacto de las represas en el glaciar Perito Moreno; reclamar una energía con menor costo ambiental y social; defender un desarrollo real de Santa Cruz y de la Patagonia que no depende de las represas; y proteger al último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, destacó la extrema fragilidad del área, y dijo que “no hay compensación posible para un área tan frágil e importante que se destruye como el estuario del río Santa Cruz”.
También recordó que “la Administración de Parques Nacionales elaboró un informe diciendo que la mayor parte del río Santa Cruz es un área prioritaria para la conservación. Y la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN) envió una nota al presidente Mauricio Macri expresando su preocupación por la construcción de las represas y la conservación del macá tobiano.”
Casañas también cuestionó el programa de compensación ambiental al que se refirió el secretario de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat. “No es compensable cuando se destruye algo que es irreparable. Si destruyo a la Gioconda no lo reparo con 20 Milo Lockett», graficó.
El referente de Aves Argentinas recordó que “hace 10 años todos los ambientalistas hablábamos del cambio climático y se nos reían en la cara. Hoy está en todos los discursos de funcionarios”.

Sin oposición

Por su parte, el director de Fundación Vida Silvestre Manuel Jaramillo, afirmó que “este proyecto tiene muy escasa oposición política”. Ironizó diciendo que su “mejor ventaja ha sido cerrar la famosa grieta”, haciendo notar que los políticos del oficialismo como de la oposición están de acuerdo en la construcción de las represas.
“Es por ello que seguramente deberemos esperar que la justicia se expida a favor de la libertad del río Santa Cruz” agregó, dando por sentado que no agotarán el reclamo contrario a la obra.
También Jaramillo agregó un reclamo a la falta de consulta a los pueblos originarios: “No existió consulta previa e informada a los pueblos originarios. Pero se considera que es posible remover o inundar una gran cantidad de sitios arqueológicos que son testigos de su cultura. En este contexto no puede considerarse válido este estudio de impacto ambiental”, afirmó.
Por su parte el representante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET, señaló que si bien con el nuevo proyecto que achica las represas, no surgen indicios de que el Glaciar Perito Moreno sea afectado por la obra, critica que el Estudio de Impacto Ambiental no tiene información actualizada sobre la cantidad de glaciares que hay en la zona y la superficie total. “Existen importantes inconsistencias y omisiones en la información relativa a los glaciares de la cuenca del río Santa Cruz, lo que consideramos debería ser objeto de un estudio específico”, afirman.

Procedimiento

De acuerdo al procedimiento de las Audiencias Públicas, el próximo paso será que los miembros de las Comisiones de Energía y Medioambiente de las dos Cámaras del Congreso tienen que evaluar todos los elementos que se han aportado en las exposiciones de estos dos días, y elaborar los informes que consideren necesarios, ya sea agrupados o a título individual, y sobre los temas que requieren respuesta o explicaciones, éstas deberán ser atendidas en consecuencia.
Cerca de un centenar de personas entre funcionarios y representantes de la ciudadanía expusieron en las dos jornadas, durante un total de casi 15 horas.