La primera semana de julio se conocieron algunas pautas preliminares del proyecto del Presupuesto 2018 que Casa Rosada envió al Congreso: se aumentarán asignaciones como las familiares y por hijo, y continuará la expansión de la obra pública, entre otros puntos destacados del informe firmado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Pero también y como uno de los temas centrales en el Gobierno hablan de un ajuste de 80 mil millones de pesos. Los aclara en el último párrafo del documento de 101 páginas publicado en el sitio web de la Cámara baja. Señala que el presupuesto se elaborará respetando los «Lineamientos para un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno».
Se refiere a un trabajo elaborado en marzo por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, integrado por los ministros de Economía de todas las provincias, donde se planean fuertes restricciones en el gasto que los gobernadores no siempre cumplen.
Por ejemplo, Dujovne recuerda que uno de los compromisos es que las erogaciones corrientes de las provincias sean «constantes en términos reales» y el empleo público provincial «no crezca más que la población».

Presión sobre las provincias

Si bien el plan fue avalado por los ministros provinciales, su cita en el informe preliminar del presupuesto anticipa que el Gobierno las hará cumplir, tal vez con una ley específica que acompañe la del presupuesto.
Dujovne anticipó a los legisladores oficialistas que además de una reforma tributaria presentará una ley de responsabilidad fiscal para contener el gasto de las provincias.
De hecho, Dujovne anticipó a los legisladores oficialistas que además de una reforma tributaria presentará una ley de responsabilidad fiscal para contener el gasto de las provincias.
Sería lo que anunció en el final del documento enviado al Congreso, que en sus 100 páginas anteriores abunda en cifras que destacan la recuperación económica. Además, remarca con insistencia que la recesión de 2016 fue menor a la de 2014.
«Las señales de recuperación de la actividad son generalizadas. Los datos al primer trimestre de 2017 muestran que doce de los dieciséis sectores del PIB presentaron crecimiento interanual», señala.
Destaca el crecimiento del agro, la construcción, pero también de servicios y actividades inmobiliarias. Reconoce una baja del comercio y de la industria, «que no crece en términos interanuales pero desaceleró su tasa de caída a -2,2% i.a. (-8,3% en el 111.16 y -4,6% en el IV.16)».
Pero luego asegura que «la producción industrial comienza a recuperarse en 2017», porque «de acuerdo con el Estimador Mensual Industrial (EMI), publicado por el INDEC, en los primeros cuatro meses del año, los bloques industriales que ya muestran crecimientos interanuales son Metálicas Básicas (2,2% i.a.), Automotriz (0,2% i.a.) y Metalmecánica (0,8% i.a.)».
También anuncia una recuperación del empleo perdido en 2016, que calcula en 40 mil puestos de trabajo (0.7). «Sin embargo, en marzo de 2017 se registró el octavo mes consecutivo de aumento en la cantidad de asalariados registrados privados».
Además, Dujovne asegura que en este semestre el salario real recuperó el 3.7% de poder adquisitivo perdido en 2016.
E informa una ejecución de promedio del 40% del presupuesto, o sea, casi total pese a que abundan reclamos por la falta de inicio de obras públicas pautadas en la ley de leyes.

Deudas sobre deuda

El documento ratifica la decisión del Gobierno de financiar gastos corrientes con deuda externa y celebra que el Banco Central bajó los adelantos y utilidades a 1.5 del PIB, «muy por debajo de los niveles de 2014, cuando ascendía a 3,2% del PIB».
El plan de financiamiento no variará y consta de cuatro plazos: colocaciones en el mercado local, refinanciación de los vencimientos en el mercado internacional, ventas directas de bonos y suscripción de letras del Tesoro por parte de las agencias del Sector Público con excedentes financieros.
«La política de financiamiento de 2018 continuará con una gestión de pasivos enfocada en la permanente mejora del perfil de vencimientos. Esta gestión financiera prudente a nivel nacional se estima contribuirá a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento por parte de los gobiernos subnacionales y del sector privado», finaliza Dujovne.
En el final del texto también hay otro anuncio que puede molestar a los gobernadores, aunque no sorprenderlos: el Gobierno reafirma el aumento de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía federal a la ciudad. Muchos mandatarios preferían olvidarlo.
Cambiemos se tomó la mitad del informe preliminar de 100 páginas para resaltar cuesitones a favor y en contra desde que adoptó el poder central. Por caso, el Gobierno aseguró que «la economía cayó 2,2% en 2016, concentrada en el primer semestre del año», que la contracción de ese año «fue menor a la de 2014» (en relación con el PBI), y que las señales de «recuperación de la actividad» son generalizadas en el presente.
En esta línea, el Ejecutivo aseveró que «12 de los 16 sectores del PBI presentaron crecimiento interanual», que entre los de «mejor performance» se encuentra la «producción agrícola, con una cosecha récord de 137 millones de toneladas en la campaña 2016-2017»; que la construcción también lidera la recuperación y que la «producción industrial comienza a recuperarse en 2017».
Un escenario de ida y vuelta entre 2016 y 2017 se da en el mercado de trabajo y salario real, con bajas y regreso al terreno positivo en los últimos meses. En cuanto a la inflación, el Gobierno dejó en claro que la del año pasado «fue menor a la de 2014», aún «cuando hubo una depreciación del peso más alta y una corrección más importante de las tarifas de los servicios públicos».

Objetivos reales

Recién en la página 50 el Ejecutivo menciona las intenciones para 2018, pero con una resucitación de las tres patas de la campaña presidencial 2015 de Mauricio Macri: «reducción de la pobreza», «seguir reforzando la convivencia ciudadana» y la «lucha contra el narcotráfico». La semana pasada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue a dar un informe de gestión al Senado y explotó sólo la última, donde el Gobierno puede mostrar resultados más «palpables».
En tanto, Casa Rosada propone que la Asignación Universal por Hijo continúe «siendo la garantía de un piso mínimo de ingreso para los niños de todo el país». En ese sentido, se agrega que ese sistema «alcanza a 3,9 millones de niños y el Gobierno espera que el tamaño de dicha cobertura se incremente».
Para justificar el incremento de partidas hacia ese destino en 2018, el Ejecutivo sostiene que «distintos estudios estiman que existe algo menos de un millón de niños que, a pesar de cumplir con los requisitos legales, no perciben la AUH», y que el «Estado nacional se ha comprometido a ir a buscar a estos niños y empezar a brindarles el beneficio que se merecen».

Programas y beneficios

El Gobierno también se compromete a «continuar con la implementación de la expansión del régimen de Asignaciones Familiares», y detalla que con la «elevación del tope» se amplió el corpus de beneficiarios a más de 4,2 millones de personas. Otros programas que seguirán: Argentina Trabaja, Ellas Hacen. Por ley sancionada el año pasado se encuentra la prórroga de la emergencia social hasta fines de 2019, con un jugoso bonus de $30.000 millones a piqueteros vaticanos.
Por otra parte, Cambiemos propone una apuesta fuerte de cara a 2018, tras amagar con barridos para mitigar el exceso de integrantes en la administración: se promete «monitorear el gasto en personal, acotando la cantidad de contrataciones» y también «optimizar el empleo público, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mediante la implantación de tecnologías de gestión de recursos humanos que permitan concretar una reestructuración integral del capital humano del Estado nacional, dirigida a una administración con medios eficientes para cumplir eficazmente sus objetivos».
Al principio del informe se aclara que para este año «no fue realizada la formulación del Presupuesto Premilinar» en «los términos que tradicionalmente les era requerido y se simplificará la formulación de los anteproyectos», previendo que los organismos «elaboren en forma descentralizada sólo la programación de los gastos corrientes y de las mediciones físicas (metas, producción bruta terminal, avance físico de los proyectos y obras, e indicadores).

Fuentes: Parlamentario, Ambito Financiero, Telam, LPO