A raíz de las acusaciones de haber pagado coimas en la Argentina, el Gobierno tomó una nueva decisión en torno al futuro de Odebrecht, la empresa constructora brasileña involucrada en el caso de corrupción más grande de la región, el Lava Jato. Según informaron desde el Ministerio del Interior, el Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas suspendió de modo preventivo por 12 meses la tramitación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para licitación. Es decir, no podrá participar en ninguna licitación para realizar obras nuevas por un año.

Entre los argumentos para excluirla, incluyeron que «tiene abiertos varios procesos judiciales y administrativos en nuestro país y en el exterior que involucran a la empresa en prácticas corruptas».

Si bien en la Argentina aún no hay sentencia, otro de los motivos expuestos es que «en Brasil tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados».

«Se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa», agregaron.

La resolución del Consejo del Registro Nacional de Conductores fue firmada por unanimidad por el presidente, Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos, Gustavo Burgwardt; y el consejero suplente Víctor Entrala.

Días atrás, la constructora informó que se desprendió de su paquete de acciones en la obra del soterramiento del Sarmiento, de las más importantes actualmente con un presupuesto de 3000 millones de dólares. Su parte pasaría a la italiana Ghella, que pasará a tener el 70%.

Además, el viernes se publicó en el Boletín Oficial que se creó la comisión entre el Ministerio de Transporte, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración para revisar todos los contratos.

Judicialmente, para la causa serán vitales los datos que pueden llegar desde Estados Unidos y que están en poder del FBI. Se calcula que las coimas pagadas en la Argentina alcanzan los 35 millones de dólares. Los cuatro jueces que deberán viajar son Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Daniel Rafecas.