Funcionarios del Gobierno Nacional y de 18 provincias del país participaron de una reunión ampliada del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), en la Casa de la Provincia de Salta en la Ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios trabajaron el miércoles pasado en los principales puntos que compondrán el proyecto para alcanzar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Por espacio de cinco horas, los funcionarios pulieron detalles respecto a la redacción de los principales puntos sobre los que se basará el proyecto. Entre ellos, el establecimiento de pautas claras sobre el gasto público y de ejecución presupuestaria para la Nación y de todas las jurisdicciones del país, a fin de converger hacia el equilibrio fiscal.

Los puntos consensuados:

1. Todas las jurisdicciones del país mantendrán constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes), hasta 2019 inclusive.
2. La creación de Fondos Anticíclicos Fiscales, serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia;
3. La incorporación de pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.
Los consensos alcanzados durante la jornada suponen un nuevo avance en el objetivo de alcanzar una nueva ley de Responsabilidad Fiscal, tras el histórico acta-acuerdo firmado por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y representantes de 21 provincias del país durante la última reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, celebrada el último 22 de marzo en Mendoza.
El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutor del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Está formado por un representante permanente del Gobierno Nacional y por ocho representantes provinciales, de carácter rotativo para garantizar la representación de todas las provincias.
Participaron de la reunión representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que, en representación del Estado Nacional, estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; el subsecretario de Presupuesto, Alejandro Gallego; y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero.

Un proceso gradual

El Gobierno pudo terminar de un saque con algunos problemas cuando comenzó su gestión, como el del cepo cambiario y el de la deuda con los holdouts. Pero ha decidido encarar otros, que son más estructurales -como el alto déficit fiscal y la inflación- en forma gradual. En el caso del agujero de las cuentas públicas, la administración macrista está en la curiosa situación de que “por izquierda” lo acusan de ajustar en forma salvaje, mientras que “por derecha” lo critican por ser tibio en términos de reducción del déficit.
El investigador del Cippec Walter Agosto coincidió en que “se pueden reducir los subsidios económicos, que son el 20% del gasto público, lo que impone una gradualidad, porque no puede haber otra manera”. Según expresó quien fue ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, “si bien hay posibilidades de plantear un clima de mayor austeridad, la diferencia debe hacerse en forma paulatina, y si la economía no crece, es difícil bajar el déficit. La mirada en cambio debe estar puesta en el gasto en personal de las provincias, que representa el 57% de sus gastos”.

El endeudamiento constante

El stock de deuda de las provincias fue de $ 240.000 millones a fines de 2015, lo que representó el 23,7% de los ingresos totales y el 4,2% del PBI del país. El peso del endeudamiento cayó paulatinamente en 2003-2015, pero con fuertes diferencias por provincia. Mientras que en 2016, las provincias argentinas finalizaron otro año con déficit fiscal, siendo el sexto año consecutivo en el que las jurisdicciones provinciales registraron desequilibrio en sus cuentas. Dicho resultado negativo fue amortiguado por la dinámica diferencial de los recursos coparticipados y el rezago temporal en la ejecución de la obra pública.
Además, en un contexto de mayor apertura política y ante la necesidad de alcanzar acuerdos parlamentarios, los gobernadores acordaron rápidamente el acceso a fuentes adicionales de fondos para financiar el desequilibrio: la colocación de deuda en el mercado internacional y los anticipos de coparticipación.
Sin embargo, de las nueve jurisdicciones que emitieron deuda en el exterior, siete registraban déficit fiscal, por lo que la estrategia de financiar los desequilibrios con endeudamiento externo tornó más vulnerables las finanzas provinciales, mostrando que no resulta sostenible en el largo plazo, máxime a la luz de un escenario global más adverso.
Algunas jurisdicciones presentan niveles de endeudamiento extremadamente bajos, donde la deuda no excede el 5 % del total de los recursos. En otras, estos indicadores superan el 40%. Por otra parte, los pasivos provinciales vienen dolarizándose.

Un ruido cada vez más fuerte

Los entendidos afirman que la combinación de desequilibrio fiscal con la posibilidad de acceso masivo a nuevo financiamiento exige una política pública que impida un endeudamiento desmedido. Dado el federalismo fiscal argentino, las provincias gozan de una elevada probabilidad de rescates por parte del gobierno nacional, que actúa como prestamista de última instancia.
Las provincias regulan su endeudamiento a través de sus constituciones. Así, los límites cuantitativos y cualitativos difieren entre provincias y, en muchos casos, son difíciles de interpretar. Además, en casi todas las provincias también hay leyes de administración financiera que, si bien carecen de reglas numéricas sobre endeudamiento, incluyen la denominada “regla de oro” (los estados solo pueden endeudarse para financiar inversión, no para gastos corrientes), cuya aplicación en muchos casos está exceptuada por otras leyes o es incumplida.
La regulación del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional opera más a modo de control procedimental para asegurar la capacidad de repago y prevalece, en la práctica, sobre las normas provinciales.
Esta multiplicidad de normas hace que la autorización del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional sea difusa y discrecional. Además, la información fiscal se publica de forma diferente en cada provincia y, generalmente, con mucha demora, lo que impide un seguimiento de los procesos de endeudamiento por parte de la ciudadanía.
Desde CIPPEC afirman que hay que coordinar el endeudamiento provincial en un ámbito específico. La creación del Organismo Fiscal Federal previsto en la Constitución Nacional podría cumplir, entre otras funciones, este rol.