Con un debate picante de más de cinco horas, ayer la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción y giró al Senado la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, que crea un régimen para condenar a las empresas que hayan cometido cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. La norma fue fuertemente reclamada por el Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción encabezada por Laura Alonso, quien estuvo presente en el recinto (la misma que alguna vez avaló públicamente las operaciones offshore).
El proyecto había sido aprobado la semana pasada en la votación en general, pero se empantanó en la discusión en particular.
La avanzada se logra a más de un año de los Panamá Papers, cuando no hay procesados por la filtración. Una muestra de la inercia que existe en el país para investigar y condenar ilícitos de tipo económico. Y documentación no falta. Fue la filtración de información más grande de la historia. Casi 12 millones de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca que llegaron a manos del diario alemán Süddeutsche Zeitung con información sobre unas 214 mil compañías. A partir del 3 de abril de 2016, medios asociados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comenzaron a publicar noticias en torno a los Panamá Papers.

La decisión alemana

Para dar una idea de la forma en que actúa un país y otro, Alemania dispuso, en la lucha contra la criminalidad organizada a través de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) comprar los «Panama Papers» por unos cinco millones de euros (5,67 millones de dólares) a una «fuente». Los datos serán utilizados para seguir de cerca la pista de posibles defraudadores fiscales alemanes y sus vínculos.

Qué pasó en Argentina

Increíblemente todas las investigaciones que se iniciaron en la Argentina por la megafiltración de la operatoria offshore que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) comparten un rasgo en común: los avances locales fueron escasos. Algunas causas, incluso, están heridas de muerte.
Los nombres abarcaron todo el espectro. Desde el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri hasta el ex secretario privado de Néstor Kirchner, un socio de Cristóbal López y el hoy intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Pero poco o nada ocurrió en los tribunales, a diferencia de lo que sucedió en otras partes del planeta, donde se registraron renuncias, arrestos, investigaciones judiciales y parlamentarias y reformas legislativas.
Por lo pronto, el expediente que se abrió por la operatoria offshore de los Macri sufrió un revés a fines de marzo, cuando la Cámara Federal criticó en duros términos la investigación que encaran el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, quienes requirieron información a Brasil, Panamá y Bahamas para determinar si hubo maniobras de lavado o evasión.
Los camaristas cuestionaron la falta de «avances cualitativos» y dijeron que se ha «diversificado la pesquisa». El juez y el fiscal buscan precisar si la operatoria está prescripta o, incluso, si deben enviar la pesquisa al fuero penal económico. Para Delgado, el fallo de la Cámara conllevará a «acotar mucho la investigación» sobre los Macri. «Juntamos muchos datos -se lamentó-, pero es posible que nunca sepamos qué pasó».
Tampoco registró mayores avances la pesquisa contra el ex secretario presidencial y hombre de extrema confianza de Kirchner, Daniel Muñoz, quien operó con una offshore en las Islas Vírgenes. Con su esposa, fue accionista de Gold Black Limited, creada para comprar propiedades en los Estados Unidos. Como director de la firma figuró Sergio Todisco, un marplatense con inmuebles por US$ 65 millones en Miami.
Toda la operatoria quedó bajo la lupa del fiscal marplatense Juan Manuel Pettigiani, quien le solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue si Muñoz utilizó a Todisco como testaferro. En Comodoro Py, la investigación quedó en manos del juez Luis Rodríguez. Muñoz falleció en mayo de 2016 y el magistrado archivó el caso, pero la Cámara dispuso la continuidad de la investigación y se enviaron exhortos al exterior. La viuda del funcionario, sin embargo, apeló y ahora la Cámara de Casación decidirá si la pesquisa continúa o se manda al archivo.

Conocidos regionales

Los Panamá Papers también revelaron que un socio de Cristóbal López, Federico de Achával, le prestó US$ 70 millones a la offshore de Nevada, Val de Loire, que terminaron en cuentas de Suiza y Alemania. Los documentos de Mossack Fonseca señalaban a De Achával como el beneficiario final de Val de Loire, por lo que la firma sería sólo una pantalla. Pero el empresario negó ser el dueño de la offshore y dijo que es de un accionista de Hipódromos de Palermo, con quien hizo operaciones legales.
La UIF confirmó datos revelados en los Panamá Papers, mientras que el juez Casanello ordenó una pericia contable y libró exhortos al exterior. No hace mucho, el fiscal Delgado requirió la declaración testimonial al intermediario uruguayo Juan Pedro Damiani y a una apoderada de la misteriosa firma Val de Loire.
Tampoco exhibe resultados sustanciales la pesquisa sobre Grindetti, quien manejó una sociedad en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza mientras ejercía como secretario de Hacienda porteño. El actual intendente de Lanús protagonizó diversas operaciones offshore entre julio de 2010 y julio de 2013 con la firma Mercier International, sociedad que le otorgó un poder para abrir, manejar y firmar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en Zurich. Después de atravesar cortocircuitos por la competencia judicial, la causa quedó a cargo del juez Diego Slupski, quien libró dos exhortos a Panamá y a Suiza, pero la respuesta todavía no llegó. La causa está frenada, según fuentes judiciales.
Por su parte, el ex titular del IOMA en la gestión sciolista, Antonio La Scaleia, apareció en IT Invest Group, una firma panameña activa desde 2014. La Justicia, que ya investigaba a La Scaleia por presunta defraudación e incorporó esa firma offshore a la causa penal. Según fuentes judiciales, el plan del fiscal Álvaro Garganta es avanzar sobre el patrimonio -y la firma offshore- de La Scaleia en una segunda etapa, si antes acumula pruebas concretas sobre la supuesta defraudación contra IOMA.
Apodado «el Bernie Madoff» argentino por la presunta estafa multimillonaria, el financista Enrique Blaksley Señorans afronta una causa por lavado que instruye la jueza María Servini de Cubría. Pero los expedientes no mostraron mayores avances -a pesar de los reportes negativos de la AFIP y la Procelac-, mientras que el empresario presentó en el fuero Comercial una lista de acuerdos firmados con ex clientes, en un intento por evitar la quiebra.
Otros casos, en tanto, mostraron avances, pero acotados. Así, por ejemplo, en la causa ESMA, la Justicia requirió datos sobre uno de los operadores del dinero negro de los represores, Miguel Ángel Egea. También se siguen pistas sobre sospechosos en las causas AMIA y por la desaparición de Julio López.

Los cuatro preocupados

Las filtraciones como los Panamá Papers y los Swissleaks no solo expusieron los abusos de empresarios, políticos y celebridades sino que ofrecieron evidencia contundente sobre cómo funciona un eslabón fundamental en la red global de servicios financieros offshore: los intermediarios encargados de montar las plataformas para la evasión y fuga. Los especialistas panameños de Mossack Fonseca y el HSBC Private Bank de Ginebra quedaron en el ojo de la tormenta pero no están solos. En el listado compuesto por estudios contables, bancos internacionales, firmas de abogados y casas de cambio, se destacan las grandes firmas internacionales de auditoría y consultoría conocidas como las Cuatro Grandes: KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PwC, que son fundamentales en el diseño de los esquemas utilizados por las principales grupos económicos locales y extranjeros para minimizar su carga tributaria.
“Esas empresas funcionan como cuasi reguladores en el corazón del sistema financiero global pero, sin embargo, sabemos muy poco sobre ellas. La rendición de cuentas del capitalismo global depende de empresas cuyas operaciones gozan de un elevado grado de opacidad”, advierten Richard Murphy y Saila Naomi Stausholm en el documento Las Cuatro Grandes, un estudio sobre la opacidad que esta semana será difundido por el Grupo GUE/NGL, un espacio que reúne a gran parte de la izquierda del Parlamento Europeo.
Dicen que la facturación combinada de las cuatro compañías superó los 135.000 millones de dólares en 2016. Un 40 por ciento del total lo generaron mediante consultorías, el 35 por ciento lo aportaron los servicios de auditoría y seguros, mientras que un 23 por ciento lo explicó la asesoría fiscal.

Fuentes: Parlamentario, LN, DPA.