A través del Decreto 522/2017, publicado en el Boletín Oficial y rubricado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, la nueva Ley, que había sido aprobada por el Congreso Nacional en julio de 2013, pero que recién es reglamentada cuatro años más tarde, dispone que el Estado obtenga una muestra de ADN de quienes hayan sido condenados por esos delitos.
En este contexto, el primer considerando del Ejecutivo señala que el Registro tendrá como objetivo exclusivo “facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal, vinculada a delitos contra la integridad sexual y con el objeto de proceder a individualizar a las personas responsables”; a su vez, indica que tales delitos “generan una gran preocupación en la sociedad, dado que vulneran derechos fundamentales de los individuos”.
En la ciudad de Puerto Madryn, durante el 2016 y según cifras oficiales del Ministerio Público Fiscal, hubo un total de 20 denuncias por “abuso sexual agravado” y “estupro”, todas ellas consumadas y ninguna en grado de tentativa, al tiempo que, en 2015, la cifra fue similar: 19 casos consumados y uno en grado de tentativa.
Según se desprende de un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), el 35 por ciento de las mujeres en el mundo sufrió, en una o más ocasiones, violencia sexual por parte de sus parejas o conocidos.

Comisión interdisciplinaria

El texto de la nueva norma hace especial hincapié cuando esos hechos ocurren “contra niñas, niños y adolescentes o van acompañados de violencia sexual, que incluso puede terminar en la muerte de la víctima”.
También, en su segundo artículo, se crea la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, “a los efectos de coordinar, articular, brindar asesoramiento y seguimiento a la implementación y funcionamiento del Registro como a los actores vinculados al mismo”.
Se trata de una comisión que estará integrada por representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y que diseñará el cronograma para la puesta en marcha del Registro a través de la labor de ese equipo interdisciplinario.
Por otra parte, entre sus funciones deberá dictar “las normas necesarias para el aseguramiento de la cadena de custodia y transporte seguro de las evidencias y muestras biológicas obtenidas en el marco de la investigación de un delito contra la integridad sexual, hasta los laboratorios de genética forense acreditados”.
El texto expresa que el juez o Tribunal que hubiera dictado sentencia condenatoria por este tipo de delitos, con anterioridad a la vigencia de la referida reglamentación, tendrá un plazo de seis meses para ordenar la extracción de muestras biológicas necesarias para obtener el perfil genético, el cual quedará asentado en la nueva base de datos, una vez la misma sea implementada.

A nivel provincial hubo menos denuncias

A lo largo y ancho de la provincia del Chubut, la cifra se incrementa en lo que refiere al año 2016, en el cual, según datos del Ministerio Público Fiscal a los que el Diario tuvo acceso, hubo un total de 87 denuncias por abuso sexual agravado y estupro; este último, abarca una amplia gama de actos sexuales practicados por una persona mayor de edad con una “persona menor de dieciséis años” y desde trece años cumplidos, siempre y cuando el autor se hubiese aprovechado “de su inmadurez sexual”, ya sea por recurrir a la diferencia de edad o por tener una relación de preeminencia, al tiempo que prevé penas de 3 a 6 años de prisión cuando no existen agravantes, y en caso de que los hubiera, se extiende de 6 a 10 años.
Del total de 87 denuncias realizadas en Chubut durante 2016, 86 responden a hechos consumados, mientras que tan solo una fue en grado de “tentativa”, es decir, no se concretó el abuso sexual agravado o estupro.
Dicha cifra se redujo con respecto a 2015, año que arrojó unas 105 denuncias y solo una en carácter de “tentativa”.