Con 170 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, el pasado miércoles, la reforma de la Ley 24.660 “De Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad”, de carácter nacional y que rige en la provincia del Chubut al igual que en el resto del país.
La nueva normativa, que fue reclamada en reiteradas ocasiones por familiares de víctimas de distintos delitos, afecta a los autores de, por ejemplo, delitos contra la integridad sexual, homicidio agravado, secuestro extorsivo seguido de muerte; tortura seguida de muerte; robo con armas o en despoblado y en banda; trata de personas; violaciones a la Ley Antiterrorista; financiamiento del terrorismo; contrabando agravado y producción y comercialización de estupefacientes.
La limitación de las excarcelaciones demandaría una importante disponibilidad del sistema carcelario, el cual, según distintas organizaciones, podría verse perjudicado a partir de lo que calificaron como “soluciones ineficaces”; la ciudad de Puerto Madryn, por ejemplo, posee “cupo completo” en las cuatro dependencias policiales, y además de que, de acuerdo a la propia Ley 24.660, los reclusos no deben ser alojados en comisarías, lo cierto es que tampoco hay espacio en el Instituto Penitenciario Provincial, cuyo segundo módulo se encuentra en construcción y podría abrir sus celdas en recién en diciembre.

Qué se modifica

Mientras que, hasta entonces, los delincuentes comprendidos bajo dicha órbita podían acceder a beneficios como la libertad condicional, prisión domiciliaria y salidas transitorias, a partir de ahora deberán solicitar dichos institutos una vez que se cumplan las dos terceras partes de la condena.
Sin embargo, distintos abogados y actores del Poder Judicial han manifestado que las modificaciones realizadas a la Ley, que rige desde 1996, pueden llegar a entenderse como ”inconstitucionales”, dado que violarían el denominado “principio de igualdad”, estableciendo, en cierto modo, una categoría de autores para quienes cometan determinados delitos, y otra para aquellos que no se encuentran contemplados en la nueva norma.

Inocencia “interrumpida”

Entre las críticas realizadas al proyecto que ahora es Ley, especialistas han sostenido que la nueva normativa quita facultades a los jueces otorgándoselas a la Policía, presumiendo que el solo hecho de que un individuo porte un arma se constituye como un delito, además de no respetar el “principio de inocencia”, contemplado en el Artículo 16 de la Constitución Nacional; el mismo establece que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Riesgos procesales

Por otra parte, los detractores de las nuevas modificaciones afirman que, en su plena aplicación, la norma desconoce que la denegación de la excarcelación a personas que aún no hayan sido condenadas, solamente debería concretarse cuando existan pruebas fehacientes que acrediten los denominados “riesgos procesales”, que son el “peligro de fuga” y el “entorpecimiento de la investigación”.
Inclusive el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que ya en 2013 se había opuesto al proyecto de ley que limitaba las excarcelaciones en Santa Fe, aduciendo que el mismo no era “compatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos”, en esta ocasión manifestó que se trata de “soluciones ineficaces que agravan la crisis penitenciaria actual», haciendo referencia a la ausencia de un diagnóstico certero “para enfrentar el problema que generó tanta preocupación social”.

Sin estructura de aplicación

Otra de las problemáticas que implicaría la limitación de las excarcelaciones es la estructura edilicia de los distintos servicios penitenciarios; en particular, en la provincia del Chubut existe un constante déficit en lo que refiere al alojamiento de presos; prueba de ello es la situación edilicia de dependencias policiales como las de Puerto Madryn, que se encuentran al límite de su capacidad, al tiempo que el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 3, también se encuentra “completo”, mientras que avanza la obra para la construcción de un segundo módulo.
Ya en abril de 2017, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, anticipó que para el mes de diciembre se encontraría operativo el módulo en cuestión, que permitiría alojar a 72 reclusos a partir de una inversión de, aproximadamente, 150 millones de pesos y la disponibilidad de más de 80 agentes de seguridad para operar en el mismo.
De este modo, el hecho de que beneficios como la libertad condicional, prisión domiciliaria y salidas transitorias queden atados al cumplimiento de las dos terceras partes de la condena, demandaría una estructura carcelaria con la que, actualmente, muchas provincias del país no cuentan.

Más cárceles provinciales

En este contexto, fuentes del Gobierno Provincial, en diálogo con el Diario, confirmaron que “antes de fin de año estaría la fecha para poder fijar la inauguración de la ampliación del Instituto Penitenciario”, en referencia al segundo módulo carcelario y anticiparon que están en curso otras obras, próximas a inaugurarse, además de que se harán nuevas inspecciones, a fines de este mes, de módulos carcelarios de Comodoro Rivadavia.
En dicha localidad, también se hará una ampliación de la Alcaidía, así como también se estaría gestionando un proyecto para la construcción de un instituto penitenciario en la ciudad de Esquel, “donde ya está el terreno determinado y se está trabajando en ello”.
A su vez, confiaron en que “tras un largo tiempo en el que no se había invertido en lo referido a lo carcelario, desde el inicio de la gestión de este Gobierno Provincial se detectó esta cuestión, por lo que se empezó a proyectar lo que hace falta en distintos puntos de la provincia”.
Las obras “continúan”, agregaron, remarcando que de manera simultánea también lo hacen “la capacitación de personal, además de proyectar, para los años siguientes, el índice presupuestario para poder incorporar más personal y que también, la provincia del Chubut, pueda tener su Ley Penitenciaria y cuente con personal penitenciario en el cuidado de los detenidos”; el proyecto de Ley ya fue enviado a la Legislatura Provincial; en la actualidad, las personas detenidas se encuentran bajo resguardo policial.

La subcomisaría de Madryn, pendiente

La misma, como otras tantas dependencias policiales previstas a lo largo y ancho de la provincia, “está prevista en lo que hace a la seguridad, y se priorizaron las cuestiones señaladas por los intendentes en base a sus necesidades”, mencionaron, agregando que el objetivo final sería que las comisarías no alberguen personas detenidas o condenadas; por ello, “estamos tratando de generar los espacios acordes para que las personas que han sido condenadas puedan cumplir su condena en un ámbito determinado, con diferentes actividades como talleres, actividades deportivas y demás, y que las comisarías estén libres, para poder focalizar el personal policial en la prevención del delito en las calles”.
Si bien la subcomisaría aún no tiene fecha cierta de construcción, la misma estaría ubicada en una fracción de tierra denominada catastralmente como Circunscripción 3, Sector 5, Manzana 60, con una superficie aproximada de 622.85 metros cuadrados, propiedad del Municipio; el anuncio de la obra de dicho establecimiento, a fines de 2016, provocó quejas en algunos vecinos del barrio Solana, que habían adquirido sus terrenos con la expectativa de que se construyera una plaza frente a sus futuras casas, pero tras conocer la noticia de que una dependencia policial estaría ubicada en ese lugar, varios de ellos manifestaron su intención de vender sus terrenos.
Actualmente, los episodios delictivos ocurridos en dicha zona quedan bajo la jurisdicción de la Comisaría Tercera, ubicada sobre la avenida Juan B. Justo, de modo que muchas veces, las víctimas deben radicar las denuncias en dicho edificio, ubicado casi a dos kilómetros de sus viviendas; sin embargo, en los últimos tiempos se ha reforzado el patrullaje por la zona, por parte de móviles policiales como patrulleros y personal de la división Motos de la Policía.