Comienzan a delinear la reforma laboral para después de las elecciones

La reforma laboral está en la agenda del Gobierno y ya no hay dudas que la propuesta formal llegará tras las elecciones de octubre. El ministro Triaca admitió días pasados que la intención es avanzar en la reforma, pero aseguró que “tiene que ser un producto del consenso de los argentinos”, y esta semana se conoció que la iniciativa oficial, se centrará en la baja de aportes y en reducir la litigiosidad. Afirman que no tocará la ley de contrato de trabajo, ni la de asociaciones sindicales, aunque desde los gremios temen que se esté frente a un esquema de flexibilización como en los ‘90.
Desde la Casa Rosada ya no ocultan su intención de avanzar en una reforma laboral después de las elecciones. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, admitió que es posible que en breve comience una discusión para avanzar en ese tema. Sin embargo, aclaró que “va a depender de lo que los actores sociales estén dispuestos a trabajar. Tanto el sector empresario como el de representación sindical tienen que analizar ese proceso de producción con la madurez que requiere ese análisis”, dijo en declaraciones a la prensa porteña.
El Gobierno buscará consenso, y de hecho viene negociando con la CGT, desde hace meses, los cambios que propone introducir en la legislación vigente, y en ese marco le habría anticipado a la dirigencia que no se tocarán ni la ley de contrato de trabajo, ni la de asociaciones sindicales.
Los impuestos y el costo laboral no salarial, que lideran los reclamos del sector empresario, son dos aspectos que el Gobierno prevé abordar como eje del debate, al igual que la conflictividad, de la que se lamentan las PyMEs.
Un factor clave para la eventual discusión será el resultado de las elecciones legislativas de octubre próximo ya que, cualquier proyecto de reforma laboral deberá pasar indefectiblemente por el Congreso y la correlación de fuerzas será decisiva a la hora de discutir cada cambio propuesto por el gobierno de Macri.

Combate al empleo en negro

La ofensiva contra la litigiosidad laboral se ha convertido en un eje fundamental de las reformas estructurales que planteará el Gobierno. Además crece la preocupación por que no se logra evidenciar creación de empleo, para lo cual se analiza la condonación de multas a quienes regularicen la situación de sus empleados, la implementación de mayores castigos a quienes persistan en mantener a dependientes mal registrados o empleo “en negro”, y el otorgamiento de beneficios a quienes han cumplido con la ley, para que la medida no sólo beneficie a evasores. Así comienza a diseñarse el blanqueo laboral.
Entre las alternativas, se destaca la baja del porcentaje, o eliminación, del monto de las multas por “empleo en negro” que va al bolsillo de quienes no estuvieron registrados en forma total o parcial.
En la actualidad, la tasa de desempleo ronda el 10% y los asalariados no registrados suman cerca de 4,5 millones (33% del total), y el Gobierno parece creer que el sistema impositivo vigente y los juicios laborales, sólo incentivan el trabajo informal.
En materia laboral, observan como una posible solución la creación de un régimen diferenciado para las empresas y emprendedores por el que no se apliquen las excesivas sanciones estipuladas en las leyes 24.013 y 25.323.

Crecimiento exponencial de demandas

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los últimos años se produjo un crecimiento exponencial de demandas laborales, en 2012 ingresaron 63.000 casos, en 2014 fueron 78.000 y en 2016 la cifra llegó a 115.000.
Considerando sólo las demandas que están a la espera de sentencias vinculadas con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), son 300.000 los casos acumulados por un monto de 5.000 millones de dólares.
Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en el primer semestre 2017, las notificaciones de nuevas demandas contra las ART crecieron 22% respecto de igual período del año anterior. La UART afirma que aumentaron de 54.914 a 66.861 casos.
Esto significa que en junio hubo un incremento interanual del 11%, con 11.491 juicios notificados, contra 10.375 de ese mes en 2016. El índice de demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos escaló de 140 a 169 de un año a otro, de acuerdo a UART.
Pese a este incremento en la litigiosidad, la entidad que representa al 97% del mercado local de aseguradoras de este sector entiende que “la nueva Ley 27.348 irá produciendo progresivamente una merma de los juicios, ya que ha corregido aspectos del proceso que lo hacen más rápido y transparente”.

Precarización y flexibilización

Entre otros aspectos que se analizan dentro del plan de reforma laboral del Gobierno nacional, un punto destacado es el fomento del empleo para jóvenes, especialmente aquellos con nula experiencia laboral, que necesitan un régimen especial para obtener su primer empleo.
La propuesta que ya está siendo analizada, es la generalización de un sistema de pasantías con jornada reducida, que implica ventajas impositivas para el empleador. El concepto del Gobierno es que la disminución en el costo laboral de las empresas redundará en una mayor contratación y formalización de trabajadores.
El proyecto propone exenciones e incentivos para los empleadores que incorporen a trabajadores con poca experiencia laboral, y que tengan entre 18 y 24 años. La medida es resistida por el sector sindical y por la oposición que sostiene que profundizará la precarización laboral al flexibilizar las condiciones de contratación.
El Gobierno necesita aumentar la representatividad de Cambiemos en ambas cámaras del Congreso, pero todo indica que no será posible contar con una mayoría propia, por lo que resulta necesario avanzar en las negociaciones con la oposición desde ahora, y claramente que los acuerdos que se puedan alcanzar con la CGT de cara a una reforma laboral, serán clave para el debate legislativo.