El diputado radical Luis Petri, presidente de la Comisión de Seguridad Interior, se refiere a la incorporación de derechos para las víctimas de delitos. Además, explica su proyecto para aumentar penas a los robos con armas.

– ¿En qué consiste su proyecto para aumentar las penas a los robos que se cometen con armas?

– En este proyecto lo que estamos haciendo es llevar casos de arma simulada o de utilería a penas de 5 a 15 años de prisión. En muchos casos, los robos se perpetraban con un arma que no era habida o era destruida, o se le sacaba la aptitud para el disparo, se le sacaba el percutor, y a partir de ahí se reducía significativamente la pena. En lugar de ser una pena de 7 a 20 años, pasaba a ser una pena de 3 a 10 años, con todo lo que eso supone en lo que tiene que ver con la condena de ejecución condicional, la libertad condicional, las salidas transitorias. La víctima relataba que le habían apuntado con un arma de fuego o le habían pegado un culatazo, pero el arma no tenía el percutor o no era apta para el disparo porque le habían doblado el caño, entonces muchos de los robos con armas terminaban en la pena de 3 a 10, ni siquiera en la de 5 a 15 años. Si estamos hablando de armas simuladas, el arma simulada tiene una característica y es que es representativa de un arma real, el arma de utilería tiene que tener la capacidad de hacer creíble y verosímil que es un arma de fuego, y a partir de allí se genera un fuerte impacto para la víctima. Entonces, creemos que la figura de 3 a 10 tiene que pasar a ser un supuesto de 5 a 15.
Lo que hay que destacar es la impresión que tiene la víctima al momento del robo, quien no sabe si el arma tiene o no tiene efectivamente aptitud para el disparo.

– En Diputados avanza un proyecto de ley de protección a víctimas de delitos, ¿cuál fue su aporte en la iniciativa?

– Propuse fortalecer el rol de la víctima en el proceso penal. La víctima en el proceso penal es desplazada, estigmatizada, desinformada, cuenta prácticamente con muy pocos derechos con lo cuales fortalecer su rol. Se trata de informarla, darle la posibilidad que tenga intervención activa, darle atención médica, psicológica, jurídica, que cuente con asesoramiento jurídico gratuito. Que tenga incluso más derechos que el propio imputado, porque actualmente está desequilibrada la balanza. Encontramos imputados que cuentan con decenas de derechos y las víctimas con cuatro o cinco derechos. Se busca que pueda participar en el proceso en las mismas condiciones que lo puede hacer un fiscal. Intentar orientar las acciones del Estado a tratar de reparar y volver las cosas al estado anterior a la ocurrencia del delito. Estamos trabajando con un proyecto del Frente Renovador, que justamente trata el tema de la atención y un proyecto que yo ya había elaborado en 2014, que estaba específicamente orientado al fortalecimiento de los derechos en el proceso penal. Por ejemplo, un derecho que es reclamado incesantemente por las víctimas es la devolución de los objetos robados, inmediatamente, sin dilaciones. O no permanecer en las dependencias judiciales en el mismo lugar en el que permanece el imputado y su familia, por la coacción, las amenazas. O poder recusar a jueces y fiscales de la misma manera que lo puede hacer el imputado. Declarar sin la presencia del imputado, sobre todo en los casos de delito sexual, por la impresión y el trauma psicológico que esto genera. Todos estos derechos para nosotros son transcendentales y suponen un cambio de paradigma en el proceso penal, donde la figura central pasa a ser la víctima, merecedora de tutela, reparación, atención y de justicia. Estamos esperando que el proyecto tenga este año la media sanción.

– Esta semana usted participó de una reunión de seguimiento de la gestión del Ministerio de Seguridad en la Casa Rosada, ¿qué se analizó en el encuentro?

– Analizamos los resultados de la gestión, que han sido muy positivos. A partir del acuerdo “Argentina Sin Narcotráfico”, las incautaciones de cocaína se han duplicado, pasamos de dos mil y pico de kilos de cocaína incautada en el 2015, a más de cuatro mil en el 2016. Esto habla claramente de un direccionamiento y un accionar decididamente. Además, la cantidad de incautaciones de drogas sintéticas, en unidades, pasó de 22.700 el año pasado a 99.500 dosis este año. También ha sido muy positivo el despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el territorio, y en las provincias donde se están complementando con las fuerzas locales, casos Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza; como también las fuerzas de seguridad en las fronteras, donde claro está, tenemos fundamentalmente el ingreso de cocaína y marihuana. (Fuente: Parlamentario)