El Gobierno nacional entregará a los habitantes de villas, asentamientos y urbanizaciones informales de todo el país, el Certificado de Vivienda Familiar, que les servirá para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, y solicitar la conexión a servicios públicos como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas.
Con el certificado, que será emitido por la ANSeS, también se podrá tramitar CUIT, CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. Además, se creará un registro de barrios populares que se encuentren en pleno proceso de integración urbana.
Según la UCA, no cede el nivel de la pobreza estructural. La mirada que propone la universidad muestra que, tras una mejora pasajera en 2015, la situación de carencias volvió a agravarse; hay 8 millones de personas afectadas

Censados

Desde la Casa Rosada niegan que se trate de un gesto «conciliador» hacia los movimientos sociales, que ya preparan una nueva andanada de protestas y reclamos en coincidencia con las elecciones legislativas.
Con la firma del presidente Mauricio Macri, el Gobierno estableció por decreto la creación de un registro de «barrios populares» (villas y asentamientos), sobre la base de un relevamiento hecho por organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Barrios de Pie, junto con sectores de la Iglesia y la organización Techo.
Junto al relevamiento, el Gobierno establece el comienzo de la entrega, para el más de millón y medio de censados, de los denominados certificados de vivienda familiar, con los que los beneficiados podrán acceder a servicios como agua y electricidad de manera legal.

3725 barrios relevados

«Venimos a ordenar la situación en 4100 barrios que hemos relevado. A esas familias se les dice, por primera vez en la historia, que se les reconoce que viven allí», afirmó uno de los ministros que se encargaron del proyecto, que incluyó a Rogelio Frigerio (Interior), Carolina Stanley (Desarrollo Social) y al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
El trabajo de las organizaciones sociales aún no terminó, pero en los 3725 barrios que ya fueron relevados viven más de 400.000 familias, y un total de 1.340.272 personas. «Nos sorprendió el escaso porcentaje de mayores de 65 años que viven allí (un tres por ciento del total), y que más de la mitad tiene menos de 35 años», afirmó, preocupado, otro ministro que participó de las reuniones previas a la firma del decreto, ayer, en la quinta presidencial de Olivos.

Arranca el 8 de junio

A partir del 8 de junio, la extensión de certificados (que estará a cargo de la Anses) tendrá sus pruebas piloto en tres rincones del país: dos en el conurbano (San Isidro y Lomas de Zamora) y uno en la provincia de Corrientes (Villa Albertina).
«Se eligieron estos distritos porque son muy diferentes entre sí, a ver cómo funciona el sistema», expresó uno de los responsables de la iniciativa.
El universo relevado es enorme: sólo en la provincia de Buenos Aires se detectaron 1612 villas o asentamientos, 333 en Santa Fe y 264 en Chaco, por citar sólo los números más altos. En provincias como Santa Cruz, los barrios populares relevados fueron sólo 5, y en La Rioja, 14.
«Más de la mitad de los barrios nació antes de 2000, y un cuarto del total es posterior a 2010», afirmaron desde el Gobierno, en crítica a la última etapa del kirchnerismo. «Esto demuestra que muchas veces las soluciones a estos problemas no llegan sólo dando dinero, porque hay problemas estructurales que llevará años solucionar», afirmaron cerca de Stanley. Los gobernadores e intendentes fueron consultados y les pidieron permiso para efectuar el relevamiento, puntualizaron fuentes oficiales.

Sin contraprestación

Desde el Gobierno negaron que los beneficiarios estén obligados a alguna contraprestación a cambio del certificado. También tomaron distancia de la entrega de títulos de propiedad a cada poseedor de una casilla o terreno en un asentamiento, «porque eso requiere una maraña de trámites de tal complejidad que no se analizó en esta etapa». Otro ministro afirmó que «se busca además que esto no se transforme en un negocio de compra y venta de certificados, por eso se le da a cada persona y es intransferible», agregaron.

Advierte la UCA que no cede la pobreza estructural

Pese a que hubo una mejora en términos de ingresos, hay ocho millones de personas en situación de vulnerabilidad. La UCA difundirá nuevas cifras alarmantes sobre la pobreza estructural en la Argentina. En base a siete indicadores, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) mide la situación de la población y lo que marcará es que ocho millones de personas que no tienen acceso a por lo menos tres de las siete dimensiones de derechos desde los últimos 15 años.
Esos indicadores son: la seguridad alimentaria, cobertura de salud, servicios básicos como conexión a la red de agua corriente, vivienda digna, recursos educativos, afiliación al sistema de seguridad social, y acceso a las comunicaciones y a la información.
El diario La Nación anticipó que lo que reflejará el ODSA es que la pobreza estructural no cede. Los números que se conocerán en breve sobre 2016 son comparables a los de 2014. En 2015 se vio una mejora, pero desde la UCA lo atribuyen a que fue un año electoral. El informe reflejará una mejora de los ingresos, pero un empeoramiento de las condiciones estructurales.
«Al estar afectados en tres o más dimensiones, es difícil que estos ocho millones de habitantes de la Argentina salgan de esta situación de pobreza. Por mucho que se les asignen programas sociales, no se resuelven sus problemas de calidad de vida», dijo al matutino Agustín Salvia, investigador responsable del ODSA.

Y agregó: «Hay diferentes metodologías para medir esta pobreza estructural, no sólo el método del observatorio. No afirmamos que hay que medir con nuestro método, pero sí que necesitamos que haya un debate a nivel nacional y acuerdos académicos e institucionales para definir qué es la pobreza en sus diferentes dimensiones, y a partir de ahí fijar metas medibles para bajarla a través de políticas que mejoren la calidad de vida de quienes la padecen».
Respecto a lo que ocurrió en 2015, Salvia explicó que «en términos económicos fue mejor, seguramente porque fue un año electoral». «El Estado puso mucho dinero en circulación a través de programas sociales. Hubo una inyección de dinero, es cierto, pero la pregunta es si eso es sostenible. El 2015 fue mejor entonces, a mi juicio, de manera ficticia, vía emisión o gasto público insostenible. Todavía estamos viendo si este gobierno va a lograr una mejora de la pobreza de manera sostenible», señaló.