La jueza en lo penal de Puerto Madryn, Patricia Reyes, analizó la recientemente sancionada Ley que establece la Emergencia en materia de violencia de género a lo largo y ancho del Chubut, que se basa en la realidad poco alentadora que arrojaron los últimos casos que tuvieron como víctimas a mujeres.
Ello, en un contexto nacional donde los femicidios se han incrementado con el pasar de los años, pese a la instalación en el colectivo social de consignas como “Ni Una Menos”, que buscan concientizar respecto de un flagelo cada día más presente en hogares de todas las clases sociales de Argentina.
“Una de las cuestiones importantes es lo que sucede a nivel país, a lo que la sociedad del Chubut no puede estar ajena; ha habido muchos hechos graves y, en la provincia, no tan graves pero sí han existido”, afirmó Reyes, agregando que “fue necesario que esto se visibilice, entiendo que los legisladores vieron la necesidad porque la sociedad lo está pidiendo a gritos, y que ‘Ni Una Menos’ exista desde 2015 y se haya puesto en la vidriera, hizo que muchas cosas se visibilizaran, pero eso no quiere decir que antes no existían; siempre existieron”.

Diario: ¿Cómo analiza la figura del femicidio y su significado en la sociedad actual?

Patricia Reyes: – El femicidio consiste en que un hombre mate a una mujer por ser mujer. Para mí, que en el (artículo del Código Penal) 79 diga ‘el que mate a otro’, por el hecho de que los derechos son de todos, el que mate a otro puede ser un hombre o una mujer. Lo que sucede es que, si uno dice estas cosas, parecería ser que está en contra de que se sancionen este tipo de leyes, aunque estoy hablando de un punto de vista técnico. Sin embargo, por ejemplo, tiene un efecto para la sociedad que los legisladores se hayan hecho cargo de esas cuestiones y, de alguna manera, lo pusieran en la letra de la Ley. Eso hace que se evidencie que hay algo sobre lo que la gente, la sociedad y los legisladores se han preocupado para buscar la solución. Hay que tener en cuenta las palabras cuando se comunica, y desde el punto de vista técnico, creo que el artículo 79 abarcaba todo, pero si uno piensa si esto (por la Ley y la figura del femicidio) fue necesario para que la sociedad se diera cuenta de algunas cosas, creo que fue necesario que lo pusieran en la letra de la Ley para que la sociedad se diera cuenta de algunas cosas y, quizás, que se instalara y visibilizara el tema, que se supiera que existían este tipo de situaciones de violencia familiar que cada vez iban ‘in crescendo’.

D: ¿Por qué cada vez los femicidios son más aberrantes?

PR: – No podría explicarlo porque no tengo los conocimientos sociológicos y psicológicos, pero tiene que ver con el estado en el que se encuentra la sociedad hoy en día; necesariamente, una familia está inserta en la misma sociedad, entonces la misma convive con el aumento que hubo en el nivel de violencia, y que existe. Además, no solamente han aumentado los tipos de delitos contra las mujeres en un contexto de violencia familiar; en realidad, hay un incremento del delito en todos los ámbitos. En la provincia, ha ido creciendo y, desde el punto de vista del Derecho Penal, nosotros lo vemos más seguido, hay cada vez más casos de abuso sexual, más homicidios, más robos violentos.

D: En el caso de los abusos, ¿hay realmente más casos o se denuncia más?

PR: – Hay muchas más denuncias, porque creo que todo el trabajo que se hizo desde la Educación Sexual en las escuelas ha hecho que algunas víctimas, que antes no se animaban a decir algo, ahora se animaran a decirlo. Hay muchas denuncias de madres que se están preocupando por situaciones a las cuales antes no les prestaban atención. Esto es parte de la educación de la sociedad. Tenemos muchas denuncias de abuso. En el ámbito intrafamiliar, la violencia ha crecido un montón en este sentido. Hay muchas madres que dicen ‘yo veía esto hace tiempo’, ‘a mí también me pasó y en su momento no me animé a denunciar’, y ahora, como ven algo que les parece que está mal y que está más al alcance de la mano denunciar, lo hacen. Porque hoy todo el mundo sabe donde está la Comisaría de la Mujer o a la Fiscalía, son de fácil acceso. Hemos notado el aumento de los casos y creo que tienen que ver con eso.

D: ¿Cuánto influye la ‘revictimización’ para que algunas víctimas no quieran denunciar, por tener que repetir la misma historia en cada organismo al que van?

PR: – Se trata del mismo problema de la gente que está inmersa en la violencia familiar, y va de un instituto a otro, del Juzgado de Familia al ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), de éste al SAVD (Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito) y de allí a la Fiscalía. Creo que es necesario articular todo ello, porque sí o sí, tanto en el abuso sexual o dentro de las violencias de género y familiar, es necesario un abordaje interdisciplinario y multidisciplinario, deben estar la asistente social, el psicólogo, el abogado, la persona que contenga a los niños, que tiene que ser un psicólogo con otra formación, ya que el trabajo con los más chicos es diferente. A su vez, dichas áreas deben estar conectadas, porque, sino, uno se encuentra a una mamá que dice que tal situación ya la denunció en el expediente que sigue por maltratos, y que de ahí le hicieron una entrevista en el ETI y le dijeron que tenía que hacer la denuncia; una vez hecha la misma, esta llega al SAVD, y dentro del marco de la misma, es necesario hacer un informe psicodiagnóstico. Entonces, van a los médicos psicoforenses y cuentan de vuelta lo que les sucedió. Claramente, hay que arreglar esta situación, porque es es victimizar, que la persona tenga que repetirlo. En principio, se solucionaría si cada uno de estos estamentos estancos empiecen a trabajar en conjunto; es difícil, porque cada uno trata de trabajar lo mejor posible dentro de su ámbito, con foco en el niño o la víctima. La respuesta, también, es más formación y capacitación, en todos los ámbitos, como el judicial, el de salud y educación. Hay mucho para trabajar y cada cosa que se hace, suma. La Ley de Emergencia parece para algunos innecesaria, pero en definitiva, suma.

D: La Emergencia plantea cuestiones como la reinserción laboral de las víctimas, el cupo del 2% para ingresar a la administración pública, créditos y subsidios, entre otras. ¿Es posible concretar estos beneficios en los dos años que durará?

PR: – Sí, si esto se pone como prioridad dentro del Gobierno Provincial y se le da el empuje que pretenden los legisladores que propusieron la Ley. No sé cuál es el fin de ellos, creo que el fin de la Ley de Emergencia debe ser que se instale la problemática y se empiece a trabajar, pero a largo paso. Es decir, tomar esto como un puntapié inicial y hacer que el Gobierno Provincial ponga la partida económica, y una vez formados los equipos, hay que tener en cuenta que el último artículo de la Ley dice que es ‘renovable’. Creo que, más que renovable, ya debería quedar fija dentro de la organización del Gobierno Provincial, y que, de ahí en más, sea para mejorar esa estructura, porque cuando se hace algo, debe ser pensando en la víctima, de aquí a largo plazo y para siempre, ya que víctimas de violencia de género habrá siempre, no va a ser fácil de solucionar en un período de gobierno. Es un problema de los argentinos, que no hacemos cosas a largo plazo, yendo siempre detrás del problema e intentando solucionarlo con un parche. En cuanto a los subsidios que propone la Ley, que los haya es importantísimo, porque la víctima de violencia de género, muchas veces tiene miedo porque (denunciar) le va a significar que no tenga más el respaldo económico; si se piensa en una madre con dos o tres niños pequeños y que es víctima de violencia por parte del papá de los mismos, también es lógico que piense que, si se va, los niños no van a tener qué comer o dónde vivir. Entonces, es necesario el subsidio.

D: ¿Qué sucede con las casas-refugio?

PR: – Hace rato que venimos bregando porque las haya. No van a solucionar definitivamente el problema, pero en el momento crítico cuando ocurre la agresión, por ejemplo, un viernes o sábado a la noche, se tiene que poder sacar a la mamá y los chicos de ese lugar y que tengan un espacio momentáneo donde dormir y vivir. En cuanto al (subsidio para el) alquiler que se le da a la persona, me parece bien que se le ponga un plazo, porque está bien la ayuda, pero también es positivo ayudar a esa mamá a que se reinserte socialmente, y para eso, otra vez es necesario un acompañamiento psicológico y jurídico, para que sepa cuál es el camino a seguir. El primero es muy importante, porque muchas veces la gente critica que ‘volvió con el marido’ y que luego vuelve a denunciar; ese es el ciclo de la violencia. Si entendemos que el ciclo es que hay un momento crítico, luego un período de perdón, después lo que se denomina la ‘luna de miel’, donde se vuelven a arreglar para luego comenzar algunos resquemores y peleas, hasta que se vuelve al ciclo violento, nos vamos a dar cuenta que no es que a la mujer no le importe, sino que hay que ayudarla psicológicamente para que salga de ese ciclo. No es fácil, porque a veces, la mujer que se animó a denunciar lleva años de estar en ese ciclo, donde lo perdonó y piensa que va a cambiar, y comienza nuevamente el ciclo de violencia, hasta que se da el momento crítico. Muchas veces, son mamás que ven que al principio, la violencia la fueron soportando, hasta que ven que puede afectar a sus hijos; ese es, en varias ocasiones, el disparador para que denuncien. Después, si no tiene cómo vivir y cómo darle de comer a sus hijos, también se va a preocupar por eso.

D: ¿Qué aspectos de la Ley de Emergencia en Violencia de Género no le parecen acertados?

PR: – Lo que no me parece bien, y esto es una valoración personal, es el punto que habla de insertar a la víctima en la Administración Pública, donde, además, se le va a dar lugar ‘real y efectivamente’ por su condición de víctima. Esto es un doble discurso de la sociedad, porque si la sociedad pretende que quienes trabajen en la Administración Pública sean personas que dicho lugar se lo ganaron por su idoneidad y su formación, en este caso, solamente ingresaría la persona por ser víctima de violencia. A lo mejor, una persona que es víctima de violencia de género tiene otra idoneidad, no quiere decir que el Estado no pueda ayudarlas a reinsertarse laboralmente, y teniendo en cuenta que si hay cargos disponibles en la Administración Pública, poder darle una oportunidad; pero acá suena como que, porque es víctima de violencia, puede estar dentro de la administración pública.

D: El presupuesto asignado a la Ley es del 0,01% del Presupuesto Provincial. Es decir, 4 millones de pesos para aplicarla en todos sus aspectos, durante dos años. ¿Alcanza el dinero y el tiempo?

PR: – Creo que será algo complicado para el Gobierno, porque este año tocó vivir en la provincia, por ejemplo, lo que sucedió tras el temporal en Comodoro Rivadavia, ahora con la tormenta de nieve, y es algo que no podemos desconocer, estamos inmersos en esta sociedad, en la que pasan estas cosas. Desconozco si el proyecto estuvo estudiado para determinar si el 0,1 por ciento alcanzaría para ponerlo en funcionamiento, no he hablado con las legisladoras que lo presentaron.

D: En cuanto al mapa de la violencia de género en Madryn, ¿cuáles son sus características?

PR: – Hay una transversalidad, esto significa que la violencia va en todos los estamentos, no tiene nada que ver con la clase social, con la educación, formación, es decir, se da en cualquier lado. En la provincia, en general, lo que falta es un monitoreo real para poder armar un verdadero mapa del delito respecto de esta problemática, porque falta coordinar los datos. Por eso, la Ley habla de un Observatorio, el cual es necesario y viene por mandato de la Convención Belém do Pará, a partir de la cual es necesario que se haga, en los países miembros que firmaron dicha convención, un Observatorio, para poder saber donde se está parado, porque si no diagnosticamos, no podemos hacer un pronóstico. Si la Ley fuera en base a un diagnóstico real realizado en la provincia, quizás estaríamos analizando qué podemos mejorar de la Ley Provincial XV 12 de Violencia Familiar, que está vigente en la provincia y en la que pueden mejorarse un montón de cosas. Además, hay que tener en cuenta que dicha Ley nunca se reglamentó con un decreto que reglamentara cómo entender cada uno de esos artículos. De hecho, eso hace que, en las distintas circunscripciones, haya diferente interpretación de algunos artículos de la Ley, cuando no debería ser así.

D: ¿Cómo será el desafío relacionado a la reunión de información?

PR: – Actualmente, no hay una buena concentración de datos estadísticos. A nivel del Colegio de Jueces de la Ciudad, puedo decir que, a partir de este año, pedimos que se prestara más atención a la cantidad de prohibiciones de acercamiento y exclusiones del hogar que se hacen desde el punto de vista penal, pero eso no es solamente algo nuestro; en el Juzgado de Familia se hacen prohibiciones de acercamiento y exclusiones del hogar que, como no derivan en delitos, (los jueces penales) no tenemos conocimiento sobre ellas. Entonces, hay que coordinar esos datos estadísticos para tener un dato real de dónde estamos parados en la provincia. Es algo necesario y primordial. Seguramente los legisladores (que aprobaron la Ley) tienen algunos datos, pero lo que digo es que hay que centralizarlos. Hay datos en los juzgados de familia, en el juzgado penal, en la comisaría de cada una de las circunscripciones y localidades del interior, y todo ello hay que centralizarlo.