El presidente del bloque de Cambiemos, Eduardo Conde, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Chubut adhiera a la Ley Nacional 27.328, del Régimen federal de contratación público-privada. El diputado provincial pide además, la creación en la Legislatura de una Comisión de Seguimiento para el control del alcance y aplicación de los Contratos de Participación Pública-Privada celebrados a nivel provincial. La Comisión debe estar integrada por siete diputados provinciales, “respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas que la componen; y tendrá las facultades establecidas en el capítulo IX de la Ley Nacional N° 27.328”.
En los fundamentos, el legislador provincial expresa que “el Congreso de la Nación aprobó recientemente la ley 27.328, estableciendo un Régimen de Contratación Público- Privada. Este tipo de contratación consiste en un contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno, para proporcionar un bien o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo significativo y una posible responsabilidad de gestión, y al mismo tiempo la remuneración está vinculada al desempeño”.
Conde sostiene que “Argentina no solamente necesita el aporte del Estado para resolver el hecho de que uno de cada tres argentinos no tiene agua potable o que el 33% no tiene cloacas. Además, es necesario reconstruir las rutas del país y también unos 10 mil kilómetros de vías, pero muchas veces el aporte estatal no alcanza para todo eso”.
“Muchos países -incluida Argentina- han recurrido a este instrumento de participación público-privada. La ley es un incentivo para que los proyectos que requerirían mucho tiempo para concretarse dadas las limitaciones de financiamiento del estado puedan adelantarse a través del financiamiento privado”, afirmó el legislador de Cambiemos.

Rol del privado

Este esquema de asociación “permite que quienes tienen las mejores capacidades técnicas lleven las obras adelante, que los procesos de adjudicación y control se realicen con transparencia y que los proyectos sean concretados de acuerdo a los plazos previstos. El privado asume parte sustancial del riesgo de construcción y obtención de financiamiento”.
El legislador comodorense asegura que “una de las claves para la creación de empleo en la Argentina y, por ende, para el desarrollo económico del país, es que se materialice la inversión en infraestructura, y los contratos de participación público-privada, son una herramienta eficaz para lograrlo”.

Selección y control

“La selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público, nacional o internacional. Los pliegos licitatorios deberán poseer criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las MIPyMEs, salvo que la unidad de participación público-privada que se crea por esta ley justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión en las condiciones y necesidades particulares del proyecto”, sostiene Conde.
En los fundamentos se expresa además que “las funciones de regulación y de poder de policía del Estado son indelegables. El cumplimiento de los contratos que se celebren en los términos de este régimen estará sujeto al control de la contratante, que tendrá amplias facultades de inspección y control”.
El presidente del bloque Cambiemos afirma que “el proyecto invita a las Provincias a adherir al régimen, y consideramos que es una herramienta muy importante para incorporar en nuestra Provincia, que también planea recuperar los años perdidos por falta de inversión, planteando un ambicioso programa de infraestructura en conjunto con el Gobierno Nacional”.