No hay dinero en Nación ni en las provincias, pero de algún lado saldrá la campaña política para tratar de retener o conseguir el poder. El periodista Hugo Alconada Mon contó en televisión recientemente cómo se construye el financiamiento de una campaña electoral y qué montos se manejan de acuerdo al tipo de elección; además, diferenció las fuentes declaradas de los aportes en negro. «Con el comienzo de la campaña empieza la recaudación. En términos generales, Massa, Macri y Scioli en 2015 dijeron que gastaron entre 200 y 250 millones de pesos, pero los allegados dicen que la cifra trepa, al menos, a 1000 millones de pesos», contó el periodista.
Dicen los que saben que en la diagramación de una boleta electoral, los nombres que están arriba corresponden a los que arrastran votos, en la segunda franja están los operadores y luego aquellos que logran entrar porque aportan más dinero que otros.
Luego están las donaciones oficiales de privados y los aportes por fuera de lo declarado, como los bolsos con dinero de Antonini Wilson o el financiamiento de Odebrecht para las campañas en Brasil.

Datos para el recuerdo

El matutino La Nación analizó casi 10.000 registros de aportantes de las principales alianzas para descubrir quiénes financiaron la campaña electoral del 2015. ¿Cómo se hizo? Se tomaron los informes finales que Cambiemos, Frente para la Victoria, Frente Renovador y Compromiso Federal presentaron ante la Justicia, en el marco de la investigación de posibles ilícitos en la campaña 2015 con dos tendencias: por un lado, las donaciones indirectas de empresas -prohibidas por la ley- y, por el otro, lavado de dinero de actividades ilícitas como la corrupción que -sospechan- se pudo haber blanqueado con el uso de empleados públicos como pantalla para justificar los aportes.

Empresarios al poder

Dicen que Cambiemos fue la fuerza política con más ingresos declarados durante 2015: $ 286 millones. Utilizó $ 162 millones para hacer frente a las tres campañas electorales y, además, recaudó otros $ 124 millones en las cuentas de Pro en 2015. Este último dinero -según declararon sus autoridades- también fue invertido en la campaña. Cambiemos sinceró parte de los millonarios gastos, con aportes cercanos a la realidad que en muchos casos permiten seguir la trazabilidad del dinero, coinciden las fuentes especializadas.
El oficialismo se apoyó en empresarios de confianza de Mauricio Macri . ¿Quiénes financiaron la campaña del Presidente? Jorge Pérez Alati fue el donante más generoso: aportó $ 2,7 millones en 2015. Pérez Alati, un hombre que suele compartir encuentros con Macri durante sus descansos en Cumelén Country Club, de Villa La Angostura, desembolsó en febrero y en marzo una suma total de $ 1,7 millones a Pro. Además, el estudio «Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnstsen y Martínez de Hoz (h.)» aportó casi $ 1 millón al partido.
Diez días antes del ballottage, Daniel Awada, el cuñado del Presidente, desembolsó $ 2,6 millones para financiar el último tramo de la campaña. El alto monto de la donación llamó la atención de la Justicia, que ahora investiga al empresario textil.
Pero también el candidato bancó su propia campaña. Mauricio Macri aportó $ 2 millones para Cambiemos. La misma cantidad de dinero donó la familia Ferioli-Ostry, otro de los grandes aportantes. Jorge Ferioli, ex titular de petrolera San Jorge, es una fuente de consulta del Presidente en temas energéticos. Su nombre sonó para YPF, pero su llegada no se concretó.
También aparecen empresarios vinculados a Despegar.com con donaciones al partido por $ 1,9 millones: el CEO, Roberto Souvirón ($ 900.000), Christian Vilate ($ 500.000), otro de los fundadores, Martín Rastellino ($ 300.000) y Alejandro Tamer ($ 200.000).
Otros dos empresarios aparecen entre los aportes más acaudalados. Ivana Román, representante del holding de logística y grúas Grupo Román SA, donó $ 1,5 millones. La misma cantidad aportó el abogado Ricardo Mihura Estrada. Ambos son investigados por la Justicia por sus altos aportes. Más atrás figura la familia Zorraquín ($ 1,4 millones).
La Justicia intentará determinar si los aportes de estos empresarios se hicieron a título personal o si, en realidad, esconden dinero que sus empresas transfirieron al candidato, acción penada por la ley.

Negocios puntanos

La siempre polémica relación entre políticos y empresarios tomó otra dimensión en San Luis. El gobernador Alberto Rodríguez Saá sentó en abril a los empresarios que construirán el megaproyecto parque La Pedrera, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales, escuelas y un hospital. Seis meses antes, buena parte de esas empresas puntanas habían desembolsado los millones que permitieron financiar la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saa, el hermano del gobernador.
¿Cómo se hicieron los aportes? Como la ley no permite el aporte de empresas, las compañías utilizaron a empleados. A diferencia de lo que sucedió con el Frente para la Victoria, los puntanos eligieron pocas personas de confianza para realizar donaciones por altos montos. Por ejemplo, Cecilia Ciccarone, empleada de Rovella Carranza SA, aportó $ 385.000. También aparecen aportes similares de al menos otros dos empleados que trabajan para proveedores que la constructora suele subcontratar en las obras públicas.Rovella Carranza construirá el estadio único ($ 600 millones) y el autódromo de San Luis. Pero los vínculos de Rovella Carranza con la política no se limitan a esta provincia: ganó obras públicas por $ 17.000 millones durante el kirchnerismo.
Las refacciones en el parque La Pedrera ($ 300 millones) quedaron a cargo de Lumma SA, una empresa puntana que suele construir casas para la provincia. Meses antes, la familia Moreno -a cargo de la firma- había desembolsado $ 700.000 para la campaña de Rodríguez Saá.

Soldados del Estado

Por parte del FPV, un ejército de empleados públicos, concretamente cuatro mil doscientos cuarenta y ocho soldados aportaron pequeños montos para financiar las campañas electorales de Daniel Scioli en 2015. Nadie aportó más de $40.000. Sólo Julio Garramuño, un empleado de la Uocra que vivía en Villa Lugano, se estiró hasta los $60.000. La mayoría aportó $10.000. Así justificó el sciolismo los $110 millones declarados oficialmente como gastos en proselitismo, más otros $ 5 millones que declaró el Partido Justicialista en su balance partidario.
Más del 70% de los «grandes aportantes» -con contribuciones de hasta $ 40.000- que declaró el oficialismo son empleados públicos. Hay desde docentes hasta cuadros técnicos del Consorcio de Gestión Del Puerto La Plata, una de las principales cajas a la que echó mano el sciolismo para justificar sus gastos de campaña.
«Smurf laundry» o «lavado pitufo» lo llaman los especialistas. Es decir, blanqueo a través de pequeñas cantidades de dinero sobre un amplio universo de personas físicas que permiten justificar fácilmente esos ingresos. Sobre esa hipótesis trabajan distintos estamentos de la Justicia. A pesar de manejar pequeños montos, el Frente para la Victoria (FPV) ya quedó en jaque: la Cámara Electoral detectó más de 700 monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 40.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000.
La administración bonaerense domina la planilla del FPV. Entre los nombres más salientes aparecen siete directores del Banco Provincia que figuran entre los donantes más generosos, con aportes por $ 40.000 cada uno. También seis empleados del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata.
La manipulación de los empleados públicos llegó a la Justicia cuando tres empleados de ARBA denunciaron haber sido incluidos en la nómina oficial sin su consentimiento y sin haber realizado donación alguna. El artículo 15 de la ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe que las fuerzas reciban «contribuciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la donación por sus superiores jerárquicos».
Aunque en menor medida, también figuran entre los aportantes empresarios vinculados a proveedores del Estado. como el caso de Cirujía JFS, Arx Arcillex o Angiocor. Hay también cinco directivos de Havanna SA, entre ellos el ex funcionario Chrystian Colombo. Cada uno aportó $40.000 Y, por último, donaron una decena de empresarios vinculados a transportistas de residuos especiales.
La alianza UNA (Sergio Massa) vaya si hizo uso de los recursos del Estado. En su lista de aportantes (menos de 40 nombres) aparecen algunos funcionarios cercanos al candidato, pero también figuran una buena cantidad de empleados públicos. La mitad de los aportantes -todos con bajos montos- están en la planta de empleados de Tigre, territorio propio para el líder opositor.
A pesar de que la instalación de Massa en la calle y en los medios estuvo a la altura de sus competidores, el Frente Renovador declaró la campaña más económica entre los candidatos con más posibilidades de llegar a la Casa Rosada: $57 millones; menos de la mitad que Macri y Scioli.
Incluso, la Cámara Electoral remarcó en la auditoría sobre las PASO que la lista de Massa incurrió en llamativos gastos de pre-campaña, es decir, aquellos desembolsos realizados antes del período permitido por ley. Pero la mayor cantidad de fondos recaudados por el Frente Renovador no se concretaron mediante el aporte «hormiga» de empleados públicos, sino por las transferencias internas de los partidos de la alianza. Fueron $ 25 millones. Especialistas y funcionarios judiciales coinciden: como no existe ley que regule el financiamiento electoral en las provincias, la recaudación en los distritos se convierten en un verdadero «agujero negro» de la política. Un tema para seguir de cerca.
Fuentes: LN, Perfil, Poder Ciudadano.