Recientemente, la Procuraduría Penitenciaria de la Nación elaboró un relevamiento sobre la cantidad de presos, detenidos y condenados en Argentina, desde el punto de vista de la producción de información por parte del Estado.
Al respecto, el informe alerta que la falta de información pública y confiable “es un obstáculo insoslayable a la hora de diseñar y evaluar políticas públicas en cualquier ámbito” y que “esto no es distinto en cuanto a las políticas penales y más específicamente, las penitenciarias”. Algunos países “actualizan la publicación de las estadísticas penitenciarias en sus sitios web de manera semanal, mensual o semestral, en nuestro país no hay ninguna institución penal que haga tal cosa; en Argentina recién en setiembre de 2016, se publicó el último dato oficial que corresponde a diciembre de 2015, y por otra parte la última publicación del Servicio Penitenciario Federal, fue el informe de gestión 2015, que contiene estadísticas para su ámbito de actividad”.
En un contexto global, agrega que la población carcelaria mundial total en 2015 era de 10.357.134 presos, es decir, un 2 por ciento más que los reportados en 2013, mientras que la Tasa de encarcelamiento mundial era de 144 presos por cada 100 mil habitantes, misma cifra que en 2013. “Si se agregasen las 650 mil personas bajo detención administrativa en China y las 150 mil personas en campos de prisioneros en Corea del Norte, la población carcelaria mundial superaría los 11 millones de personas en el mundo, con una tasa aproximada de 156 presos por cada 100 mil habitantes”, indica el relevamiento.
Sobre esta línea, precisa que los datos globales del informe World Prison Population List (WPPL por sus siglas y “Lista de Población Encarcelada a Nivel Mundial”, por su traducción) indican “un relativo estancamiento del encarcelamiento a nivel mundial, sin embargo dentro de estas cifras de conjunto se presentan evoluciones nacionales y regionales diversas y hasta contradictorias que se contrarrestan entre sí; por caso, la Argentina sigue una evolución de crecimiento ininterrumpido de prisioneros tanto en términos absolutos como de su tasa de encarcelamiento”.

Cinco países tienen la mayoría de los presos

El relevamiento explica que “al ver el aporte, en términos absolutos, de cada país al conjunto de los 19 países seleccionados, lo primero a destacar es como los cinco países con más presos, que lo son además a nivel mundial, Estados Unidos, China, Brasil, Rusia e India, acumulan casi el 80 por ciento del total” y añade que, “sin embargo, para tener una idea del peso relativo del encarcelamiento en cada país, o sea teniendo en cuenta la población de cada uno, debe verse el gráfico siguiente con la tasa de presos cada 100 mil habitantes, en comparación con la del conjunto de los 19 países y con la mundial; puede verse entonces que muy pocos países se encuentran cercanos a la tasa conjunta y a la mundial, encontrándonos con una gran varianza entre los extremos, representados por la tasa, cada 100 mil habitantes, de 666 presos para Estados Unidos y la de 33 para la India, y además hay una dispersión de los valores muy marcada entre medio de estos extremos; la Argentina con una tasa de 168, aunque bastante alejada de los valores más altos, se encuentra por arriba de las tasas conjunta y mundial”.

Tres provincias argentinas no aportaron datos

Por otra parte, el estudio manifiesta que, en Argentina, la cantidad de presos, contando sólo los detenidos en ámbitos penitenciarios, pasó de 25.163 en 1996 a 72.693, a fines de 2015, arrojando, para dicho año, una tasa de 168,54 cada 100 mil habitantes.
A su vez, agrega que “si se contabilizan las personas detenidas en comisarías de todo el país, a excepción de tres provincias que no lo informaron (Misiones, San Luis y Santiago del Estero), los presos en 2015 ascienden a 76.998 y representan una tasa de 178,52 personas cada 100 mil habitantes; no obstante, la cifra no incluye 1.487 personas menores de edad en centros penales de niñez y adolescencia, tampoco personas internadas en clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas”.
En este contexto, el informe arroja que “el 83 por ciento del total de las personas presas al 2015 en el país se concentran en los Servicios Penitenciarios de cinco provincias y el Servicio Penitenciario Federal: Buenos Aires (33.482), Servicio Penitenciario Federal (10.274), Córdoba (6.802), Mendoza (3.862), Santa Fe (3.027) y Salta (2.602)”, añadiendo que “entre 2014 y 2015 la cantidad de personas detenidas en el país creció un 5 por ciento, sin considerar los detenidos en comisaría, de 69.060 a 72.693” y que “para fines de 2015, el 85,9 por ciento de los presos en Argentina se alojan en cárceles provinciales y el 14,1 por ciento en cárceles federales/nacionales; del total de presos en cárceles del país, sin considerar comisarías, el 46,1 por ciento se encuentra alojado en unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense”.

Poca variación de presos por delitos federales

A pesar de que la variación es casi de un 50 por ciento en el término de los últimos 13 años, la cantidad de presos por delitos del orden federal no es extensa. “El saldo entre 2002 (3.745 presos federales) y 2015 (5.583 presos federales) es un incremento del 49 por ciento, mientras fue del 57 por ciento para la población penal del conjunto del país en el mismo período”, especifica el documento.
Por otra parte, afirma que “debe tenerse presente que además del sub–registro antedicho (comisarías y otros) en el transcurso de estos años algunas jurisdicciones provinciales han tomado competencia en causas por la ley 23.737 de Estupefacientes; esto último explica el comportamiento ondulante de la evolución de los presos federales en el SPF, tendencia que vuelve al alza a partir del año 2010 y se estanca en el año 2014”.

La mitad son procesados y el 1% “inimputables”

Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2015, el 51 por ciento de las personas presas en Argentina se encontraba en calidad de procesado (medida cautelar), el 48 por ciento condenado y el 1 por ciento resultaban personas inimputables, por cuestiones de edad, salud mental, etcétera. “Analizando los datos de edad, el 6 por ciento tiene entre 18 y 20, 17 por ciento entre 21 y 24 años, el 39% entre 25 y 34 años y el 23% entre 35 y 44 año; así, el 62% tenía menos de 34 años y el 85% menos de 44 años”, indica el registro, añadiendo que “el 96% son hombres y el 94% argentino. El 90% residía en ámbitos urbanos al momento de ser detenido. El 72% no había alcanzado o pasado del nivel de escolaridad básica, es así que el 38% contaba con primario completo, el 28% con primario incompleto y el 6% no registraban ningún nivel educativo formal. Según esta fuente, el 59% no tiene ningún trabajo remunerado en la cárcel y el 79% no recibió capacitación laboral dentro del encierro”.

7 mil jóvenes en conflicto con la ley

El Informe más reciente “Relevamiento Nacional sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Año 2015”, elaborado por Unicef, tiene en cuenta que “el universo de estudio del relevamiento contempla, por un lado, a todos los dispositivos de aplicación de medidas judiciales de carácter penal que integran el sistema penal juvenil en las distintas jurisdicciones del país; es decir, todos los establecimientos y programas responsables de la aplicación de medidas de privación o restricción de libertad, impuestas a adolescentes de hasta 18 años infractores y presuntos infractores de la ley penal, dispuestas por juzgados federales, nacionales, provinciales, tribunales orales, entre otros, con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y agrega que, “por otro lado, se incluye la población de adolescentes alojados en los distintos establecimientos de privación o restricción de libertad, o incluidos en los programas de supervisión, en cumplimiento de una medida judicial de carácter penal”.
Sobre esta línea, sostiene que “se da cuenta de un total 7.178 niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAyJ) en conflicto con la ley penal, los cuales se distribuyen en 5.701 en ‘programas de supervisión en territorio’, 1.305 en ‘establecimientos de privación de libertad’, 172 en ‘establecimientos de restricción de libertad’”, siendo estos últimos los que “albergan adolescentes y jóvenes infractores o presuntos infractores a la ley penal; la mayoría son Centros Socio-educativos de Régimen Cerrado, aunque en menor medida, también existen Centros de Admisión y Derivación, Alcaidías y Comisarías”. Tal sería el caso del Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), ubicado en la Ruta Nacional 3 que une las ciudades de Chubut y Puerto Madryn.

Inconsistencia en cifras de fallecidos en prisiones

En esta categoría, el informe elaborado por la Procuraduría Penitenciaria de la Nación menciona que “el Estado argentino, desde el ámbito ejecutivo, específicamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación –organismo que produce la estadística oficial penitenciaria– hasta el año 2014 no había publicado en los informes SNEEP datos en relación a la cantidad y motivo de fallecimientos de personas detenidas en los diferentes servicios penitenciarios provinciales y el servicio penitenciario federal nacional del país” y que “el Estado argentino no informaba cuantas personas bajo su custodia fallecían anualmente ni por qué motivos”.
Sin embargo, “no es que no contaran con información, como podemos comprobar en el libro que se publicó el año 2012 “Una gestión penitenciaria integral”, allí se publican datos para la serie 2002—2010, claro que en tablas separadas los fallecidos y los suicidados; como decíamos más arriba recién en el año 2014 esta información es publicada en el informe SNEEP, y se reiteró en el informe 2015 lo que llevaría a pensar que tras 12 años del informe SNEEP la información ya está en condiciones de publicarse”.
En este sentido, “de la primera versión de la Tabla de Fallecimientos de Detenidos en la Argentina para el año 2015, con un total de 304 publicada en el mes de en julio de 2016, pasamos a 247 informado en agosto del mismo año y por último, en la consulta realizada en el mes de marzo del año 2017, se publican 267 fallecimientos”, añade el relevamiento
Consecuentemente, desde la Procuraduría plantearon que “a más de un año de la publicación del SNEEP del año 2015, el Estado Argentino informó tres ‘versiones distinta’ sobre la cantidad de fallecidos en cárceles del país; no se detectó, por lo tanto, una preocupación metodológica y política por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por revisar la consistencia interna de los datos enviados por los distintos servicios penitenciarios, como así tampoco recurrió a las reglas básicas en recolección y reconstrucción de información que es, entre otras, la consulta a otras fuentes públicas existentes como la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuraduría de la Violencia Institucional y la Defensoría General de la Nación”.