Este miércoles, vecinos de Puerto Madryn se convocarán en la Plaza San Martín para criticar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que un fallo arrojara la posibilidad de que 278 imputados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar de 1976.
El hecho también generó resistencias dentro del propio Poder Judicial e incluso por parte del Gobierno Nacional, desde donde criticaron el fallo y hasta lo calificaron como algo que “deja un sabor amargo”.
Incluso, el Tribunal Oral 5 de Buenos Aires negó la excarcelación a dos imputados que podían verse beneficiados con el “2×1”; además, dos fiscales bonaerenses pidieron la inconstitucionalidad del fallo; se trata de Ángela Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas, y Pablo Parenti, quien encabeza la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.
Desde el Concejo Deliberante de Puerto Madryn también se sumaron al repudio a dicha medida y se ampararon en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, la Provincial y la Carta Orgánica de la ciudad, para manifestar su “más enérgico repudio” a la decisión tomada por la CSJN.
El pasado sábado tuvo lugar una marcha en la ciudad de Puerto Madryn, donde varios vecinos se manifestaron en contra del fallo que beneficiaría a represores; sin embargo, la convocatoria mayor tendría lugar este miércoles en las inmediaciones de la Plaza San Martín, a las 18 horas.

Cómo se aplica el fallo en la práctica

En un texto que recibió el apoyo de la unanimidad de los bloques durante la última Sesión Ordinaria, los ediles coincidieron en que “por medio del pronunciamiento efectuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el mismo órgano ha decidido conceder el beneficio conocido popularmente como ‘Dos por Uno’ a genocidas terroristas de estado que cometieron los crímenes más aberrantes” y que “el fallo, que se aparta burdamente de las Políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia que impulsa el Estado Argentino, fue suscripto por los magistrados Elena Highton de Nolasco; Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti en el caso Luis Muiña (Expediente Bignone Benito A. y otros/ recurso extraordinario) y se fundamenta en la aplicación de la Ley 24.390 (conocida popularmente como el beneficio del dos por uno) por tratarse de la Ley más benigna”.
Sumado a ello, sostuvieron que “la mencionada Ley 24.390, actualmente derogada, estuvo vigente entre los años 1994 y 2001” y que “tal normativa posibilitaba computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme; de tal manera, las penas pueden reducirse de forma notable”.

Respeto a pactos internacionales de DD.HH.

Por otra parte, los bloques del Concejo Deliberante plantearon que “los votos en disidencia de los Magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda consideraron que el beneficio no resulta aplicable a los Delitos de Lesa Humanidad, entre otros argumentos, porque el otorgamiento de la reducción prevista por la Ley 24.390 requiere la evaluación de si la Ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delitos correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso; en otros términos, los Delitos de Lesa Humanidad jamás pueden ser igualados a los delitos comunes, para los que el Legislador oportunamente previó el beneficio”.
A su vez, “los Delitos de Lesa Humanidad tienen características particularísimas que permiten su identificación en el orden internacional, son imprescriptibles y su persecución compete a todo el sistema internacional de Derechos Humanos, conformado por los Estados que son parte de un sistema jurídico que se obligan a respetar mediante la suscripción de diversos Pactos Internacionales, que en nuestro país tienen rango constitucional, según lo dispuesto por la propia Carta Magna”, arrojaron.

Críticas a sectores políticos

En otro orden, el documento estableció que “el pronunciamiento de la Corte resulta sin dudas un nuevo mojón en la marcada ofensiva que desde diversos sectores judiciales, políticos y mediáticos se viene efectuando contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, se inscribe en un momento en el que se ven amenazadas muchas de las conquistas democráticas de nuestra sociedad”, argumentando que “sugestivamente, a los pocos días de que otro Fallo de la Corte dispuso la no obligatoriedad de observancia de las Resoluciones de Tribunales Internacionales de Derechos Humanos”.
Sobre este margen, entendieron que “resulta cada vez más clara la intención de determinados sectores con oscuros intereses de apartarnos de los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos, lo que resulta de una gravedad institucional extrema”.
Los efectos “sumamente nocivos” del pronunciamiento de la Corte Suprema “ameritan sin dudas un enérgico repudio por parte de todos y todas los que estamos profundamente comprometidos con los valores de la democracia y el estado de derecho”, manifestaron los concejales, agregando que “la democracia se construye día a día, en un ejercicio cotidiano de respeto hacia el otro y tolerancia a lo diverso, por eso no podemos permanecer indiferentes ante quienes relativizan el terrorismo de estado y ante quienes relativizan a sus víctimas, porque no hay futuro sin Memoria, sin Verdad y sin Justicia”.

Piden adhesión de municipios

De esta manera, el documento, dirigido de manera directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó de manera determinante: “Este Concejo pronuncia su más enérgico repudio ante el Fallo de la Corte Suprema de Justicia la Nación Argentina, en el caso de Luis Muiña (Expte ‘BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario’) que declaró aplicable el beneficio que oportunamente dispuso la actualmente derogada Ley N° 24.390, conocido popularmente como ‘dos por uno’, para penas de prisión por delitos de Lesa Humanidad. Lo antedicho se expresa con el total convencimiento de que la citada resolución de la Corte sienta un precedente muy nocivo para el estado de derecho y la convivencia democrática, a la vez que aleja de forma muy preocupante a nuestro país del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos” y extendió la posibilidad de adherir a dicha postura “a todos los Municipios y Concejos de la provincia de Chubut, así como a la Cámara de Diputados de esta provincia”.