En un documento titulado “Ante el fallo del 2×1: Memoria, Verdad y Justicia”, desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) criticaron en duros términos la decisión que, finalmente, fue desestimada por la unanimidad del Senado de la Nación, tras sancionar con fuerza de ley el proyecto que limitaba el “beneficio” al que podrían haber accedido unos 287 imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Desde la entidad, encabezada por Alberto Binder y Alfredo Pérez Galimberti, expresaron que “la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aplicar una ley derogada, creada para otros fines, a un torturador encarcelado por crímenes de lesa humanidad ha sumido de estupor a toda la sociedad, reviviendo viejos debates y viejas -y actuales- heridas de nuestra historia institucional; lo que es peor, intenta con un “disfraz garantista” invocar igualdad y derechos para todos, gestando un fallo jurídicamente incorrecto y políticamente inadmisible”, sostuvieron desde la institución.

“Premeditación”

Sobre este punto, agregaron que “los Magistrados de Corte tienen un difícil y complicado rol que cumplir en un Estado de derecho; deben aplicar ‘el derecho’ pero también deben revestir sus fallos de argumentaciones sólidas y contundentes que justifiquen sus decisiones, como máxima y última instancia; este fallo no sólo contradice una política de Estado esforzadamente construida a lo largo de casi cuatro décadas, sino que incurre en multitud de falacias, intentando aparentar que se aplican principios constitucionales, cuando lo que en realidad encubren es una decisión meditada para conmutar penas en delitos que por su enorme gravedad quedan al margen de cualquier beneficio, y así lo expresan, y así están vigentes en Argentina, los instrumentos jurídicos internacionales”.

Buenos y malos jueces

De este modo, remarcaron que “el debate, entonces, no es garantismo (supuestamente doctrina que se traduce en este fallo) vs. Aplicación irrestricta de la ley” y argumentaron que “de lo que se trata aquí es de evadir esa ejemplar política de Estado de ‘memoria, verdad y justicia’ para conceder beneficios que terminan ofendiendo la dignidad humana; la CSJN no sólo no estuvo a la altura de las circunstancias, sino que elaboró un fallo ejemplar de lo que un magistrado de Corte no debe hacer, que es tratar las normas jurídicas como si pudieran modelarse a su arbitrio, ignorando un conjunto de elementos que hacen la diferencia entre un buen juez y aquel que no lo es”.
Finalmente, puntualizaron que “repudiamos el fallo del 2×1 que beneficia a represores, invocamos a no confundir este debate con cuestiones técnicas que son utilizadas como justificación de una decisión inaceptable socialmente, y acompañamos a las víctimas que vuelven a ser victimizadas después de 40 años”.

Vacío legal

En relación al reposicionamiento del Gobierno Nacional respecto del fallo de la Corte que generó polémica, desde el bloque Cambiemos del Concejo Deliberante de Puerto Madryn destacaron que “los legisladores nacionales se han puesto a la cabeza de un reclamo a la sociedad, un vacío legal que había durante la gestión anterior y que no fue subsanado” y mencionaron que “consecuentemente, la Corte Suprema terminó dictando este fallo del 2×1 para los represores”.
Sin embargo, plantearon que “es evidente que hay un vacío legal, donde no se limitaba el 2×1 a los delitos de lesa humanidad, y con esto, ahora queda subsanado y se trata de una respuesta, en cuyo marco el Gobierno Nacional, así como todo el arco político, reaccionaron rápidamente, llegándose a una solución de aquí en adelante”.