Hasta el 18 de mayo, una comitiva del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria de Personas realizará tareas de relevamiento y análisis sobre las dependencias de la provincia del Chubut, en donde se encuentran alojadas personas que han sido detenidas por determinados delitos, así como también aquellas que poseen condena firme, como es el caso de la Penitenciaría, inaugurada en 2016 en las inmediaciones de la Ruta Provincial 3 que une las localidades de Trelew y Puerto Madryn.
En esta última, si bien la situación edilicia y de infraestructura de las comisarías sería buena, lo cierto es que en dichos edificios continúa habiendo individuos detenidos, algunos de los cuales poseen condena firme; por ejemplo, uno de los casos que involucra a una de las dependencias refiere a un recluso condenado a cadena perpetua, quien debería ser trasladado a la Unidad Penitenciaria Provincial; sin embargo, la falta de espacio y de condiciones adecuadas es, a ciencia cierta, una problemática que comparten la mayoría de las ciudades del Chubut.
De este modo, la comitiva de la ONU buscará auditar si se cumplen las condiciones establecidas en los distintos tratados referidos a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, a los cuales Argentina ha adherido anteriormente.

Infraestructura y mal uso de instalaciones

En Puerto Madryn, hay aproximadamente medio centenar de personas detenidas, algunas por delitos menores y otras por cuestiones más graves. Desde la Unidad Regional indicaron que “el estado general de las comisarías es bueno”, aunque aclararon que “obviamente, todo edificio, más si es público, siempre requiere de algún tipo de mantenimiento; esto hace que mejore su imagen y que pueda satisfacer las necesidades de quienes están dentro de dicho espacio físico, tanto de quienes están trabajando, como así también, quienes cumplen alguna medida por imposición o a raíz de algún delito que hayan cometido, por el cual estén privados de la libertad”.
Sin embargo, “en cuanto a la problemática que se suscita”, sostuvieron, en referencia a las quejas y reclamos que suele haber por parte de reclusos por problemas de infraestructura o sanitarios en las dependencias, “en cuanto a los internos alojados en cada una de estas dependencias, tiene mucho que ver el tema de las redes cloacales; estas, tal vez se ven interrumpidas o son tapadas, pero todas las veces que personal ha trabajado sobre estos sistemas, ha podido corroborar que las falencias se originan como consecuencia de objetos que se tiran a estos desagües, por parte de los propios detenidos”.

Denuncian “avivadas”

Sobre esta línea, indicaron que “el interno, muchas veces, no cuida el espacio físico donde está alojado o cumpliendo su condena, en algunas oportunidades, por el mismo ocio, y en otras, porque buscan algún otro beneficio”.
De este modo, “surgen cuestiones particulares que afectan, en cierta manera, a la sociedad, y algunos de ellos quieren tal vez lograr sus beneficios, y contribuyen a esto, para ver si pueden beneficiarse; por ejemplo, un caso particular fue para las fiestas pasadas, a fin de año, donde un interno se arrojó agua hirviendo en una extremidad inferior, justamente, para buscar un beneficio personal, buscando un arresto domiciliario”, precisaron, agregando que “para ese caso en particular, nosotros teníamos todas las herramientas necesarias para poder demostrar a la Justicia que el personal policial era totalmente ajeno a esta situación, y que el interno se había autolesionado”.

Detenidos con y sin condena firme

En cuanto a la capacidad física que cada uno de los edificios policiales posee, desde la Unidad Regional detallaron que “en la Seccional Primera hay 15 personas detenidas, en la Segunda hay 16, en la Tercera unas 12 y en la Cuarta, ocho personas; esas son las capacidades de cada una de las dependencias, y en muchas de ellas hay personas privadas de la libertad y que ya poseen una condena firme”, aunque remarcaron que “lo ideal es que, dichas personas, no estén en las comisarías, atentos a ese tipo de condenas, estando firmes y habiéndose expedido ya la Justicia; debieran estar en otro ámbito, no justamente las comisarías”.
Ante la consulta de si ha habido más traslados desde Puerto Madryn hacia la Unidad Penitenciaria Provincial, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 3, sostuvieron que “en algunos casos, se ha dado el traslado de algunos detenidos, que han sido alojados allí”.
Sobre este punto, aclararon que “esto, obviamente, afecta mucho lo que es la faz preventiva, porque las comisarías, históricamente, tenían como esencia la prevención; estar al servicio de la comunidad y velando por la seguridad patrimonial y física de las personas”, por lo que el hecho de que dichas dependencias continúen alojando internos “obviamente, esto interfiere con la labor policial, porque nos quita recursos, ya que hay que afectar patrulleros y personal policial, por lo que se trata de una cuestión que afecta la capacidad operativa de cada una de las comisarías”.

Algunos internos se capacitan en Cainar

Por otra parte, la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, establece que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública” y que “el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias”.
En este sentido, ante la consulta respecto de la continuidad de las capacitaciones que algunos de los reclusos en Puerto Madryn realizan con regularidad, por ejemplo, en el Centro de Formación Profesional, desde la Unidad Regional mencionaron que “continúan realizándose, así como también se hacen en el Cainar (Centro de Ayuda Integral del Niño y Adolescente en Riesgo), donde participan de algunas actividades”.
La ley en cuestión también establece que “los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación Técnico Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Superior y toda otra norma aplicable; los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su libertad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educación Nacional y las finalidades propias de esta ley no pueden entenderse en el sentido de alterarlos en modo alguno, todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria fijada en la ley”.

El derecho a la integridad física

En el documento “Los derechos humanos y las prisiones”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hace referencia a varias de las pautas que se deben cumplir para garantizar el correcto estado de los reclusos y el cumplimiento de los derechos de los que gozan, puertas adentro de los establecimientos.
En el capítulo “El Derecho a la Integridad Física y Moral” se establece que “las personas detenidas o encarceladas conservan todos sus derechos salvo aquellos que han perdido como consecuencia específica de la privación de libertad” y que “la prohibición universal de la tortura y los malos tratos emana de la dignidad intrínseca de todas las personas; los presos y los detenidos deben ser tratados en todo momento de forma humana y digna; este requisito comienza en el momento del ingreso en el lugar de detención y se mantiene hasta el momento de la puesta en libertad”.
Sobre esto último, basa sus principios fundamentales en que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos emanan de la dignidad inherente a la persona humana. Toda persona privada de libertad será tratada en todo momento humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

El derecho a educarse

En cuanto a la educación, indica que “toda persona tiene derecho a la educación” y que la misma “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”, agregando que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.
Además, reza que “todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana”.