En 1976, las Fuerzas Armadas dieron el último golpe militar a un gobierno elegido democráticamente, al tiempo que se sucedían otros golpes de similares características en Chile y Uruguay en 1973.
Los jerarcas de la Iglesia, encabezados por el arzobispo Raúl Primatesta, apoyaron decididamente el terrorismo de Estado. En algunos casos colaborando directamente y en otros haciendo oídos sordos a las necesidades de la gente.
Alicia Pierini, exdiputada nacional y ex Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, cuenta: “La actitud de la Iglesia era de un cinismo extremo. Continuaban cumpliendo con sus ceremonias tradicionales, bautismos, comuniones, misas, casamientos, como si nada sucediera”.
En vistas a la tensa situación de intranquilidad y violencia que atravesaba el país, un grupo de sacerdotes pertenecientes a distintas iglesias evangélicas crearon, en febrero de 1976, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Pierini, quien trabajó junto a ellos, ha destacado sobremanera su ayuda a víctimas y familiares de desaparecidos: “Mientras la Iglesia tradicional seguía su camino oficial, fueron muchos los sacerdotes que ayudaron. Con el paso del tiempo fue un grupo que tuvo un amplio reconocimiento social”.
Esta lucha entre dios y el diablo enmarañados entre la fe, el credo, el control social y el poder militar, político y económico, no terminó con el exorcismo incipiente que se logró en 1983 con el advenimiento de la democracia en la Argentina. A partir de allí, la Iglesia no pocas veces ayudó a esa teoría de empardar la lucha y resistencia del pueblo con el terrorismo de estado en lo que se conoció como la teoría de los dos demonios.

¿Otra vez en la vereda de enfrente?

Según expone Washington Uranga desde Página/12,
Esta semana habrían sido los obispos quienes abrieron el camino al fallo de la Corte que benefició a un represor, ampliando la posibilidad para que todos los grandes delincuentes de lesa humanidad que hoy están juzgados, puedan apelar a los mismos beneficios. Hace dos semanas beneficiaron también a Etchecolatz con prisión domiciliaria cuando cumple condena perpetua. Todas estas medidas podrían haber sido meras casualidades, pero nada más lejos. Además poseen su correlato en el necesario legitimador de tanto garantismo a partir de una invocación conciliadora, con un tema tan grave y tan sensible para la sociedad argentina, como los sucesos ocurridos durante la última dictadura militar y la implementación sistemática del terrorismo de Estado, que no es cualquier acto de violencia.
Resulta que en la Conferencia Episcopal que se celebra esta semana en Pilar, la curia anunció que escucharán testimonios de familiares de “víctimas de la violencia” de la época, en lo que denominan “la cultura del encuentro”. Los obispos católicos argentinos iniciaron lo que ellos mismos denominaron “un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”. Cuarenta y un años después del golpe cívico militar que dio lugar a la dictadura más sangrienta que azotó a la Argentina, los obispos dieron comienzo a la “escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”. Si bien la lista de los invitados no fue dada a publicidad, se conoce que en esta serie de consultas estarán incluidos tanto los familiares de desaparecidos por el terrorismo de Estado como personas que reivindican a acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.
La posición recibió el inmediato rechazo de las Abuelas de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a través de Estela de Carlotto y Nora Cortiñas respectivamente. Fue precisamente la titular de Abuelas, después de una entrevista personal con el papa Francisco, quien fue vocera de la decisión adoptada por el Vaticano de abrir los archivos de la Iglesia relacionados con la dictadura militar. Pero el repudio a la propuesta episcopal de “reconciliación” se extendió incluso ahora también a grupos como los Curas en la Opción por los Pobres y el Colectivo de Teología de la Liberación.

Legitimando el discurso

Si bien el episcopado católico ha señalado que la tarea emprendida es “de largo aliento” está claro que la iniciativa se venía gestando desde hace tiempo en la Conferencia Episcopal, impulsada por un grupo de obispos que sostiene la idea de “la verdad completa” y que, aunque no lo admite públicamente, suscribe la “teoría de los dos demonios” para explicar lo ocurrido durante la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Este grupo de obispos, que abierta o solapadamente enfrentaron la política de derechos humanos del kirchnerismo, sienten que su postura encuentra ahora un nuevo clima de época auspiciado por el macrismo y en el que se sienten más cómodos. No es ajeno a todo esto el anuncio también reciente de la normalización del obispado castrense con la designación del obispo Santiago Olivera.
Vale preguntarse los motivos por los cuales los obispos decidieron colocar ahora este tema en la agenda, cuando la misma jerarquía elude pronunciarse sobre cuestiones candentes de la realidad nacional, incluso sobre situaciones de crisis social diagnosticada por el propio Observatorio de la UCA.
No son pocos los obispos que se mostraron molestos por la decisión del papa Francisco de abrir los archivos de la Iglesia relacionados con la dictadura. Si bien no existen demasiadas expectativas respecto de la información que allí se pueda obtener, hay obispos que insisten en “cuidar la imagen de la Iglesia” y recelan del uso que se pueda dar, aún en la Justicia, a lo que tales archivos puedan revelar. Entienden que debe “preservarse la imagen”, ya no de los actuales obispos, sino de quienes habiendo ocupado cargos de gran responsabilidad dentro del episcopado, como es el caso del arzobispo Adolfo Tortolo (presidente de la CEA entre 1970 y 1976 y obispo castrense desde 1975) y del cardenal Francisco Primatesta (cuatro veces presidente de la CEA), son considerados cómplices de la dictadura militar.
Los famosos archivos incluyen unas tres mil cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, “sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces”. Saliendo al cruce de algunas críticas, el cardenal de Buenos Aires, Mario Poli, afirmó que “no le tenemos miedo a los archivos. Los ponemos a disposición como un servicio a la reconciliación, a la justicia y a la verdad”. No extraña ahora que para justificar la iniciativa tendiente a la “reconciliación entre los argentinos” –según la catalogan algunos– se use como eslogan la propuesta papal de la “cultura del encuentro”. ¿Conocía Francisco de antemano la iniciativa que ahora propone la jerarquía católica argentina? Habrá que ver…

Fuentes: Publicable TEA, Página/12, Episcopado, propias