La denuncia pública del Frente Radical Amaya acerca de presuntas irregularidades durante la última Convención de la Unión Cívica Radical de Chubut, no se ha formalizado ante la Justicia, pero la gravedad de las acusaciones podría derivar una investigación de oficio, dado que no se trata de una cuestión meramente reglamentaria del partido, sino que se afirma que hubo “usurpación de identidad”. Las autoridades del Comité Departamental de Puerto Madryn repudian cualquier ilícito o irregularidad si la hubiere, rechazando participación alguna de un acto semejante.
Orlando Vera, vicepresidente de la UCR en Chubut, y dirigente de la fracción interna del FRACh, afirma que tras analizar una serie de circunstancias que se presumen irregulares, porque hay quienes afirman que hay personas que asistieron a la Convención del partido utilizando la identidad de otras, “y como este no es un partido de cómplices, emitimos un documento a todas las autoridades del partido en la provincia”, dijo y asegurando no fueron los integrantes del FRACh quienes hicieron circular la denuncia por los medios de comunicación.
En tanto, la presidente del Comité Departamental de Puerto Madryn de la UCR, Aidú Iriarte, afirmó que las autoridades de ese Comité repudian cualquier ilícito o irregularidad, al tiempo que advirtió “del mismo modo, nos preocupa que se haga una denuncia pública de tal magnitud sin prueba alguna, porque no sólo es un acto de irresponsabilidad, sino que configura en sí mismo un delito”.

Intervención judicial

Así las cosas, el documento emitido por el FRACh sugiere que en ocasión de realizarse a Convención de la UCR, hubo personas que simularon ser otras para oficiar de Convencionales, la acusación es muy grave porque se trataría de la comisión de un delito, y en ese marco se advierte que en el mismo sentido, de haber pruebas que sustenten lo denunciado, se habría incurrido en el delito de injurias.
Orlando Vera afirma que “nosotros no vamos a judicializar la cuestión, entendemos que lo podemos resolver en el plano político. Porque tenemos que tomar conciencia que estas cosas no pueden volver a pasar. Acá estamos discutiendo formas de hacer política, estamos pidiendo medidas duras, y estamos dispuestos a discutir y a consensuar que se debe hacer”, dijo, sin embargo el dirigente desestimó que desde esa fracción interna de la UCR procedan con una denuncia judicial, a pesar que nada impide que la Justicia actúe de oficio tras las acusaciones que se inscriben en el documento que se hizo público en los medios de prensa.

Para Iriarte, no hay pruebas

Desde el Comité de Puerto Madryn, por otra parte, advierten que la gravedad de las acusaciones requiere de una investigación, y manifiestan que de contar con elementos suficientes, “acompañaremos, apoyaremos y promoveremos las acciones legales pertinentes, así como las sanciones partidarias acordes que se estimen imponer a los autores y cómplices del accionar que se alega” insistió en señalar Aidú Iriarte al remarcar que lo grave aquí es que se haga pública información sobre presuntas irregularidades sin prueba alguna, con el consecuente perjuicio a la UCR.

La política judicializada

Los dirigentes del FRACh sostienen que la emisión del documento tuvo por objetivo, “no ser cómplices, avalando y ocultando acciones que, sin duda, desprestigian al partido”, sostuvo Orlando Vera, al referir que “es necesario desmantelar esa lógica de ganar a cualquier precio. Apuntamos a la resolución política, porque como principio, entendemos que judicializar la política no puede ser el primer camino, sino el último”.
Por otra parte, quienes han sido acusados públicamente, pueden accionar en consecuencia, porque ya no se trata de una cuestión interna partidaria, sino que se les acusa con nombre y apellido de haber incurrido en un delito, por lo que no se descarta que esas personas acudan a la Justicia a denunciar por injurias a quienes firman el documento, si es que lleva la firma de algún individuo, porque la versión que llegó a los medios de comunicación, menciona como emisor al Frente Radical Amaya, con lo cual resulta difícil imaginar a qué denunciarían las personas presuntamente injuriadas.

Al tribunal de disciplina

El FRACh, pide sanciones “para aquellos afiliados que usurparon el cargo de convencional utilizando la identidad de otro” y piden un llamado “un llamado inminente al pleno de la Convención para subsanar la situación planteada. Llegar a esa Convención -en lo posible- con una lista de unidad y el compromiso de designación de una nueva Mesa de Conducción como así también del Tribunal de Disciplina y de la Junta Electoral Provincial. También que sean ratificados los documentos y/o resoluciones surgidos en aquella instancia”.
Las autoridades del Comité Departamental de Puerto Madryn, pide que las graves denuncias que se han hecho públicas sean dirimidas en el ámbito de competencia, para que se certifique si hubo o no delito, y despejar sospechas sobre los representantes partidarios de la ciudad portuaria si fuere el caso, “pondremos a disposición todo elemento probatorio posible a los efectos de dar luces a los hechos denunciados. Sabemos que el partido ya se encuentra realizando las averiguaciones correspondientes e invitamos a todo aquel que considere que tiene elementos incriminatorios de tan graves delitos se presente ante la Justicia, porque esto no le hace nada bien a la Unión Cívica Radical”, resaltó Iriarte.