En el marco de las actividades coordinadas entre el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) del Cenpat y el Programa Nacional de Ciencia y Justicia, dependiente del Conicet, la doctora Laura Pautassi visitó la ciudad de Puerto Madryn, tras un recorrido por la región acompañada de distintos colectivos como el Colegio Provincial de Abogados, el Colegio Provincial de Trabajadores Sociales, la Defensoría General Provincial, la Dirección Provincial de Mediación y la Universidad Nacional de la Patagonia ‘San Juan Bosco’.
Pautassi es docente e investigadora del Conicet en materia de derechos culturales, sociales y económicos, su medición, su conceptualización y cómo la ciudadanía participa en el desarrollo y la ejecución de los mismos.
“Para nosotros es un agrado disfrutar de esta coincidencia que ha tenido la terrible movilización popular del miércoles, en torno al rechazo popular a la medida de la Corte Suprema del ‘2×1’, con la temática realmente relacionada, que es la que desarrolla en sus investigaciones la doctora Pautassi”, puso en valor Rolando González José, titular del IPCSH.
Entre los temas debatidos, la especialista se refirió a la problemática para recabar datos entre distintas instituciones, principalmente en materia de violencia de género, para la posterior implementación de políticas públicas, así como también remarcó la obligatoriedad de que las mismas sean ejecutadas respetando los tratados de orden internacional a los cuales Argentina ha adherido.

Articulación entre poderes

Pautassi, que días atrás brindó una capacitación en la Defensoría Provincial, es investigadora independiente del Conicet y se desempeña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires: “Hace muchos años que promovemos esta vinculación, entre el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, que son una parte vital e integrante de la interdependencia en el campo de los derechos humanos”, sostuvo, explicando que “un Estado está obligado a garantizar derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y de allí la importancia de cuáles son las respuestas estatales, por lo que nos preocupa fuertemente cuál es el campo de las políticas públicas, las cuales no solamente son las respuestas del Poder Ejecutivo, que son las que vemos más fuertemente”.
Sobre este punto, planteó que “las políticas públicas no solamente se miden por las respuestas del Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial, y allí, claramente, como última palabra autorizada en el sistema institucional, los jueces tienen que fundamentar sus sentencias y fallos en el conjunto de estos derechos económicos, sociales y culturales, que integran el sistema de derechos humanos; este último es mucho más amplio que lo que tiene que ver con delitos vinculados a memoria, verdad, justicia, sino que es parte integrante, y de allí que se desarrolla una serie de mecanismos de protección internacional vinculados a cada uno de los tratados y pactos internacionales”.

Milagro Sala: “Es una detención arbitraria”

A su vez, la especialista describió la metodología llevada adelante en sus investigaciones, que consiste en “tomar todos los tratados internacionales, y vincularlos con las respuestas públicas, ya que un Poder Ejecutivo nacional o provincial tiene que fundamentar su accionar en las obligaciones jurídicas internacionales y constitucionales que ha suscripto y ratificado”.
Sobre esta línea, se refirió, a modo de ejemplo, a uno de los casos que puso a la Justicia de la provincia de Jujuy en medio de la polémica, tras la detención de la activista política Milagro Sala: “Es una situación compleja, hay un poder judicial provincial y advertencias de todos los sistemas internacionales de derechos humanos, de los cuales Argentina ha ratificado y es parte, por lo que debe someterse a esa jurisdicción, pero no se ha innovado en cuanto a una detención que, efectivamente, es arbitraria; inclusive, organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, como el caso de Amnistía Internacional, también han reiterado sobre esta línea, pero no hay una fundamentación concreta sobre esta situación”.

Aborto y salud reproductiva, pendientes

Consultada respecto a la posición de Argentina frente a otros países de la región, en materia de políticas públicas aplicadas a los derechos humanos, Pautassi planteó que “si bien el país ha desarrollado, en los últimos años, un proceso muy importante de inversión en el campo de lo que yo analizo, que es el de las políticas sociales, en este último tiempo Argentina ha tenido una conducta en relación a los organismos internacionales de monitoreo y cumplimiento, de estar muy al día en la presentación de los informes”.
Sin embargo, remarcó “en los últimos años, por ejemplo, en el caso del Protocolo de San Salvador, que es el de los derechos económicos, sociales y culturales del sistema interamericano, el país no ha presentado todavía su informe, y esto está en una mora importante que debe ser analizada” y agregó que “si miramos datos comparados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y datos a nivel nacional, la inversión en el campo de las políticas sociales se ha sostenido en Argentina; hay una serie de indicadores que han aumentado, por lo menos en términos de cobertura educativa, en materia de seguridad social, medidas como la instancia de la moratoria previsional, que implicó una importante incorporación de personas que estaban por afuera de la protección del sistema previsional”.
En este contexto, sostuvo que “hay áreas donde Argentina está realmente muy complicada, como por ejemplo lo referido a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la falta del debate vinculado a la interrupción del embarazo y despenalización del aborto, que tiene una implicancia directa en datos de mortalidad materna, donde la inversión en política pública ha sido muy debilitada; en las áreas de Vivienda y de Infraestructura, donde aumentaron algunos indicadores, pero en cuanto al acceso a la vivienda, hay problemas importantes”.

Acceso a la información, sin reglamentar

En cuanto a la dificultad interinstitucional para lograr que la información sea recabada sin pérdida de datos, la doctora Pautassi explicó que “estuvimos muchos años con un proceso de intervención en el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) que fue costosísimo en términos de producción de información, y de desintegración, también, de los distintos sistemas estadísticos” y que “el Ministerio de Salud lleva su propio sistema de estadísticas vitales, y esto requiere de un proceso de inversión público mucho mayor al de los indicadores que hoy tenemos en Argentina”.
Consecuentemente, planteó que “la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública es un dato importante, pero ahora tenemos que reglamentarla y tienen que empezar a operar sus efectos; este es un estándar central en materia de derechos humanos, por lo que tenemos una materia de dispersión importante”.

Violencia de género: datos dispersos

En otro orden, indicó que “un tema que nos convoca cotidianamente es el de la violencia de género, sobre el cual el país no tiene registros concretos, porque viene incumpliendo con esta obligación, y ahora sí se produjo lo mencionado anteriormente, que es la dispersión”.
Además, manifestó que “la Corte Suprema de Justicia (de la Nación) tiene datos de femicidios, que los está recogiendo por acuerdos con todos los Tribunales Superiores de las provincias; el Indec está empezando a construir un registro único de denuncias de violencia, aunque no de femicidios, y el Consejo Nacional de las Mujeres ha lanzado el Plan Nacional de Acción, pero todavía no está encaminado; entonces, el caso de violencia de género es claro para ver toda la dispersión institucional y la falta de estadísticas confiables, que son fundamentales para las políticas públicas”.
Para concretar esto último de manera efectiva “se requiere de decisión política, inversión pública, y ya sabemos todos que sin recursos esto no se puede llevar adelante, además de que hay que respetar los acuerdos metodológicos internacionales”.
Sobre esto último, entendió que “todo tiene una adecuación a la institucionalidad de cada uno de los Estados, pero se tienen que respetar los acuerdos internacionales”.

El “2×1”, un precedente “alarmante”

En relación al polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Pautassi opinó que “es algo alarmante; hace unas tres semanas hubo otro fallo, que es el caso Fontevecchia, donde la Corte da una señal de, claramente, poner en cuestionamiento el Principio de Convencionalidad, que en el campo de los derechos humanos, es central”.
Sobre este punto, explicó que “dicho principio da cuenta de que la reforma Constitucional de 1994 incorporó los pactos internacionales con jerarquía constitucional, y ello implica que Argentina se somete a esa jurisdicción; pero, poner en entredicho, en una jurisprudencia que la Corte ya la había tomado y donde había aceptado el Principio constitucional, es alarmante, y luego se completa con este fallo del ‘2×1’, algo que genera una advertencia fuerte, ya que la Corte no puede argumentar un desconocimiento en relación a quienes eran el colectivo más beneficiado por la aplicación de esta norma”.
Sobre la nueva composición de la Corte, remarcó que “hay que ampliar la representación de género en la misma, ya que ha quedado una sola jueza y también es importante construir sobre esa línea”.