La decisión del gobierno de La Pampa de eximir de los salarios de funcionarios públicos el Impuesto a las Ganancias desató una polémica, que la administración de Mauricio Macri llevará hasta la Corte Suprema. Pedirán la nulidad y la inconstitucionalidad de la medida por afectar la coparticipación. Pero el gobernador pampeano dice haber basado su decreto en normas de Chubut, Santa Cruz y Río Negro. La controversia no tardó en llegar y Weretilneck cruzó duro a Verna. Afirman que se cita legislaciones provinciales que no están en vigencia.
El Gobierno nacional le pedirá a la Corte Suprema que declare la nulidad y la inconstitucionalidad del decreto firmado por el gobernador de La Pampa, el justicialista Carlos Verna, que exime del pago de Ganancias a todos los funcionarios estatales de los tres poderes.
En simultáneo, además, el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne le reclamará al máximo tribunal una medida cautelar para que ese distrito siga reteniendo este impuesto, ya que las cargas tributarias de carácter federal no pueden ser alteradas por las provincias ni por los municipios.

Beneficiados

El mandatario pampeano tomó la determinación mediante el Decreto número 5165/2016 en el que se establece que «a partir del 1 de enero de 2017 el tratamiento previsto en la Resolución Nº 12/05 y complementarias, en los términos de la Resolución N 65/15 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa».
La resolución que menciona el gobernador es la que ratificó el Superior Tribunal de Justicia en 2005 para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a todos los funcionarios judiciales.
Esta iniciativa alcanza a los poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que su decisión lo beneficia a él, a sus ministros, secretarios, subsecretarios, directores, diputados, asesores, auxiliares legislativos y empleados jerárquicos de las categorías más altas con varios años de antigüedad.

Citan normas derogadas

El Ministerio de Hacienda de la Nación precisó que a la hora de justificar el decreto, Verna «cita desde una acordada de la Corte Suprema del año 1996 hasta, paradójicamente, una ley nacional que derogó todo este tipo de exenciones o tratamientos especiales».
«Es inconstitucional por donde se lo mire: invoca el principio de igualdad, para equiparar empleados judiciales con los de los otros poderes, olvidando que la igualdad, por definición, es entre iguales; se trata de un decreto que estaría avanzando sobre competencias del Congreso Nacional (materia delegada a la Nación por las Provincias)», explicaron desde el gobierno nacional a la agencia Noticias Argentinas.

Afecta la coparticipación

Asimismo, la cartera que encabeza Nicolás Dujovne remarcó que esa determinación del gobernador pampeano «afecta la coparticipación nacional, por ende, afecta los recursos nacionales y del resto de las provincias, al tiempo que expone a la provincia a una contingencia judicial futura».

“Problema ético gravísimo”

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que se trata de un «problema ético gravísimo». «Que, desde lo más alto del poder político, y en este caso desde una provincia, hagan esto en beneficio propio y en contra de la gente, es algo que nunca lo hubiera imaginado», subrayó.
Desde el Gobierno de La Pampa explicaron que la decisión se tomó sobre la base de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y apunta a «lograr la equidad en el tratamiento impositivo de quienes realizan tareas similares en el sector público de la provincia».
El ministro de Hacienda pampeano, Ernesto Franco, justificó el decreto que, a su criterio, «apunta a beneficiar a los empleados públicos de La Pampa» y aseguró que «es una medida que se aplica en otras provincias patagónicas, como Santa Cruz, Río Negro y Chubut, las que también hacen esas deducciones».

Verna agita la polémica

A través de un comunicado publicado en su sitio oficial que no firma ningún funcionario, el Gobierno de La Pampa buscó justificar este martes el decreto por el que modificó una ley del Congreso Nacional –algo claramente inconstitucional– diciendo, entre otras cosas, que las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro “han seguido este camino” previamente. Y en el caso de Chubut cita un decreto del año 2008.
Pero no es el único argumento. El gobierno que encabeza Carlos Verna deja en evidencia en el comunicado que ha decidido resolver el tema de la presión fiscal nacional por sus propios medios.
Al referirse al “espíritu de la medida”, el comunicado dice que se busca “revertir el continuo incremento de la presión fiscal sobre las personas físicas en relación de dependencia que viene aplicando el Gobierno federal, a la vez que mantiene relativamente constante la presión fiscal sobre las personas jurídicas y beneficiarios de otras fuentes de renta, configurando un inequitativo y sesgado reparto de la carga tributaria”.

Privilegios

La Pampa es beneficiaria, como el resto de las provincias, de la recaudación de esos impuestos del Gobierno federal que recibe a través de la coparticipación. Con esos fondos paga los sueldos de sus empleados, quienes desde enero tienen el privilegio de no pagar el tributo que alcanza al resto de los trabajadores en relación de dependencia, incluso los privados, que, a diferencia de ellos, no cobran sus sueldos con el producto de la recaudación impositiva.
Otro objetivo que se alega es “lograr la equidad en el tratamiento impositivo de personas que realizan tareas similares en el sector público en los distintos niveles y esferas de gobierno”, sin más aclaración. Si realizan iguales tareas, es posible que sus salarios sean más o menos similares, y por ende estén igualmente alcanzados o no por Ganancias.
Entre las normas que cita como antecedentes está una acordada de la Corte Suprema de la Nación de 1996 y resoluciones de 2015 del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que, al igual que la gran mayoría de los máximos tribunales provinciales del país (incluido el de Córdoba), concedieron privilegios parecidos a los empleados judiciales de todo el país modificando, con meras resoluciones administrativas, leyes de fondo del Congreso de la Nación.
Entre otras cosas, se establecen “compensaciones jerárquicas”, “dedicaciones funcionales” y “bonificaciones por antigüedad” para que parte del salario figure por esas vías y se sustraiga a la base imponible de Ganancias, algo que la ley nacional no contempla ni permite. De hecho, en la última reforma del tributo, a fin del año pasado, fue objeto de enorme discusión si se excluía o no las horas extras de la base imponible. La ley dice que incluso los pagos en especie integran la base imponible del impuesto.

“Un muy mal ejemplo”

En tanto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, criticó la decisión de su par pampeano, Carlos Verna, de eximir el pago del Impuesto a las Ganancias a los empleados estatales y descartó una medida similar en su provincia patagónica.
«Una sociedad se financia con los impuestos que pagan los ciudadanos», justificó Weretilneck. «Los gobernantes debemos dar el ejemplo. Pagan sus impuestos el resto de los ciudadanos y los funcionarios no lo pagan, por lo cual me parece un muy mal ejemplo», consideró el mandatario rionegrino.