El Ministerio del Interior desmintió ayer una información publicada por el diario La Nación en la que se anunciaba que el Gobierno nacional dejará de enviar fondos para viviendas a las provincias para pagarlo directamente a las empresas, aunque reiteró que profundizará los controles para que esos recursos tengan la construcción como destino final y no otros pagos discrecionales.
El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, el tucumano Domingo Amaya, consideró que hubo una «mala interpretación» y que «no hay voluntad política de saltear a las provincias».
«Eso no se hará», respondió Amaya al ser consultado sobre el presunto giro de la Casa Rosada con respecto a la forma de ejecutar las obras publicado por el matutino porteño, y enfatizó: «Somos un país federal y respetamos a las provincias. Hoy por hoy tenemos 70.000 viviendas ejecutándose, no solo a través de las provincias sino con los municipios».
Igualmente, Amaya reiteró la postura oficial de incrementar los controles para que los destinos de los fondos sean finalmente para viviendas «y que no se use para pagar la luz u otros gastos ordinarios como ha pasado».
Dijo que en Interior les gustaría que se derogue la ley de 2001 que permite a las provincias redireccionar discrecionalmente los fondos del Fonavi, «porque la situación del país es distinta hoy», aunque consideró que eso «es materia de decisión del Congreso».
«Desde la Nación sí les pedimos a las provincias que armen una cuenta especial para que se ejecute lo más rápido posible los fondos que enviamos para viviendas y hábitat, para que no vaya a una cuenta común», remarcó Amaya. «También requerimos que para esos proyectos no se vendan más los pliegos sino que se publique todo en la web y en forma gratuita, para evitar la cartelización y que las empresas se pongan de acuerdo con los precios. Otro pedido es que los futuros beneficiarios de las viviendas sean controlados a través del SINTyS (sistema de identificación tributaria y social de Anses)», explicó.
El dirigente tucumano -y probable candidato a diputado nacional- agregó que los institutos de Vivienda de cada distrito «deben abrir una cuenta y la Nación controlará el destino de esos fondos».
Sobre si estos intentos de control -sumado a una propuesta informa de la Cámara de la Construcción que reclamaba el pago directo- provocaron las versiones sobre la nueva decisión política de Interior, Amaya opinó: «Este es un año político, algunos pueden querer generar malestar, no sé de donde vino la información, si de algún empresario o de un dirigente».
«Lo que sí es cierto es que pedimos a las provincias que empiecen a trabajar de manera estratégica con respecto a este tema», concluyó. (Télam)