El objetivo, por parte del Ministerio Público Fiscal, es llevar a juicio a quienes son detenidos portando armas de manera ilegal, motivo por el cual desde dicho órgano del Poder Judicial instruyeron a fiscales de toda la provincia para que se evite aplicar medidas alternativas judiciales.
La medida será aplicable cuando se den las condiciones para aplicar el artículo 189 bis del Código Penal y para los casos cuya pena en abstracto superen los tres años de prisión.Según indica la resolución “la aplicación de soluciones alternativas se relaciona con la idea de evitar castigos innecesarios en los casos de baja lesividad, no siendo eficaz para el tratamiento de la difícil, grave y extendida problemática de la delincuencia armada”.
La utilización de armas de fuego en delitos es una problemática que las comunidades padecen a diario, tanto en la provincia del Chubut como así también, en el resto del país, y en la actualidad, según lo han expresado diversas organizaciones, no hay una aplicación certera de políticas públicas que promuevan el desarme, o bien un abordaje más profundo en lo que refiere al acceso a las armas, legales e ilegales, por parte de la ciudadanía.
Recientemente, un hecho de robo en Puerto Madryn casi termina en tragedia, cuando dos sujetos ingresaron a robar a un supermercado chino de la calle Albarracín y, tras haber logrado su cometido y alzarse con dinero de la caja registradora, en su huida, uno de ellos efectuó un disparo “al voleo” que, afortunadamente, pegó en el suelo y no hirió a ninguno de los encargados y clientes presentes en el lugar.

Primero la tenencia y luego el delito

La decisión de Miquelarena tiene su fundamento en varios aspectos, según reza la resolución que fue comunicada a todos los fiscales, funcionarios de fiscalía del Chubut y a las autoridades de la Policía provincial.
Entre los argumentos más salientes se destaca que “la tenencia y portación ilegal de armas de fuego” es una conducta previa “a la comisión de delitos aún más graves como los homicidios, abuso de armas, robo con armas, etcétera dado el alto poder vulnerante e intimidatorio de las mismas”.
Además, agregó que en los últimos años “la importante proliferación de armas de fuego ilegales ha incrementado sensiblemente los delitos producidos con extrema violencia, afectando los bienes jurídicos más importantes poniendo en vilo la seguridad pública y la paz social”.

Protección penal

La resolución acompaña reformas legislativas realizadas con el mismo objetivo de endurecer el castigo para los delitos cometidos mediante la utilización de armas de fuego. Miquelarena consideró que todas las medidas que coadyuvan a ese objetivo significan “una barrera de protección penal” ya que la portación ilegal de armas “es el presupuesto básico para la comisión de delitos más graves”.
En este mismo sentido, también destacó las acciones de información y prevención desarrolladas por el Poder Ejecutivo consistente en la entrega voluntarias de armas, incluso con estímulos económicos “para que la población se desprenda voluntariamente de las armas de fuego en situación irregular, entregándolas al Estado para sus destrucción”.
La decisión del Procurador General en función de su responsabilidad de dictar políticas criminales, indica que “es necesario que con unidad de actuación de todas las circunscripciones judiciales, se transmita la decisión institucional de que las tenencias agravadas y portación ilegal de armas de fuego, serán perseguidas y penadas” y que por ello adopten “como principio único de actuación , procurar la sanción de los responsables oponiéndose al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba u otras salidas alternativas a la pena”.