El 28 de marzo, la juez Gladys Olavarría hizo lugar a la recusación planteada por los acusadores público y privado, como así también de las respectivas defensas, apartándose de ese modo del caso. El pedido incluyó que se mantuviera en el tribunal el juez Alejandro Soñis, algo que finalmente fue confirmado por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, liberándose la agenda para él durante los días 22, 23, 24, 29 y 30 de mayo, jornadas en las que se desarrollará el debate y se expondrá la prueba acumulada durante la investigación.
Los dos ex intendentes, Martín Buzzi y Néstor Di Pierro, están acusados, uno por acción y otro por omisión, en el marco de la sentencia judicial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que puso fin a una disputa entre privados por un lote del barrio Industrial que se había iniciado en la década del 80 del siglo pasado.

Corren los intereses

En diciembre de 2007, la Sala en lo Civil del Superior Tribunal de Justicia del Chubut dictó la sentencia definitiva en relación a la causa caratulada «Dos Santos Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia» mediante la cual puso fin al litigio existente entre el particular y la Municipalidad por un lote del barrio Industrial.
El Punto 3 de la parte resolutiva del fallo obliga a «insistir en el cumplimiento de la sentencia definitiva de la misma Cámara, intimando a la demandada Municipalidad de Comodoro Rivadavia a dictar en el término de cinco días desde que quede firme la presente el acto administrativo que apruebe la cesión de derechos efectuada por el señor Delfor Martínez a favor del actor».
Asimismo, se advirtió que «si la demanda no lo agrega al juicio, la Cámara aplicará intereses a razón de 500 pesos por día de retraso y dará intervención a la Justicia Penal competente».

Acción y omisión

En cumplimiento de esa manda, el Ejecutivo municipal dictó las resoluciones mediante las cuales se aprobó la cesión de derechos llevada a cabo entre Martínez y Dos Santos Pires, y resolvió otorgar título de propiedad a favor de este último. Fue durante la gestión como intendente de Buzzi (2007-11), aunque luego el mismo intendente resolvió, en incumplimiento de la mencionada sentencia, «suspender la ejecutoriedad de la Resolución 1108/08», la que seguidamente fue abrogada mediante Resolución 2457/09.
Por último, y ante múltiples dictámenes de la Asesoría Letrada del Municipio, mediante Resolución 2108/10, el mismo Buzzi resolvió dejar sin efecto la Reserva efectuada mediante Resolución 2068/92 e intimar a desocupar el inmueble, que estaba libre de ocupantes y casas.
A posteriori, y ya durante la intendencia de Néstor Di Pierro (2011-15), no se adoptó ninguna acción positiva para dar cumplimiento a la sentencia del STJ, ni a la Resolución 1108/08 que estaba en plena vigencia.