La condena la dictó la jueza Marcela Pérez Bogado contra Carlos Ángel Fernández, de 21 años, por apuñalar a la pareja de su abuela cuando este le reclamó por su afeitadora, en un hecho ocurrido la noche del 2 de diciembre, en el barrio 15 viviendas.
Allí, “Carlitos” Fernández apuñaló en el abdomen a Pablo Aguirre, la pareja de su abuela, cuando este le reclamó una afeitadora que el joven había sustraído del domicilio. Según se ventiló en el juicio, Aguirre le reclamó a Fernández el elemento que habría sido sustraído la noche anterior.
“La afeitadora se la habían regalado sus hijos y tenía un valor sentimental para él”, relató su mujer, abuela del acusado. No era la primera vez que Carlos hurtaba cosas del domicilio. El joven, “sin mediar palabra y en forma sorpresiva saca un arma blanca entre sus ropas y lo ataca, asestándole una puñalada en el estómago”, se acreditó en el debate.

Grave herida

Aguirre fue herido y pudo pedir ayuda. La grave lesión en el estómago casi le cuesta la vida, ya que tuvo que ser operado y estuvo internado en terapia intensiva. El informe del médico forense Herminio González, luego de la cirugía, determinó que “la lesión fue producida por un elemento punzo cortante compatible con arma blanca. Y señaló que a su criterio corrió riesgo su vida en razón del tipo de herida con compromiso de las vísceras y la gran hemorragia. “Sin atención médica lleva a la muerte en dos días”, dijo el profesional.
En el juicio oral y público, la querella por parte de la víctima junto al fiscal Jorge Bugueño solicitaron que se aplique una pena de seis años de prisión. Mientras que la defensa pública, a cargo del abogado Lucio Brondes, pidió que se lo absuelva por legítima defensa; y conocida la condena, solicitó el mínimo de pena, de cuatro años. Finalmente, la jueza Marcela Pérez Bogado en su veredicto condenó a Fernández a cuatro años de prisión.

Investigan a una psicóloga madrynense por fraude

Por otro lado, una psicóloga de Puerto Madryn será investigada por cometer un presunto “fraude contra la administración pública”. Se la denunció por presentar facturas por prestaciones no realizadas y de fraguar la firma del paciente.
La denuncia la realizó el propio Cristian Eguillor, en su carácter de presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut, ante la Fiscalía de Puerto Madryn. En su denuncia, indicó que descubrieron el presunto fraude cometido cuando una afiliada presentó una nota advirtiendo que se le había informado por parte Instituto que se encontraba agotado su cupo de sesiones anuales de psicología, siendo que durante el año 2016 solo había sido atendida en seis oportunidades por un psicólogo y que no se atendía con la otra psicóloga desde agosto de 2015.

Sesiones “superpuestas”

Ante esta anomalía, SEROS inició un trámite interno a fin de determinar efectivamente cuantas sesiones se habían otorgada a la afiliada y que profesional las había presentado al cobro, así pudo establecerse que la imputada facturo 36 sesiones practicadas entre el 1/09/15 y el 10/08/16.
Incluso, del relevamiento interno hecho por SEROS determinó la facturación de dos sesiones un mismo día, y que hay sesiones, por ejemplo la del 31/05/16 y la del 10/08/16, en las que se superponen con las consignadas por el otro psicólogo, que efectivamente atendía a la paciente.
Además, en las planillas se encuentran glosadas al legajo, se desprende que hay firmas insertas respaldando las prestaciones que la afiliada desconoció, “observándose a simple vistas que las mismas son radicalmente distintas a la consignada en su presentación, de lo que se infiere las mismas han sido fraguadas”, indicó el pedido de investigación realizado por la fiscalía.
El fiscal Alex Williams imputa a la psicóloga por la presunta comisión del delito de Defraudación a la Administración Pública, previsto y reprimido por el artículo 174 del Código Penal. La audiencia de apertura de investigación será el martes a las 10 en Tribunales con intervención del juez Marcelo Orlando.