En medio de los graves incidentes del viernes por la noche en Santa Cruz, vuelve a ubicarse en el centro del debate económico el creciente déficit fiscal que enfrentan las Provincias argentinas, que en muchos casos se presentan como inmanejable en el corto plazo.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) la República Argentina adoptó desde la Constitución de 1853 para su organización política el sistema Representativo, Republicano y Federal. La característica de republicano y federal tiene notable influencia en la organización del sistema de ingresos y gastos públicos, ya que implica definir cuál es el nivel del Estado (Nación, Provincias o Municipios) responsable de los mismos.

Desbalance

Una de las características del sistema de relaciones financieras entre los niveles de gobierno en Argentina es el desbalance que existe entre las responsabilidades de gasto y las potestades tributarias.
Es así que se observa cómo un 76% de los recursos totales son recaudados por la Nación (frente a un 21% de las provincias), mientras que un 57% del gasto es responsabilidad directa de este nivel de gobierno (35% en el caso del consolidado provincial).
Resulta claro que en este esquema, las provincias y municipios se hacen cargo de una mayor proporción del gasto que la que pueden sostener con sus potestades tributarias propias.
Si bien hay que tener en cuenta que parte de los recursos que recauda la Nación son luego transferidos a los niveles inferiores de gobierno bajo la forma de coparticipación y otras transferencias automáticas y no automáticas, estas cifras ilustran claramente el desequilibrio fiscal vertical que existe en Argentina en cuanto a la distribución de las facultades tributarias y de gasto público.
Otra de las transferencias que automáticamente se destinan a provincias es el Fondo Federal Solidario (FFS), que replica el reparto por habitante de la coparticipación puesto que utiliza los coeficientes legales (previos a los cambios de finales de 2015 y principios de 2016).

Poco y nada

Más allá de las transferencias automáticas y legales referidas, resulta útil considerar el efecto que tienen los principales gastos nacionales en territorios provinciales y que pueden ser denominados discrecionales: por un lado las transferencias corrientes que se envían a las Provincias tanto para que estas ejecuten programas corrientes, como para actividades económicas en las jurisdicciones (subsidios), y por el otro lado el gasto de capital ejecutado en cada jurisdicción.
Aquí puede apreciarse que los mayores montos absolutos de estos gastos se destinan a las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y aún cuando se calculan dichos gastos en pesos por habitante sigue primando el distrito capital; mientras que también sobresalen en el ranking provincias de baja densidad poblacional como el caso de Santa Cruz con las transferencias corrientes y La Rioja para los gastos de obra pública, ubicándose de manera opuesta provincias como Santa Fe y Córdoba en la cola de la distribución.
El resto de gastos (básicamente el gasto en Seguridad Social y los gastos en personal y bienes y servicios) no se incluyen dentro de la clasificación de gastos discrecionalmente resueltos por la administración actual, en tanto provienen en su mayoría de cuestiones estructurales del Estado.

Las que más reciben

Considerando de manera conjunta los envíos automáticos a provincias más el gasto discrecional del gobierno nacional en transferencias automáticas y obra pública, puede apreciarse que medido en pesos por habitante el ranking ubica a las provincias de Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz entre las que reciben mayores fondos, mientras que en el otro extremo, las provincias más pobladas como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, verifican un menor nivel por habitante, un viejo reclamo de los gobiernos bonaerenses.
Sin embargo, comparando la distribución presupuestaria vigente de los gastos en transferencias y los gastos de capital, decididos no automáticamente, con una distribución hipotética de los mismos entre las provincias si se hiciese conforme a la distribución automática vigente, puede apreciarse la magnitud de los diferenciales que determinan qué provincias se estarían beneficiando relativamente de dichos envíos discrecionales.
Evidentemente la más beneficiada es Capital Federal, puesto que su coeficiente efectivo en los recursos automáticos es del 5,1% mientras que participa en un 24% de los envíos discrecionales. Pero también aparece un dato llamativo en esta comparación, que es el de la provincia de Buenos Aires, cuya participación efectiva en los envíos automáticos es del 18,1% en la actualidad, mientras que la misma sube al 28,5% en el caso del reparto de los fondos discrecionales aquí considerados. Las restantes provincias “ganadoras” en esta comparación son Santa Cruz y Chubut (aunque las magnitudes absolutas son mucho menores que las de la Ciudad Autónoma y la Provincia), mientras que el resto pierde recursos en este caso hipotético.

La discusión es otra

En síntesis, la ley de presupuesto nacional para el año 2017 pone en evidencia que la discusión sobre el reparto de fondos entre el gobierno nacional y los provinciales en primer lugar (distribución primaria) y entre administraciones provinciales en segundo lugar (distribución secundaria) debe abarcar de manera amplia los distintos gastos y transferencias. Una discusión solamente centrada en la coparticipación federal, estaría dejando de lado otros recursos que tienen impacto relevante en el funcionamiento económico del federalismo argentino, destaca el trabajo de Iaraf.