Por Trivia Demir

La descomposición de la clase política de estirpe militante, en empresarios con aspiraciones de poder político, está llevando a poner limitantes a la era de los CEOs que buscan fueros y porque no algún que otro privilegio y anticipo de negocios frescos desde la gestión pública. Tal vez por eso que decía Fierro (Martín): “La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja, el que la aguanta se queja, más el asunto es sencillo, la ley es como el cuchillo, no ofiende a quien lo maneja.
Le suelen llamar espada y el nombre le sienta bien, los que la manejan ven en dónde han de dar el tajo, le cae al se halle abajo, y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores, y de su ciencia no dudo,
mas yo que soy hombre rudo, y aunque de esto poco entiendo, diariamente estoy viendo, que aplican la del embudo”.
Para coincidir con tan sabio verso gaucho, de un autor doctor diestro en ironías, basta con revisar la lista de “anotados” tanto a nivel nacional como provincial para intentar arrimar a un lugar tan cómodo como estratégico como es el Congreso de la Nación, este año, que se renuevan bancas en varios distritos. En estos turnos intermedios, hay que prestar especial atención a la característica de los postulados, que si vienen de partidos mayoritarios consolidados, resultan “premiados” por alguna cuestión o “protegidos” por otra. Muy pocas veces se trata de candidatos que por las suyas solitos recorren el llano y miden en las urnas su propio peso específico. Los que así lo hacen, probablemente son los que a posteriori terminan saltando a los liderazgos ejecutivos, provinciales o nacional.
Pero si existe una evidente claridad en la fórmula que genera diputados nacionales partidarios, no se la observa tanto para aquellos “autoproclamados” que buscan incursionar o entrar por alguna rendija a la tentadora arena política. Por nuestro territorio hay varios casos interesantes que valdrá la pena analizar exhaustivamente en breve, y a la luz de aquellos “problemillas” personales que tal vez ayudan a tomar la decisión de integrar la clase política “formalmente”.
Tres temas puntuales que se vienen con formato de Ley, ayudan a pensar en la alternativa a un cambio de época si se aplica en realidad las normativas en puerta.

Nadie podrá `garcar´ sin limpiar

La Cámara de Diputados pondrá en debate uno de los proyectos de más interés, el de Responsabilidad Penal Empresaria, que busca castigar a personas jurídicas que cometan delitos contra la administración pública y cohecho trasnacional.
La Comisión de Legislación Penal, que preside la radical jujeña Gabriela Burgos, había convocado para ayer una primera reunión de carácter informativo, pero terminó dilatándose para los próximos días.
La iniciativa fue pedida por el presidente durante la Asamblea Legislativa, y responde a una recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para efectuar distintas modificaciones al Código Penal.
Además de la comisión de Burgos, el proyecto deberá ser considerado en la Comisión de Legislación General, que conduce el macrista Daniel Lipovetzky, para ser tratado en el recinto.

Nadie estará suficientemente `afuerado´

Y si existe una mira sobre el empresariado que pudiera lucrar con dineros públicos, también hay una tendencia a acotar el acobachamiento en la política para zafar de quilombos económicos o personales (léase demandas posibles o futuras). De hecho, se está dilatando el tratamiento, pero tarde o temprano algo pasará en este sentido. Ayer mismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación postergó para la semana próxima el dictamen sobre los proyectos que buscan modificar la Ley de Fueros para facilitar los allanamientos a propiedades de los legisladores como parte de una causa judicial.
Las distintas iniciativas figuraban en el temario de la reunión, pero por decisión del presidente de la comisión, Pablo Tonelli (Pro), se acordó posponer el debate una semana más dada la superposición de reuniones de este martes.
La discusión sobre fueros parlamentarios se desató el año pasado con el caso del exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito donde estuvo trabado el allanamiento a sus propiedades.
Sucede que el artículo primero de la Ley 25.320 establece que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara” legislativa.
En consecuencia, los diputados del Pro Nicolás Massot y Silvia Lospennato presentaron un proyecto con el fin de eliminar ese último párrafo, y así despejar el camino a cualquier juez para allanar domicilios de un legislador.
Existe además un proyecto previo de Graciela Camaño (Frente Renovador), que también modifica el artículo primero de la Ley de Fueros, pero de una manera menos agresiva, proponiendo que el juez no deba pedir autorización del recinto, pero sí del presidente de la respectiva Cámara.

Que el votante sepa el estado procesal de los candidatos

El proyecto fue presentado por la secretaria parlamentaria del bloque de diputados, Silvia Lospennato, quien reclamó su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Lospennato, pidió tratar, antes de las elecciones de medio término, un proyecto de su autoría para que el votante conozca si un candidato tiene causas por enriquecimiento patrimonial, y en qué estado se encuentran.
“No podemos dejar pasar la oportunidad para que todos los votantes lo sepan a la hora de votar y tomen más informados la decisión”, argumentó Lospennato este martes en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La propuesta de la macrista apunta a “reglamentar” el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
Por lo tanto, el proyecto contempla la obligación de informar sobre el estado procesal del candidato en presuntos delitos contra la administración pública que conlleven enriquecimiento patrimonial.
Así las cosas, si todas estas leyes o por lo menos alguna de ellas prospera, habrá que ver quien de todos los aspirantes a tener `banca, pasa el examen de la `blancura´, para abordar la cuestión en términos espumantes.

Condiciones para ser legislador

Las condiciones para ser legislador, son los requisitos impuestos por la Constitución para que una persona pueda ser elegida o asumir una banca en el Congreso.
Pero, al margen de los requisitos enunciados en los arts. 48 y 55, que no pueden ser ampliados por el legislador, el art. 16 de la Constitución impone el requisito de la idoneidad para el acceso a un cargo público. Se trata tanto de la idoneidad técnica como ética.
El único órgano constitucionalmente habilitado para expedirse sobre el cumplimiento del requisito de la idoneidad, es el pueblo en los comicios. Las cámaras, en ejercicio de la prerrogativa del art. 64, no pueden sustituir al pueblo en la apreciación de un requisito esencialmente subjetivo. Sí lo pueden hacer solamente cuando la ausencia de idoneidad es sobreviniente a la incorporación del legislador (art. 66 Constitución Nacional), pero no si es anterior porque sobre ella ya se expidió el pueblo.
Es interesante la experiencia recogida en los Estados Unidos con motivo de la aplicación de esta inhabilidad por su Congreso. En varias oportunidades desconoció los diplomas presentados por individuos que habían sido debidamente electos por considerar que sus cualidades morales eran objetables, configurando inhabilidades para acceder al cargo. Así, en 1900, la Cámara de Representantes rechazó el diploma de Brigham H. Roberts, elegido en el Estado de Utah, por practicar la poligamia. En 1919 rechazó el diploma de Víctor Berger, del Estado de Wisconsin, debido a que había sido condenado por desarrollar actividades sediciosas durante la Primera Guerra Mundial. En 1966 rechazó el diploma de Adam Clayton Powell, elegido en el Estado de Nueva York, por entender que había realizado actos que encuadraban en la figura de la malversación de fondos públicos. En fin, problemitas que han tenido los yanquis pero que sirven de referencia para empezar a `tantear la huevera´ -como dijera Fierro- de nuestros pre-candidatos chubutanos, no?