Por Trivia Demir

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, anticipó que si el gobierno nacional asiste económicamente a la provincia de Buenos Aires para poder brindar un incremento salarial a los docentes “vamos a hacer un planteo todos los gobernadores para que nos den la misma plata”. Es que el manejo discrecional del tema educativo por parte del Gobierno Nacional, viene levantando presión en varias provincias, no sólo en Chubut. Y no se trata solamente de un problema salarial, sino un desfinanciamiento global de una asignatura central para la ciudadanía como es el Sistema Educativo, que representa ni más ni menos que el futuro de sus hijos, y por supuesto del país que vendrá.
Si uno sigue el hilo de los vaivenes de la economía argentina, cíclicamente se recae en el mismo esquema para la resolución de los problemas, en el caso de la citado, lo que llama la atención es la similitud de los argumentos y cifras de la crisis de 50 años atrás y la que vivimos actualmente. Llegar al equilibrio del presupuesto es una de las premisas que inmediatamente se esgrime, lo cual significa despidos de trabajadores, recortes de fondos en diversas áreas, principalmente vinculadas a las de mayor compromiso social del estado y otras recetas por el estilo prescriptas por la ortodoxia económica.

Datos duros, pero duros

Según el Ministerio de Educación de la Nación, a 2016 Argentina tenía 12.537.636 alumnos en todos sus niveles; además 1.220.380 docentes y no docentes trabajando en las escuelas de todo el país; que son en total 64.860 unidades educativas y 74.734 unidades de servicio.
Según UNIPE Observatorio Educativo (http://observatorio.unipe.edu.ar/la-educacion-en-el-presupuesto-2017/) el Presupuesto para el año 2017 consigna que el Estado nacional gastaría, en 2017, 2,3 billones de pesos, es decir, $2.300.000 millones. El gasto educativo en este sentido representará un 55% menos de lo que destinará al pago de deuda. O sea. Respecto de la comparación con 2016, y luego de aplicar el correspondiente ajuste por inflación (con la pauta anual del 40% pronosticada por el Fondo Monetario Internacional), el presupuesto global del Estado nacional en 2017, sería un 8% superior al del año pasado. De las cinco grandes “finalidades” que componen el gasto (administración central, defensa, servicios sociales, servicios económicos y deuda), la que más crecería es la correspondiente a la deuda pública, que se incrementa 70% con respecto al 2016. Si se descuenta este ítem, el gasto público nacional sería, en 2017, un 3% superior al de 2016.
Respecto del presupuesto para educación, hay que tener en cuenta que hay distintos organismos del Estado que destinan recursos a la finalidad “educación y cultura”. El principal, por supuesto, es el Ministerio de Educación y Deportes que, en 2017, tendría un presupuesto de $ 130.950 millones de pesos. Otras reparticiones del Estado nacional (Ministerios, ANSES, etc.), destinarán a “educación y cultura” $29.205 millones, con lo cual el presupuesto educativo total sería la sumatoria de ambos componentes: $160.155. Si se aplica a este monto el correspondiente ajuste por inflación, el presupuesto de “educación y cultura” del 2017 sería $114.397 millones, un 7% inferior a los $122.819 millones del 2016. Otra forma de ver la pérdida de jerarquía presupuestaria de la educación en el proyecto de ley, es a través de la participación de gasto público en educación sobre el gasto público total: 7,4% en 2015; 7,8% en 2016; y 6,8% en 2017. Probablemente, el rasgo más expresivo del nuevo presupuesto, es que el Estado nacional vuelve a gastar más en deuda que en educación. Mientras que la relación deuda/educación había sido de 1,04 en 2015 (por cada peso destinado a educación, se había destinado $1,04 a deuda) y de 0,85 en 2016 (se gastó menos en deuda que en educación), de aprobarse sin modificaciones el presupuesto, esta relación sería de 1,55 en 2017. Esto significa que se transferirá a los acreedores del Estado nacional un 55% más de los recursos que se invertirán en educación. (Ver Fundacion Cimientos http://www.cimientos.org/archivos/educacion_6.pdf )

Las provincias, jodidas

Como es sabido la Ley 26.075/05 de Financiamiento Educativo, permitió la generación de un complemento de financiación educativa del gobierno nacional a los gobiernos provinciales. Este complemento se implementó mediante diferentes líneas de acción que apoyaban la labor pedagógica de las escuelas. La mencionada ley planteó destinar un 6 % del PBI a sostener la Educación. Planes como Conectar Igualdad, Plan de Mejoras Institucional, apoyo a la universalización de la enseñanza en los diversos niveles educativo, etc, formaron parte de este apoyo. Esta ley era una necesidad ante la falta de recursos de las diversas provincias para solventar genuinamente sus sistemas educativos, por lo cual cumplió un papel relevante en el financiamiento de los mismos. Si bien el objetivo era alcanzar las metas hacia el año 2010, con posterioridad, el financiamiento continuó hasta el año 2015. A partir de la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación este aporte del Estado nacional ha cesado, y esto se manifiesta en la falta de respuestas por parte del la actual gestión de gobierno sobre la continuidad de las políticas de financiamiento a la Educación. Por esta razón es interesante conocer algunos datos concretos sobre lo que esto implica.
De acuerdo a un trabajo publicado por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), titulado “¿Cuánto cuestan las políticas educativas prioritarias? Período 2016 – 2019”, publicado en el año 2015 (Ver http://www.cippec.org/documents/10179/51827/133+DT+EDU+Cu%C3%A1nto+cuestan+las+pol%C3%ADticas+educativas+prioritarias_+Acu%C3%B1a+2015.pdf/65ec482a-d1f6-437d-8261-6517a23837fd ) , el financiamiento educativo nacional atendía distintas necesidades del sistema educativo, para las cuales este trabajo calcula la cantidad de recursos que insumiría su sostenimiento entre el año 2016 y el 2019.
Estas líneas de acción de acuerdo a lo que CIPPEC expresa tienen una previsión de desarrollo para el período 2016 – 2019, para lo cual se han proyectado en el trabajo diferentes niveles de alcance de la financiación del Estado nacional, de acuerdo al crecimiento mayor o menor del PBI. Con este fin divide las metas en niveles de Mínima, Media y Maxima aspiración. Al respecto Malena Acuña autora del trabajo expresa lo siguiente. “En promedio para 2016-2019, se estima que bajo un escenario macroeconómico moderado (crecimiento medio anual del PBI de 2,5%), las políticas educativas prioritarias más onerosas pueden demandar aproximadamente entre 0,92 y 1,76 puntos suplementarios del PBI con año base 1993, según el grado de ambición en la implementación. Esto implica, en promedio para el cuatrienio considerado, una inversión consolidada de un 7,73% a un 8,57% del PBI con año base 1993 (en 2013 se invertía un 7,29%)”.
El sistema educativo nacional necesita para costear las políticas educativas prioritarias, en un escenario de mínima, $ 188.096 millones entre 2016 – 2019. La pregunta es, ¿que involucra en políticas este importe?, y en este sentido es necesario decir que significa sostener la extensión de jornada, la creación de jardines maternales y de infantes, planes de mejora, construcción de infraestructura, y otros aspectos de igual relevancia. Es decir que la no respuesta del gobierno nacional respecto de estos fondos, implica un desfinanciamiento del sistema educativo “federal”, con toda la alergia que pueda provocar esa palabra en el poder central.

Respecto del impacto económico en nuestra provincia de lo antes observado, el mismo se puede proporcionar de la siguiente manera:
Atendiendo que Chubut representa algo así como el 1,5% de la población escolar de la Educación Común del total nacional con unos 180 mil alumnos, de acuerdo a los datos de DINIECE publicados por el Ministerio de Educación de la Nación y Fundación Cimientos.
Este 1,5 % debe ser proporcional a los fondos que se destinan desde nación, por lo cual en el período 2016 – 2019, este porcentaje, sería el que tendría que ingresar, a través de las diferentes líneas es decir directamente de nación a las escuelas, o mediante el CGE, o a través de arquitectura si fueran obras.
Muy lejos de registrarse esas transferencias, además Chubut ha sido una de las provincias más afectadas por disminución de coparticipación y otros ingresos vinculados a la producción y regalías.
El Plan Estratégico Educativo a 2016- 2021 del Ministro Bullrich es un manual de buenas intenciones y lineamientos básicos, pero no profundiza en absoluto en porcuentuales e inversiones concretas. ( Ver
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_y_matriz_v9.pdf )
“El sistema educativo sigue siendo un Falcon al que le fuimos poniendo cositas. Ya no tiene la radio con botones, tiene un mp3, pero sigue siendo un Falcon… Cuando hablamos de revolución educativa, decimos que queremos construir la nave espacial y dejar el Falcon de lado”. Qué quiere significar con esto?, suena poco creíble la aspiración construir una nave espacial si no se disponen fondos para cargarle combustible a un Falcon. Parafraseando una frase del Plan del propio ministro, “Todos los problemas son problemas de educación”, decía Sarmiento. El tema es que sucederá hasta que los funcionarios aprendan.