Por Juana de Arco*

El bloqueo a las sesiones legislativas no es un paro inocente y raya en la falta de respeto a las instituciones, pero sobre todo a los ciudadanos, por el nivel de politización y conveniencias que esconde.
Que la estructura de asesores legislativos de Chubut se convirtió en un bunker para exiliados, no es ninguna novedad. Allí conviven diputados del ex gobierno con ex ministros, ex diputados y todo tipo de `fauna acompañante´ en términos políticos. Esto tiene historia, pero es probablemente en este período luego que el ex gobernador Martín Buzzi imaginara que le daba el cuero para mantenerse cuatro años más en el poder, cuando la fuga en masa que precipitó su caída requirió primero de fueros para los funcionarios más comprometidos con la ex estructura, y luego de `cueva´ para aquellos fieles que de la noche a la mañana tenían que volver a buscar laburo y dejar de vivir de las finanzas públicas.
Por eso es tan inapropiado pero no raro, ver casi toda la estructura `dura´ del ejecutivo buzzista, agazapada en el legislativo actual. Por supuesto cuando van, porque muchos de estos nuevos empleados asesores a veces ni aparecen precisamente para que no se evidencia el `aguntadero´ político. Para mencionar algunos de los más `famosos´ que se siguen reciclando en “La Honorable” se puede mencionar a los ex ministros de Turismo, Zonza Nigro; de Educación, Rubén Zárate; a los ex funcionarios Néstor Hucade (Asuntos Municipales), Federico Paine (Educación), `Ica´ Martínez (diputada), Maximiliano López (Vialidad), Diego Siciliano (ex secretario privado del gobernador), en fin, la lista es larga pero sobre todo `ancha´ en términos de erogaciones para la Provincia del Chubut. Porque todos ellos siguen cobrando suculentos sueldos de las arcas públicas.
Al comienzo del tercer mandato de Das Neves, el bunker de los empleados legislativos, ya se perfiló como el `brazo sindical´ del ex gobierno, tal como lo reafirmaba ayer un referente del oficialismo. Para acamarse a tal poder contaron en el arranque con la mayoría en la Cámara y por ende la designación de las autoridades administrativas, sobre todo las manejadoras de la caja, un premio que recayó en otro abonado, `Bulín´ Fernández. Ahora, el juego de la política dictó que esa bocha cambiara, y que el dasnevismo tenga ahora la oportunidad de controlar el manejo de las erogaciones de la Casa de las Leyes. Un primer paso que indica que muchas cosas cambiarán.
En el arranque, la iniciativa de nombramientos de gente que propuso el FpV a fin de dar `cueva´ a propios, estuvo incluso resguardada por un juego extorsivo de no ser aceptada por el Presidente Mariano Arcioni, donde el amague por debatir la Ley de Ética que acotaba el nombramiento de familiares en el Estado apuntaba directamente al nucleo duro del Ejecutivo. En ese momento el jefe de Bloque FpV y ex ministro de Gobierno buzzista, Javier Touriñán, contaba con dieciséis manos para amenazar con absoluto poder. Hoy, a más de un año, el escurrimiento de `la cueva de las locas´ como designó al bloque el experimentado Alfredo `Peludo´ Di Fillipo, demuestra que las voluntades opositoras no llegan a la decena.
La medida de fuerza para que no se den a conocer los sueldos del legislativo en realidad esconde todas estas cuestiones y más. Muy lejos está el riesgo personal que aluden los movilizados. En todo caso, ¿porque no habría de tener el mismo o mayor riesgo aquellos trabajadores del Ejecutivo que superan incluso los 200 mil pesos y si figuran en el portal oficial? (Ver http://sistemas.chubut.gov.ar/sueldos)
El sistema de publicación expone transparencia y aunque las publicaciones puedan arrastrar a las comparativas, que siempre son odiosas, en términos de accionar público son absolutamente necesarias.

Hecha la ley

Argentina tendrá increíblemente recién este año en vigencia, una Ley de Acceso a la Información Pública. En mayo de 2016 y por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a proyecto de ley tan relevante como largamente demorado, el que permite a la ciudadanía el libre acceso a la información pública. Si bien los legisladores celebraron este avance recién en 2017 se verá cristalizado este derecho. La iniciativa, que se giró al Senado, fue motorizada por el Poder Ejecutivo Nacional pero tuvo el aporte de distintos bloques opositores, lo que redundó en un texto de consenso que obtuvo 229 votos positivos frente a 4 negativos (de la izquierda).
La importancia de este proyecto radica en que reglamenta un derecho humano contemplado en la Constitución Nacional. El texto establece, como sujetos obligados a brindar los datos, a la administración pública nacional y a los poderes Legislativo y Judicial, como así también al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura, a las empresas y sociedades del Estado, a los concesionarios de servicios públicos y el Banco Central. Todos estos organismos del Estado tendrán hasta este año para adecuar sus respectivas estructuras.
Según reza el proyecto, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, puede solicitar información pública y los funcionarios deberán proporcionar los datos solicitados en un plazo no mayor de 15 días. Excepcionalmente la dependencia a la que le requieran información sólo podrá negarse a brindarla -y en ese caso siempre deberá fundamentar su negativa- si los datos no existieran o formaran parte de información “reservada, confidencial o secreta por razones de defensa, política exterior, riesgos del sistema financiero; secretos industriales, comerciales o científicos”
¿Tendrán los sueldos de los empelados Legislativos de Chubut algún encuadre tan secreto o estratégico para no darse a conocer? Quien sabe…

Un tema de Estado

Más allá del lamentable episodio que impidió la sesión semanal, primera del año 2017 además, el tema del empleo público requiere análisis profundo, en el país, y sobre todo en Chubut.
El flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne arrancó con esta preocupación: el tremendo elefante en términos de empleados que concentra el trabajo público en relación al privado. De hecho, entre 2003 a 2015 el empleo público de Nación y provincias creció un 52% y 53% respectivamente, por lo que entre las tres esferas del Estado (Nación, Provincias y Municipios) tenemos una planta de 3,5 millones de personas. Es decir, hoy en la Argentina casi 4 de cada 10 asalariados en blanco son estatales, con un peso sobre el empleo total que duplica el promedio de Latinoamérica.
Por supuesto que detrás de este fenómeno subyace la falta de empresas. Y es que nuestro país está inmerso en un círculo vicioso de falta de empresas, exceso de empleo público y elevado nivel de empleo en negro. En Argentina tenemos unas 15 empresas por cada mil habitantes, cuando por ejemplo en Chile existen 53. Y es ahí donde comienza el círculo vicioso, especialmente en las provincias. Ante la supuesta debilidad del sector privado para crear empleo, los gobiernos han aprovechado esa excusa, más motorizada por el clientelismo político, para expandir las plantillas públicas muy por encima del crecimiento poblacional. Es así que el exceso de empleo público en las Provincias (aquél que creció por arriba del crecimiento demográfico) llega hoy a un 34% por arriba del nivel óptimo. En números absolutos esto significa que se han nombrado en exceso poco más de medio millón de personas. Ahora bien, para financiar ese gasto adicional en personal las Provincias han tenido que dejar de gastar en otras cosas. Y la variable de ajuste ha sido la inversión pública.
Mientras que el gasto en personal de las 24 provincias casi se duplicó entre 2004 y 2015, pasando de 4,8% del PBI a 8,5%, los gastos de capital se mantuvieron constantes en este lapso en sólo un 2% del PBI. Además las jurisdicciones tuvieron que subir impuestos para financiar este exceso, pasando la presión fiscal provincial desde el 3,7% al 5,5%. Aun así sólo llegaron a cubrir la mitad del gasto adicional que ese exceso de empleo público implicó, quedando más vulnerables al favor del gobierno central de turno para cubrir ese faltante. Entonces, si para solventar esta política de clientelismo y/o seguro de desempleo injusto los gobiernos invierten menos en rutas, trenes y puertos; y elevan la carga fiscal, en realidad la debilidad del sector privado para crear empleo es infligida por el mismo Estado que le quita competitividad en esos factores clave. Y allí volvemos al punto de partida del círculo vicioso, apareciendo de nuevo la tentación de seguir creando empleo público y comenzar de nuevo.
La dificultad desde el plano fiscal es que este exceso de empleo público por sobre el nivel óptimo nos sale carísimo y representa 2,2 puntos del PBI. Sin él las 24 provincias podrían haber tenido un superávit de $ 80 mil millones en 2015, en lugar del déficit de $ 52 mil millones que exhibieron; o podrían haber duplicado su nivel de inversión pública, que casualmente representa también 2 puntos del PBI; o estarían en condiciones de reducir un tercio la presión fiscal provincial sobre sus ciudadanos. O sea, al que piense que la cantidad de empleados que tiene la Legislatura y lo que gana cada uno es un tema “reservado” se equivoca de cabo a rabo. Es ni más ni menos un tema de Estado que le interesa a doña Rosa, a quien también pertenecen esos `morlacos´ tanto como a don Mario, que es el que la tiene que administrar.

*Soy Juana de Arco, amiga de Juan de la Sota, fiel del Furia y seguidora de la sombraonline.