Dice Ignacio Zuleta* que no sorprende la salida de Carlos Regazzoni del PAMI, y lo atribuye las tribulaciones a los cambios en la relación con prestadores y proveedores. De paso repasa la fórmula encontrada que expone “Racionalidad vs. Negocios”, una vieja historia donde algunos antecedentes, como que en 2015 las presiones empresarias le voltearon a Macri dos candidatos a ministro de Salud, por este tema del siempre pujante control del PAMI.

Renunciado y con anticipo

Dicen que Carlos Regazzoni estuvo el martes con Mauricio Macri en Olivos y de ahí salió renunciado. Anunció que actuará en el equipo de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Su función en el cargo era la de recortar el presupuesto del organismo, que es uno de los más altos de la Argentina: $ 113.000 millones. Para tener una idea del tamaño: el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es de $ 178.223 millones.
Falta saber ahora cuánto pudo reducir ese gasto, después de que recortó la lista de medicamentos que entrega el PAMI y limitó la gratuidad a quienes cobran hasta $ 8 mil. En el gobierno compararon ese recorte frente a las polémicas que levantaron las medidas y el efecto que puede tener en un año electoral.
El nuevo titular del PAMI, Sergio Cassinotti, no es médico, como Regazzoni, sino relacionista público, aunque tiene una larga experiencia en el sector salud. Toda una señal ésta de nombrar en el PAMI a alguien que no es médico sino licenciado en Relaciones Públicas, para un gobierno que pondera de manera exagerada las relaciones publicas y el marketing.
Hasta ahora era el titular del IOMA en la provincia de Buenos Aires. El nuevo funcionario fue designado por María Eugenia Vidal en 2015, por relaciones familiares. Viene, como Regazzoni, de un peronismo difuso. Tiene, por ejemplo, un título académico otorgado por IADUD, la universidad que dirige el principal sanitarista del país, el ex ministro Ginés González García.
Cassinotti estuvo relacionado antes con el dirigente sindical Andrés Rodríguez, titular de UPCN, el gremio de los estatales que integra la CGT. El nuevo titular del PAMI presidió la obra social de ese sindicato que, como se sabe, está tercerizado al grupo Accord, que forma parte de un grupo internacional. Cada vez que se menciona el nombre de Rodríguez y de su obra social, se agita el follaje de otro sello dominante en el negocio de la salud, Emergencias Médicas. Nadie predica mucho más sobre esa relación, que hunde raíces en un fondo de inversión con sede en Liechtenstein.
Cassinotti se desvinculó de UPCN y no conservó las mejores relaciones con Rodríguez, quien en las últimas semanas estuvo en acción dentro de la CGT: Ha sido señalado como el participante de una reunión entre algunos miembros del tridente cegetista con los ministros Jorge Triaca y Francisco Cabrera que ocurrió en la sede de la cal Moreno. En esa reunión, que fue antes de la concentración de la semana pasada, los sindicalistas se comprometieron a no anunciar una fecha de paro, a cambio de alguna caricia en la suelta de fondos de las obras sociales, que este gobierno, como otros, usa para apaciguar los ánimos.
Este entuerto de los fondos sindicales es el contexto de otro movimiento que se espera en el sector: la salida del Superintendente de Seguros de Salud Luis Scervino. Este funcionario actuó en el trámite de reclamo del Estado de impuestos a la obra social OSDE, que promueve su competidora Swiss Medical. Scervino se desempeñó antes en la empresa de Claudio Belocopit y eso lo dejó descolocado. Desde hace años, el criterio del estado ha sido que la justicia resuelva el caso y no los funcionarios. Así actuaron todos los gobiernos, incluso el actual.

Malos pasos

Luego del escándalo que significó que se hiciera público el polémico convenio que une al PAMI con el club Boca Juniors y por el cual se le habrían dado más de 37 millones de pesos a la entidad de la Ribera, el organismo público volvió a quedar en el medio de la discordia luego de que se conocieran nuevos gastos millonarios que nada tienen que ver con la atención de las personas de la tercera edad.
Entre los hechos extraños que saltan a la vista, y atendiendo a la letra chica del Presupuesto destinado este año para el instituto, se destaca la suma de 25 millones de pesos que se asignarán para el arrendamiento de fotocopiadoras de alta velocidad, cuando con ese dinero se podrían comprar máquinas duplicadoras para abastecer a todo el país.
A esta situación se le agregaron las cifras millonarias que se gastan para el alquiler de edificios para que funcionen las diferentes delegaciones, cuando el PAMI tiene 35 inmuebles propios en desuso y en franco deterioro a lo largo y ancho del país, que no se arreglan ni se ponen en condiciones para la atención de los más de cinco millones de afiliados. Esta imagen de gastos millonarios contrasta con la inocultable crisis que viven los jubilados por la falta de prestaciones por parte del instituto, que ha llevado a que falten remedios oncológicos, prótesis y anteojos para sus asociados, que en muchos casos terminan pagando con la muerte dicha inacción.

Una larga crisis

El PAMI cuenta por estos días con cinco millones de afiliados que deben acudir para su atención a las 700 delegaciones que el organismo tiene distribuidas por todo el territorio nacional. De las UGL y dependencias oficiales del PAMI, 600 están bajo el régimen de comodato,; 98 funcionan en edificios propios; y 129 desarrollan sus tareas en inmuebles alquilados.
Otro dato importante radica en el presupuesto que tiene para su uso la Gerencia de Administración del organismo, que trepa a los $428 millones, gastándose 85 millones en alquiler de propiedades, y una serie de gastos que llaman la atención, como lo son los 2,3 millones de pesos que se pagará por el servicio de agua a la empresa Aysa, y los más de 15 millones que se destinarán a la adquisición de útiles de oficinas y computación; o los 73 millones asignados para “pasajes de comisiones de servicios”.
Convertida, desde su mismo nacimiento en 1971, en la mayor obra social de Latinoa­mérica, el PAMI ha estado involucrado en una serie de escándalos históricamente por haber sido concebido por las distintas administraciones como una caja negra de la política tradicional para solventar campañas.
Entre otras cosas, posee 15.000 empleados en todo el país divididos en 700 agencias. El tema es que gran parte de las prestaciones están en crisis y la atención a la tercera edad es recurrentemente deficitaria. Como si fuera poco, desde la asunción de Cambiemos el ajuste que se ha venido realizando respecto a prestaciones y servicios es muy fuerte.
Por eso, el escenario elegido para efectuar gastos millonarios en alquiler de fotocopiadoras y edificios por parte del PAMI, como para realizar contrataciones o beneficiar a clubes, no parece ser el ideal ni más oportuno. Principalmente por las denuncias realizadas por los organismos defensores de la tercera edad. Según advierten desde el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, la falta de remedios oncológicos sigue estando a la orden del día, así como también la carencia en materia de prótesis y remedios para la presión arterial.
Además, al no cubrir el instituto la mayoría de los medicamentos (como sucedía hasta hace unos años), muchos jubilados han tenido que dejar de tomar remedios claves, acarrean­do graves problemas de su salud. De esta manera, más de cinco millones de afiliados ven cómo su calidad de vida va en descenso, en una pelea donde llevan todas las de perder.
Vale recordar que los magros haberes de la clase pasiva se han visto debilitados por el creciente incremento de los medicamentos en el último año, ya que muchos de ellos, centrales para la supervivencia de los adultos mayores, han llegado a subir hasta un 194%, como es el caso de los fármacos para el control del colesterol, o el 176% de aumento en los antimicóticos.
A eso se le suma que hoy, en la Argentina, el mercado de medicamentos se encuentra dominado por diez grandes firmas, cinco de origen nacional y cinco extranjeras, que concentran entre el 80 y el 85 por ciento de la facturación, dejando al resto de los casi 130 laboratorios existentes al borde de la desaparición. Idéntica situación se vive en las droguerías, donde, de las 450 registradas en el Estado, cuatro poseen el 75% del mercado, lo que se reproduce luego en las firmas distribuidoras de remedios, donde cuatro empresas concentran cerca del 99% de las ventas. Días y datos verdaderamente insalubres, no?

Fuentes: ZuletaSinTecho, Diario Hoy, MSN, AF.