Dos juezas penales de Puerto Madryn ordenaron liberar a dos jóvenes, menores de edad, que se encontraban alojados en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE) por un grave hecho de robo del cual resultó víctima una mujer de 71 años, que además fue apuñalada en esas circunstancias. Las juezas Patricia Reyes y Stella Eizmendi beneficiaron a los agresores disponiendo su liberación y ordenaron no dar a conocer dicha resolución a los medios de comunicación. A las pocas horas, los menores volvieron a ser apresados en otro hecho de robo.
El jefe de los fiscales de Puerto Madryn, Daniel Esteban Báez, reprochó la pretensión de cercenar a la prensa de que tome estado público una medida judicial. “La publicidad de los actos procesales es uno de los principios rectores del proceso judicial para que la sociedad sepa y conozca cómo se trabaja y las decisiones que se toman”, destacó.

Roban a abuela y la apuñalan

El hecho había tenido lugar el pasado 16 de marzo, cuando la abuela se encontraba esperando el colectivo frente a la Escuela 46, ubicada sobre la avenida Juan Muzzio en su intersección con Independencia, momento en el que fue abordada por dos jóvenes que quisieron sustraerle la cartera; la mujer se resistió y resultó herida con un arma blanca, al tiempo que los menores se dieron a la fuga.
Sin embargo, la Policía los detuvo a las pocas cuadras y fueron reconocidos por testigos, además de que uno de ellos portaba entre sus ropas un cuchillo con evidentes manchas hemáticas.

Liberados, volvieron a delinquir

Representados por la defensora pública Angélica Leyba, tras ser enviados al COSE, la abogada impugnó la medida y solicitó que esta fuera revisada por dos jueces.
Posteriormente, la audiencia se celebró el mediodía del martes en las oficinas de Tribunales y las juezas Patricia Reyes y Stella Eizmendi dispusieron la libertad de ambos detenidos, de 16 años de edad, argumentando que existe un “interés superior” del niño.
Con la misma fundamentación, también pidieron a las partes involucradas que no dieran a conocer su resolución a los medios de comunicación, algo que, en definitiva, no ocurrió.
Paradójicamente, ambos los menores fueron, posteriormente, detenidos cuando intentaban robar un vehículo, situación que dejó en evidencia cuestiones relacionadas con la reinserción y el proceso al cual ambos sujetos se encontraban abocados, durante su paso por el Centro de Orientación Socio Educativo, el cual fue interrumpido tras la decisión judicial de que ambos fueran puestos en libertad.

Funcionarios públicos
El pedido de no informar a la prensa sobre la decisión fue fundado en el “interés superior del niño”, el cual se entiende, en realidad, por la vulnerabilidad que podría significar el hecho de dar a conocer sus identidades, algo prohibido por la Ley, hecho muy diferente a que los medios comuniquen, de manera fundada, las actuaciones de los funcionarios públicos que integran la misma sociedad que da lugar a que lleven adelante las tareas para las cuales han sido elegidos por el colectivo; ello, en virtud de mantener informada a la misma sociedad, a través de un análisis constructivo basado en los hechos.

Intento de ocultar

Por su parte, el jefe de fiscales Daniel Esteban Báez, opinó que los jueces deben explicar sus resoluciones de manera concisa y que suelen ser influenciados, en muchas ocasiones, por las tapas de los matutinos.
“Pareciera que es el termómetro de su trabajo”, consignó, al tiempo que relató que el pedido de las juezas, más que pedido, “fue una recomendación en la audiencia”.
En este sentido, sin embargo, recordó que “la ley es clara” y que “lo que no se puede difundir es la identidad del menor o todo otro dato que pudiera llevar a su identificación”, añadiendo que “como contrapunto, la publicidad de los actos procesales es uno de los principios rectores del proceso judicial para que la sociedad sepa y conozca cómo se trabaja y las decisiones que se toman”. En este orden, remarcó que “parecería que los jueces quieren hablar por su sentencia, pero a la vez no quieren que se conozca”.

Derecho a la información

“Los integrantes del Poder Judicial tenemos que ser claros y explicar las decisiones a la sociedad, no puede existir ese oscurantismo de resolver cuestiones entre cuatro paredes, hay que dar la cara y explicar con un lenguaje claro qué sucede, el lenguaje del juez lo debe aproximar a la comunidad y no alejarlo”, sostuvo ante un medio local, al tiempo que fundamentó: “Hay una vieja expresión que dice que los jueces hablan por sus sentencias; es propia de un juez otrora parado en una torre de marfil, alejado de la realidad y disociado de la sociedad, ya es insostenible, y permite que a veces se interpreten equivocadamente los alcances de las decisiones judiciales, pero es por falta de claridad”.
Sobre esto último, analizó que los magistrados “tienen que hacer comprensibles sus decisiones en lenguaje sencillo y claro; explicar qué y cómo deciden”, y también que “el Poder Judicial, como poder del Estado, no puede estar exento de rendir cuentas, de hacer públicos sus actos de gobierno, de esta máxima surge el derecho fundamental de los ciudadanos a tener acceso a la información; hay que ser claros, el derecho a la información es de la sociedad, no del periodista ni del juez”.
En este contexto, entendió que “la sociedad nos está exigiendo no sólo que apliquemos la ley sino que trabajemos más, los Tribunales en horario de tarde son un desierto, cuando nuestra función es full time, la función judicial y la lucha contra el delito no tiene horarios ni feriados”.

Víctimas y victimarios

En la historia de la Provincia y, precisamente de Puerto Madryn, varios fueron los hechos de lamentables consecuencias, a partir de los cuales vecinos se constituyeron como las víctimas fatales de menores salpicados por la falta de contención familiar, institucional, en ocasiones estatal y, en última instancia, social.
Hechos como el asesinato de Leonela Aguirre y el de René García, ocurrido más recientemente, dieron cuenta de falencias en la estructura social que, de manera evidente, dan lugar a un contexto en el que menores de edad pueden delinquir y, amparados por la ley, o en definitiva, por decisiones que se nutren de la misma, son regresados al mismo entorno de vulnerabilidad en el que han resultado empujados a delinquir.
En Rawson, la muerte de Gustavo “Rocko” López también puso en tela de discusión la propuesta del Ministerio de Justicia de la Nación de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, algo sobre lo que el propio Procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena, se pronunció; el joven de 30 años había sido embestido por una camioneta, sustraída por el menor de 16 años “J.S.”, quien contaba con más de una decena de “entradas y salidas” en distintas dependencias policiales, y falleció tras agonizar durante casi dos semanas, a efecto de las graves heridas sufridas.