La intendenta Rossana Artero indicó que la información acerca de la construcción del Puente de El Elsa y su estadio financiero “está a disposición de cualquier integrante de la comunidad que quiera saber cómo se han manejado los fondos”, y reiteró que envió tanto al Ministerio de Infraestructura de la Provincia como a la Oficina Anticorrupción los pedidos para que se audite la obra.
La Intendenta anunció el martes que decidió conformar una comisión para estudiar la redeterminación de los precios que reclama la empresa constructora del puente, además del envío de la solicitud a los organismos mencionados para auditar la obra y transparentar la situación, con el fin de “despejar todas las dudas que en forma insidiosa e infundada se difunden, tratando de generar un manto de sospecha sobre esta Intendenta y mis funcionarios”.
“Cualquier vecino que se acerque puede requerir la información y obviamente se le dará porque es pública. Está a disposición de todo aquel que quiera saber cómo se han manejado los fondos del puente. Porque los fondos provinieron de Nación, de Provincia y algo que aportó el municipio”, dijo Artero.

Campaña mediática

La Intendenta se refirió a la fallida inauguración por parte del Gobierno Provincial, al ratificar que la obra “se va a abrir cuando la empresa la termine”, ya que “aún no está habilitado, como lo demuestra el hecho de que todavía no se puede circular por el mismo y todos los vecinos se dan cuenta de eso”, recordó la Intendenta.
De manera paralela a esa inauguración simbólica, agregó Artero, “comenzó una campaña mediática por parte del Gobierno Provincial que generó un manto de sospecha sobre la obra y sobre supuestos delitos durante la ejecución del puente”.
Artero observó que “de manera coincidente con las amenazas públicas de denuncias penales por parte del fiscal de Estado, la empresa constructora, Industrias Bass SRL, propiedad de Martín Castillo, que es un conocido militante de Chubut Somos Todos, nos envió a la Municipalidad una carta documento intimándonos al pago de deudas que en realidad todavía no están determinadas”.
“De hecho -añadió la Intendenta- en la Municipalidad nos causó sorpresa que en la carta documento se indicara como domicilio de la empresa el estudio jurídico del fiscal de Estado ubicado en Avenida Yrigoyen 713 de Trelew”.